Uber ha interpuesto una demanda contra la ciudad de Nueva York con el objetivo de bloquear una normativa municipal que entrará en vigor el 28 de julio. La compañía argumenta que esta ley le impediría apartar de forma inmediata a conductores peligrosos o involucrados en fraudes.
Según la empresa, la norma afectará la seguridad pública y su capacidad para gestionar quién puede operar en su plataforma.
La denuncia fue presentada el martes por la noche ante un tribunal federal de Manhattan.
En la demanda, Uber cuestiona la ley sobre “desactivaciones indebidas” y afirma que el esquema la obligaría, de manera inconstitucional, a mantener en la aplicación a conductores que no desea tener.
El reclamo se basa en un argumento operativo: la empresa señala que, ante denuncias de usuarios o señales de riesgo, necesita margen para desactivar cuentas con rapidez. En su presentación judicial, sostiene que la norma protegería indebidamente a personas que incurren en conductas peligrosas, amenazantes o inapropiadas, lo que generaría “daños inmediatos” para su reputación y valor comercial.
Como parte del contexto, la presentación también menciona que, al 1 de junio, Uber enfrentaba 3.571 demandas en un litigio nacional ante un tribunal federal de San Francisco por acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de sus conductores. Este dato quedó expuesto en paralelo a la ofensiva legal para frenar la norma neoyorquina.
La empresa solicita una orden judicial permanente y el pago de las costas procesales. Un portavoz del departamento legal de la ciudad de Nueva York indicó el miércoles que las autoridades revisaban la presentación, según la respuesta oficial citada en el caso. Hasta el momento, no hubo una contestación sustantiva sobre el fondo de las acusaciones.
Qué cambia la ley local 52 de 2026
La norma impugnada es la ley local 52 de 2026, aprobada en enero por el Concejo Municipal de Nueva York con 46 votos a favor y cinco en contra. Según lo descrito en la demanda, la regla busca limitar las bajas de conductores en plataformas de transporte de gran escala, centrándose en los casos que la ley considera “desactivaciones indebidas”.
En términos generales, la ley impediría que empresas como Uber y Lyft den de baja a conductores si no existe una “razón económica genuina” o una “causa justificada”.
Uber sostiene en el expediente que esa fórmula restringe su capacidad de actuar con rapidez ante riesgos potenciales y que, en la práctica, la obliga a mantener en la plataforma a personas que, bajo sus criterios de seguridad, deberían ser apartadas de inmediato.
El texto legal, según lo detallado en la demanda, sí contempla excepciones. En particular, permite desvinculaciones por compartir cuentas, fraude y conductas indebidas graves. En esa categoría se incluyen violencia, acoso, agresión sexual y discriminación.
Uber no discute que esas causales figuren en la norma, pero plantea que el régimen, aun con esos supuestos, introduce condiciones y plazos que dificultan la reacción inmediata ante situaciones de riesgo.
En su presentación, la empresa enmarca el conflicto como un choque entre reglas de protección laboral y un sistema de control interno basado en desactivaciones rápidas. En esa línea, alega que la ley vulnera derechos a la libertad de expresión y al debido proceso, protegidos por la Constitución de los Estados Unidos y por la constitución del estado de Nueva York.
Según la demanda, la ciudad avanzó con una regulación que limita el criterio de la compañía para decidir quién accede a operar en la plataforma y cómo se aplican las medidas disciplinarias.
El preaviso de 14 días, la privacidad y el sistema de revisión
Uno de los ejes del reclamo de Uber es la obligación de dar un preaviso de 14 días antes de desactivar cuentas. La compañía afirma ante la Justicia que ese plazo abriría una ventana de riesgo: según su planteo, algunos conductores podrían aprovechar ese margen para tomar represalias contra pasajeros que hubieran presentado denuncias.
La demanda incluye otra advertencia: la norma podría obligar a la empresa a reincorporar a conductores apartados desde 2019 que no hubieran recibido ese preaviso.
Uber expone ese escenario como una de las consecuencias prácticas más graves del nuevo régimen, por el potencial efecto retroactivo sobre decisiones adoptadas años atrás.
Además, la compañía sostiene que la ley compromete la privacidad de los pasajeros. Según su argumento, el esquema exigiría revelar a conductores acusados las denuncias sobre presuntos abusos, lo que podría exponer información sensible de quienes denuncian y desalentar futuras presentaciones.
En el mismo escrito, Uber cuestiona el mecanismo de revisión de las desactivaciones. La empresa acusa a la ciudad de promover procedimientos “injustos” al obligar a jueces, árbitros y funcionarios del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador a partir de la presunción de que las desactivaciones son indebidas.
Según Uber, esa presunción altera el equilibrio del proceso y traslada a la compañía la carga de probar que actuó con una causa válida, aun cuando su intervención haya sido preventiva o basada en denuncias de usuarios.
La empresa resume su postura en un comunicado citado en el marco del conflicto judicial:
“Estamos demandando a la ciudad de Nueva York para bloquear una nueva ley imprudente que busca privarnos de la capacidad de eliminar de inmediato a los conductores potencialmente peligrosos y a los estafadores de nuestra plataforma, lo que crea una amenaza inmediata para la seguridad pública”.
La demanda busca impedir que el régimen entre en vigor. En su lectura del caso, Uber sostiene que una obligación de sostener conductores activos durante un proceso de revisión y con plazos de notificación puede chocar con la lógica de seguridad que aplica ante alertas, denuncias y patrones de conducta incompatibles con su servicio.
Lyft no respondió de inmediato a las consultas sobre sus planes legales o su estrategia frente a la entrada en vigencia de la ley.
Fuente: Infobae