Tras presentar su renuncia irrevocable a la Presidencia de la Asamblea Nacional este 8 de junio de 2026, Niels Olsen dejó el cargo asegurando ante el Pleno que, pese al recorte de su tiempo en funciones, logró cumplir con sus objetivos. Sin embargo, el balance de su primer año de gestión (mayo 2025 – mayo 2026) revelan que la Agenda Parlamentaria 2025-2027 apenas alcanzó un 19% de cumplimiento en sus objetivos iniciales.
Cifras y deuda legislativa
De los 53 proyectos de ley que integraban la hoja de ruta original para este periodo, solo 10 lograron ser aprobados, dejando la gran mayoría de las iniciativas estancadas en el trámite parlamentario. Es decir, el 81% de la agenda, durante su gestión de dos años, sigue pendiente.
El desglose por ejes temáticos muestra un avance limitado: en Desarrollo Económico, de 13 proyectos planificados, solo uno llegó a ser ley; mientras que en áreas como Lucha contra la Corrupción y Desarrollo Social, se aprobaron apenas tres proyectos en cada eje, pese a contar con 15 propuestas iniciales en cada uno.
Este nivel de efectividad del 19% sitúa a la administración de Olsen entre las de menor desempeño comparada con presidencias recientes evaluadas durante su primer año:
- César Litardo: 71%.
- Virgilio Saquicela: 69%.
- Viviana Veloz: 44%.
- Henry Kronfle: 38%.
Un punto cuestionado de su gestión fue la dependencia de la agenda del Ejecutivo liderado por Daniel Noboa. Del total de leyes entregadas por la Asamblea, entre el 40% y el 45% correspondieron a proyectos económicos urgentes enviados por la Presidencia. En contraste, apenas dos proyectos nacidos por iniciativa de los legisladores se convirtieron en ley:
- La denominada “Ley Dual” (presentada por Valentina Centeno, de ADN)
- La ley de Prevención Psicosocial para menores (presentada por la Revolución Ciudadana).
Además, la calidad técnica de lo aprobado ha sido cuestionada por la justicia. Dos de las leyes impulsadas ya fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional (Ley de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública), mientras otras seis enfrentan demandas por vicios en el procedimiento parlamentario o vulneración de derechos.
Ataques y sanciones selectivas contra la oposición
La gestión de Olsen también cierra marcada por acusaciones de violencia política y un trato discriminatorio hacia la oposición. La asambleísta Paola Cabezas (RC) presentó una queja formal ante el CAL tras ser tildada de “serpiente” por Olsen en una entrevista, un hecho que la oposición lo posiciona como un ejemplo de “machismo” y “hostilidad” desde la presidencia.
En esa línea, durante su gestión, se sancionaron mayormente a legisladores de la Revolución Ciudadana, quienes acumularon casi 300 días de suspensión sin remuneración. La asambleísta Mónica Palacios es la legisladora que registra la sanción más severa hasta la fecha, sumando 121 días de suspensión sin sueldo. Sus castigos derivaron de quejas presentadas por la entonces asambleísta Nataly Morillo y por la actual presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno.
Por su parte, Ronal González protagonizó el primer proceso disciplinario del periodo tras protestar con un megáfono en los exteriores del Pleno, reclamando que no se le otorgaba la palabra a su bloque, lo que le valió 60 días de sanción. En febrero de 2026, González recibió una segunda suspensión de 31 días tras un cruce verbal con el oficialista Jorge Chamba.
La lista de sancionados de la Revolución Ciudadana incluye también a:
- Roberto Cuero: 30 días de suspensión.
- Mireya Pazmiño: 30 días de suspensión.
- Juan Andrés González: 9 días de suspensión.
Además, el ahora expresidente Niels Olsen dejó pendiente una queja contra 45 legisladores de la Revolución Ciudadana por haber abandonado una sesión del Pleno en septiembre de 2025 sin supuesta justificación. De resolverse, esta infracción leve podría sumar ocho días adicionales de suspensión para cada uno de los implicados.
La presión sobre la oposición también se trasladó al Comité de Ética, instancia controlada por el oficialismo. Este comité recomendó la destitución de Nuria Butiñá por denuncias de supuestos cobros de “diezmos”, y realizó una recomendación similar contra el entonces jefe de la bancada de la RC, Juan Andrés González. Sin embargo, ninguna de las dos destituciones prosperó en el Pleno al no alcanzar la mayoría calificada de 101 votos necesaria para separar a un legislador de su cargo.
El emblema de ADN: el caso Progen
El caso Progen se consolidó como el símbolo de la “fiscalización bloqueada” denunciada por la RC, el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik. Este proceso, que investiga un presunto perjuicio al Estado ecuatoriano de más de USD 100 millones por un contrato fallido de generadores eléctricos “chatarra”, representa una de las mayores deudas pendientes de Olsen.
El reclamo gira en torno al manejo del informe en la Comisión de Transparencia, presidida por la oficialista Diana Jácome. Este 19 de junio de 2026 se cumplen seis meses desde que dicha comisión aprobó un documento que liberaba de responsabilidades políticas a los exministros de Energía, Inés Manzano y Roberto Luque.
A pesar de contar con la aprobación de la comisión desde finales de 2025, el informe no llegó al Pleno de la Asamblea para su debate y resolución definitiva. De hecho, Olsen, el pasado 14 de mayo de 2026, durante su rendición de cuentas anual, confirmó que la fiscalización parlamentaria del caso Progen “ya concluyó” dentro de la Comisión de Transparencia y que el informe no será elevado al Pleno.
De igual modo, sus coidearios, en la Comisión de Fiscalización, bloquearon otro juicio político contra Manzano por incumplimiento de funciones en el mismo caso Progen, el pasado 6 de junio de 2026. Una práctica que se repitió en el CAL, comisión e incluso en el mismo Pleno del Parlamento. ADN nunca quiso debatir ese tema, hasta ahora.
Cuestionamientos a su gestión
Para el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Blasco Luna, la salida de Olsen representa una forma de “rehuir a lo que la ciudadanía exige”, especialmente en materia de fiscalización. Luna criticó que la promesa de una Asamblea articulada que trabajara en territorio no se cumplió. Señaló que Olsen deja el cargo:
En una línea similar, la legisladora de Pachakutik, Mariana Yumbay, calificó el balance de la gestión de Olsen como “totalmente negativo”. Yumbay denunció que se legisló para beneficiar a grupos minúsculos y que la fiscalización fue prácticamente nula, exceptuando casos donde hubo una fuerte presión social como la censura a Mario Godoy:
Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el legislador Alfredo Serrano fue enfático al señalar que la imagen política de la Asamblea “se ha venido abajo”. Serrano manifestó que el mejor anuncio que Olsen pudo haber hecho antes de irse era “inaugurar la fiscalización” para intentar recuperar la credibilidad de la institución.
Otros números de Olsen
Mientras Olsen defendió su paso por el Legislativo destacando la aprobación de un total de 26 leyes y la construcción de una agenda supuestamente consensuada, otras bancadas criticaron la falta de autonomía y de mecanismos de trazabilidad en su gestión. En su discurso final, Olsen justificó estos resultados por un “bloqueo sistemático” desde el interior del parlamento que dificultó el avance de las propuestas.
Otros números que deja el expresidente del Legislativo son:
- Presentó apenas dos proyectos de ley: proyecto para eliminar la “ley seca” durante las elecciones y proyecto de Ley de Aviación Civil.
- Intervino 2 veces en el Pleno: por el Himno Nacional y en el debate de la “Ley de Integridad Pública” (declarada inconstitucional).
Olsen se retira ahora para buscar la Prefectura del Guayas o la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones de 2026, dejando a Mishel Mancheno a la cabeza de una Asamblea que aún mantiene pendiente el grueso de las demandas legislativas.