La Procuraduría General de República Dominicana ejecutó un operativo que desarticuló una organización acusada de desviar recursos públicos destinados a la atención oncológica en la región del Cibao. La red, según la investigación, operó desde las entrañas del Instituto Oncológico Regional del Cibao y afectó directamente al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), además de perjudicar a pacientes con cáncer y al erario nacional. El caso, denominado Onco14, resultó en el decomiso de efectivo, vehículos, documentos y dispositivos electrónicos.
Los fiscales señalan que mediante compañías y fundaciones vinculadas a los sospechosos se desviaron montos del régimen subsidiado de salud. Las pesquisas apuntan como principales cabecillas a Héctor Antonio Lora Cruceta, quien presidió el Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, y a Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida. También figura como imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió como vicepresidenta y auditora del patronato.
La acusación detalla un esquema que se prolongó en el tiempo, destinado a apropiarse de aportes estatales y recursos económicos que debían canalizarse hacia pacientes oncológicos en situación vulnerable. Empresas como Vargas Lora & Asociados —hoy conocida como Vargas Guzmán Accounting Center— aparecen en el expediente como herramientas utilizadas para el presunto fraude, según la versión del Ministerio Público.
Control extendido y violación de estatutos
Un factor clave que, según la Fiscalía, facilitó el entramado fue la permanencia prolongada de Lora Cruceta al mando de la presidencia del Instituto Oncológico Regional del Cibao. Los investigadores indican que ocupó el cargo durante casi siete años, pese a que los estatutos internos limitaban el período a dos. Esta irregularidad habría permitido el manejo discrecional de los recursos y la continuidad de las operaciones ilícitas.
El Ministerio Público argumenta que dicha permanencia, además de contravenir las normas, fue determinante para sostener el control sobre los fondos y las decisiones institucionales. El expediente sitúa este hecho como un pilar de la estructura delictiva que fue desmantelada.
Operación Onco14: delitos y perjuicio al sistema de salud
La causa Onco14 revela una trama de fraude que, de acuerdo con la Procuraduría, lesionó tanto al sistema público de salud como a cientos de pacientes con cáncer del Cibao. La indagatoria estuvo a cargo de la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la Fiscalía de Santiago, en un trabajo conjunto para atender un caso de corrupción y desvío de recursos en el ámbito sanitario.
Según la acusación, los procesados deberán responder por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología por acceso ilícito a sistemas y lavado de activos. El caso se inscribe en una línea de investigaciones sobre fraudes al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que ya han motivado operativos previos, dirigidos por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
La red desarticulada en la Operación Onco14 habría funcionado mediante la creación de empresas y fundaciones que recibían fondos etiquetados para tratamientos médicos, desviándolos y perjudicando a pacientes que dependían del régimen subsidiado de salud.
Fuente: Infobae
