Un grupo de siete personas ingresó a dos planteles educativos en Caracas con un relato que generó una alerta inmediata. El más joven del grupo, un adolescente, se identificó falsamente como hijo del procurador general de la República, mientras que los demás se presentaron como sus guardaespaldas armados. La directora de uno de los colegios, donde estudian descendientes de altos cargos gubernamentales, notificó de inmediato a la Policía Nacional Bolivariana.
A pesar de que no se encontraron pruebas directas de que el grupo planeara raptar a una nieta de Nicolás Maduro, los agentes policiales armaron la acusación basándose en las declaraciones de dos supuestos testigos que estaban privados de libertad. Según esos testimonios, los imputados habrían mencionado llevar a la menor a Colombia.
La pesquisa sobre el presunto intento de rapto contra las nietas de Nicolás Maduro Moros quedó registrada por el Ministerio Público con el número MP-119480-2022. En los tribunales, el caso se identificó con el expediente 03ºCT-083-2022.
La representación del Ministerio Público estuvo a cargo de Elín Teodoro León Aguilar y Yaneth Espinoza, fiscal titular y fiscal auxiliar interina de la Fiscalía 74 contra la Legitimación de Capitales y Delitos Financieros y Económicos, designados por la dirección contra la Legitimación de capitales, delitos financieros y económicos, bajo la supervisión del entonces fiscal general Tarek William Saab Halabi.
Los procesados fueron identificados como Jesús Yoarky Reverón Fagúndez, comisario de Inteligencia Naval; Franklin Alexis González López, subcomisario general; Jesús Alberto Oropeza Velázquez, agente de Inteligencia Naval; Jonathan Alfredo Tisoy Subero, funcionario de Inteligencia Naval; Cristian Alfredo Tisoy Subero, efectivo de la Policía de Caracas; el conductor Edward Manuel Arrieta Benítez; y un menor de edad.
A todos se les imputaron seis delitos: terrorismo, asociación, posesión ilícita de arma de fuego, porte ilícito de arma de fuego, uso de adolescente para delinquir y secuestro con fines políticos en grado de frustración.
Reverón Fagúndez, dueño de un local nocturno en el Círculo Militar de Mamo, en La Guaira, ya había sido arrestado en junio de 2021 por porte ilícito de arma de fuego, después de presuntamente disparar un arma en varias ocasiones frente a una vivienda en Tanaguarena, parroquia Caraballeda.
Daivith Lárez, esposa de Jonathan Tisoy, quien está recluido en la cárcel de Rodeo III y fue sentenciado a 30 años de prisión, sostiene que el caso contra su marido fue un montaje. Afirma que la directora del Colegio Humboldt negó en dos audiencias que hubiera ocurrido un intento de rapto contra la hija de Nicolás Ernesto Maduro Guerra.
Durante una protesta de familiares de presos de diferentes cárceles frente a la Nunciatura Apostólica en Caracas, Lárez mostró un cartel con la foto de su esposo y recordó que lleva cuatro años detenido por un hecho en el que, según dijo, “no hay secuestro y tampoco víctimas”. “Detenidos por algo que nunca sucedió”, reclamó, mientras pedía justicia a Maduro Guerra.
Katherine González, hija de Franklin González, aseguró que su padre tenía una empresa de seguridad con más de 12 años de operación y que nunca tuvo problemas hasta el 1 de junio de 2022. Según su versión, el adolescente, haciéndose pasar por hijo de un alto funcionario, solicitó un servicio de escolta y traslado. Ante su comportamiento sospechoso, los guardaespaldas lo llevaron ante el CICPC de La Guaira. Horas después, agentes de la PNB los arrestaron sin dar explicaciones, afirmó.
La tía de Jonathan y Cristian Tisoy también denunció públicamente que el expediente carece de evidencias sólidas. Durante una manifestación mundial convocada por María Corina Machado por la liberación de los presos políticos, sostuvo entre lágrimas que la condena contra sus sobrinos era injusta.
Los familiares denuncian, además, que los detenidos estuvieron incomunicados y en condición de desaparición forzada. También señalan que fueron sometidos a dos procesos judiciales: el primero se interrumpió tras la remoción del juez, y el segundo quedó a cargo de la jueza Alejandra Verónica Romero, quien los sentenció a 31 años de prisión.
Declaró el personal del colegio
En su declaración formal, la directora del colegio relató que escuchó al adolescente presentarse como hijo del procurador general de la República. Según dijo, el joven afirmó que su padre lo había enviado, pero que “no podía decirlo en público”, y aseguró que los cinco hombres que lo acompañaban eran sus escoltas.
Ya en su oficina, el adolescente le ofreció dotar a la institución de los recursos que necesitara. Dijo que esos fondos provenían de una fundación cuyo nombre la directora no logró entender. Ella le respondió que el colegio era una institución internacional y que cualquier ofrecimiento debía presentarse con documentación formal de la fundación y una comunicación escrita.
La directora le suministró un correo electrónico y le pidió el suyo. El adolescente respondió que era una cuenta de Gmail que comenzaba por “Miguel”, pero que no recordaba el resto. Luego solicitó recorrer el colegio, petición que fue rechazada. Al cerrar la conversación, la directora aseguró haberlo escuchado decir que irían a La Guaira “a seguir lo acordado”.
Tras el episodio, la directora notificó a la directora administrativa para que llamara a la gerente de seguridad. Su pregunta fue directa: cómo habían ingresado cinco personas armadas, sin identificación y acompañadas por un adolescente cuya identidad no había sido verificada.
Otros testimonios internos corroboraron la presencia del adolescente y sus acompañantes. La coordinadora de traducciones confirmó la versión de la directora. La gerente integral agregó que a una supervisora identificada como Rosa le solicitaron la renuncia por presuntamente haber permitido el acceso de los vehículos. También precisó que la seguridad interna estaba conformada por nueve oficiales, dos supervisores y un supervisor de monitores, mientras que la seguridad externa estaba a cargo de la empresa Evelseg.
Un hecho similar fue reportado el 2 de junio de 2022 en el Colegio San Agustín, ubicado en la avenida E de la urbanización El Pinar del Paraíso, en Caracas. Allí, según el expediente, un adolescente que se presentó como “familiar del procurador” llegó acompañado por un adulto en una camioneta Toyota Fortuner dorada. Ambos habrían intentado indagar con una versión semejante a la expuesta en el Colegio Humboldt.
Los testigos presos
Uno de ellos, identificado como OJVD, dice que él y su amigo Aguana fueron detenidos y recluidos en el calabozo de la DIP; dos días después trajeron a seis hombres, también a un adolescente que dejaron fuera de la celda. “Me hice el dormido atento para escuchar qué hablaban”, asegura que al principio lo hacían en clave, pero que después “el hombre canoso se paró en la reja del calabozo diciéndole al menor ‘por tu culpa estamos presos” y el chamo les dijo ‘yo no los mandé a ustedes a cagarla”, no hablando más con el chamo”, relata el testigo. Agrega que después los hombres hablan entre ellos “y allí escuche que iban a secuestrar a la nieta del presidente de la República Nicolás Maduro y ellos seguían comentando que iban a sacar la nieta del presidente para Colombia, que ya tenían todo listo en San Antonio del Táchira” y que todo se les había caído por culpa del menor.
Aseveró el testigo OJVD que los hombres que estaban en el calabozo con él “dijeron haber ingresado a varios colegios de Caracas”, a fin de ubicar y secuestrar a la nieta de Maduro, pero que según el canoso decía “la vuelta se cayó porque el carajito no supo hacer su papel de hijo de un alto funcionario del gobierno, ya que su papel era convencer a la gente de los colegios que él podía ayudar con dinero y materiales”.
El otro testigo, AOJR, detenido en la DIP de Boleíta en Caracas, dijo que cuando trajeron a los seis hombres “empezaron a hablar bajito y a comentar que por culpa del menor se cayó el trabajo, entendí de lo que hablaban que iban a secuestrar a la nieta del presidente de la república Nicolás Maduro y que la llevarían a Colombia que ya tenían todo cuadrado en Táchira”.
La versión policial
La investigación se inicia el 2 de junio de 2022, cuando el funcionario Yoan Giménez de la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana recibe llamada del Mayor (GNB) Pedro Tarazona para que se presente al Colegio Humboldt porque hay un problema con varios escoltas del hijo del Procurador General de la República, que le solicitaron a la directora del plantel un recorrido ofreciendo mejoras para el colegio. La comisión policial enviada, la conforman oficiales de la PNB: Crismari Rendón, Jhonny Chávez, Dainerson Ojeda, Jorge Ovalles, Jennifer Rojas, Maia Leison, Anyelys Medina, Luis Velásco, Enyelber Babaresco, Enrique Silva y Ademar Pérez, quienes fueron atendidos por la directora del colegio Humboldt.
Esos funcionarios suscriben el acta policial del 3 de junio de 2022, junto a la supervisora Elicar Escorche Corredor, Comisionado Yoan Giménez y los oficiales Esaac Bustos, Pedro Bellorín y Jesús Díaz. Todos adscritos a la Brigada de Violencia de la Dirección de Investigación Penal, del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
La supervisora de la PNB Elicar Escorche Corredor relata que el 2 de junio el Mayor (GNB) Pedro Tarazona, Director de Investigaciones Penales, recibió la llamada telefónica de la Lic. Ana, directora del Colegio Humboldt, informándole de la situación irregular en el colegio ubicado en la urbanización la Florida, calle el Estanque, Parroquia el Recreo, municipio Libertador, Distrito Capital, Caracas.
La directora habría narrado que seis personas, entre ellas un adolescente, que dijo ser hijo del Procurador General, entraron en una camioneta Toyota Fortuner color beige y una moto KLR, pidiendo información sobre alumnos, por lo que mostró preocupación considerando que “algunos alumnos son familiares de altas personalidades tanto del mundo económico, político y de la farándula”, por lo que la actitud de los hombres y el adolescente le pareció extraña.
En la sede del área de monitoreo de las cámaras, a la que tienen acceso por autorización del colegio, los policías vieron en los registros de las grabaciones, “el arribo de los ciudadanos al plantel y las características fisonómicas de las personas, así como las características de los vehículos en que se desplazaban siendo el primero una camioneta marca Toyota, modelo Fortuner, color: beige, placa: AA798PS, y un vehículo dos (02) rueda marca KLR, tipo Moto”.
La directora del Colegio le dijo a los funcionarios que los sospechosos se iban a trasladar a La Guaira para otras visitas institucionales.
La detención
Posteriormente, en una alcabala móvil, en la Avenida Soublette de La Guaira, fue retenida una camioneta con similares características a la que entró al colegio. A bordo iban tres ciudadanos: Franklin Alexis González López, Jonathan Alfredo Tisoy Subero y un adolescente. De un vehículo Toyota corolla rojo que se encontraba detrás de la camioneta desciende el funcionario de la Policía del municipio Libertador, Cristian Alfredo Tisoy Subero, quien pide agilizar la verificación de los dos vehículos y de una camioneta Chevrolet Grand Blazer azul. El copiloto del corolla rojo era Jesús Alberto Oropeza Velázquez.
En el vehículo azul iba Edward Manuel Arrieta Benítez y el comisario general de Inteligencia Naval, Jesús Yoarky Reverón Fagúndez. El acta de la policía asegura que Cristian Tisoy habría dicho que realizaban un trabajo de escoltas.
Supuestamente el comisionado Jiménez y la supervisora Escorche se percataron que un vehículo tipo camioneta Grand Blazer azul, marca Chevrolet, pretendió eludir el dispositivo por lo que la interceptaron. Del lado copiloto se bajaron dos hombres, uno “de tez morena clara, cabello canoso, quien de manera violenta manifestó ser comisario general y a su vez el conductor de tez morena, contextura gruesa, cabello color negro”, que resultaron ser los agentes de inteligencia naval Jonathan Alfredo Tisoy Subero y Jesús Alberto Oropeza Velásquez.
Los otros detenidos fueron el oficial jefe de Policaracas, Cristian Alfredo Tisoy Subero; Franklin Alexis González López, subcomisario de Inteligencia Naval, quien aparecía con registro en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL); el chofer Edward Manuel Arrieta Benítez; el comisario general de Inteligencia Naval Jesús Yoarky Reverón Fagúndez; y MAEG, un estudiante de 17 años, quien tenía cuatro pases del Consejo Nacional Electoral.
Luego que todos son detenidos, el informe policial sostiene que dos testigos, a quienes identifican solo como Oswaldo y José, manifestaron que estando en el mismo calabozo de la PNB en Boleíta, los siete detenidos del caso incluyendo el menor de edad hablaron entre ellos diciendo que “iban a secuestrar a la nieta de Nicolás Maduro”.
Según el informe policial “uno de los detenidos de pelo canoso le decía al adolescente que se encontraba en otra celda, que por su culpa habían quedado detenidos”.
Refieren que el 7 de julio de 2022 los supuestos testigos fueron abordados, en horas de visita, por una mujer robusta, morena, de cabello largo crespo, les pidió acercarse, les dijo que era abogada y les dijo que debían informar al tribunal que fueron obligados por los funcionarios policiales a declarar contra los acusados, que si no lo hacían atentaría contra ellos y sus familias.
Fuente: Infobae
