Una compleja investigación criminal ha puesto al descubierto las operaciones de una organización delictiva conocida como la banda de las “Fake Coins”, especializada en fraudes informáticos vinculados a criptoactivos. En el punto de mira de la justicia se encuentran 55 personas señaladas como sospechosas en distintas regiones del país. Días atrás, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo más de 70 allanamientos simultáneos, que resultaron en 21 detenciones, en un operativo coordinado por la Procuración bonaerense que abarcó localidades de la provincia de Buenos Aires, así como las provincias de Córdoba, Santa Fe, Misiones y Mendoza.
El origen del caso se remonta a múltiples denuncias por estafas cometidas a través de plataformas digitales de inversión en activos virtuales. Según las autoridades, el grupo delictivo seducía a las víctimas con la promesa de ganancias desorbitadas, simulando un respaldo en mercados financieros descentralizados y en la tecnología blockchain. Con esa fachada, lograban engañar a los inversores mediante estrategias digitales de captación muy sofisticadas.
La red criminal empleaba un variado abanico de métodos para atraer a potenciales inversores. Entre las tácticas detectadas figuran la creación de sitios web falsos, aplicaciones móviles fraudulentas y campañas masivas de correos electrónicos y mensajes en redes sociales. En esos espacios, promocionaban supuestos portafolios de inversión que ofrecían una rentabilidad inmediata.
Un hallazgo relevante de la pesquisa fue el uso de aplicaciones de citas y redes sociales como Tinder para entablar vínculos con posibles víctimas y luego inducirlas a invertir. Esta práctica es conocida internacionalmente como “romance scam” o estafa afectiva-financiera.
La organización operaba con una estructura jerárquica claramente definida, con distintos niveles operativos y roles específicos. En los escalafones más bajos se identificó a los llamados “prestacuentas”, individuos que realizaban múltiples transferencias entre cuentas bancarias y billeteras virtuales para entorpecer la trazabilidad del dinero y ocultar su procedencia ilícita.
Empleados bancarios y documentos falsos
Entre las maniobras fraudulentas detectadas se encuentra la apertura de cuentas bancarias mediante documentación apócrifa, la contratación de préstamos millonarios a nombre de empresas ajenas y el desvío de esos recursos a cuentas controladas por los imputados. En julio de 2025, uno de los sospechosos se presentó en una sucursal del Banco Galicia con un DNI y documentos falsos, haciéndose pasar por el presidente de la empresa SEEDAR SA, logrando así abrir una cuenta corriente a nombre de la firma. Posteriormente, de manera electrónica, contrató un préstamo a nombre de SEEDARD SA por la suma de 393.815.000 millones de pesos, que fueron transferidos desde esa cuenta a otra perteneciente al sospechoso de la empresa Let Bit.
El 19 de agosto siguiente, se gestionaron electrónicamente más “préstamos DNI” por un total de 464.402.600 millones de pesos, que también fueron transferidos. Esta maniobra se repitió al menos tres ocasiones. La Unidad Fiscal de Instrucción y de Juicio N°3 de Pergamino documentó el uso de identidades falsas para abrir cuentas en ese mismo banco a nombre de otras compañías como ALAV SRL e HIDALGO SA. Así, los fondos obtenidos mediante préstamos se movían rápidamente a cuentas de miembros de la organización, quienes luego convertían el dinero en activos digitales y lo enviaban a billeteras cripto bajo su control. Un informe de la Cámara Compensadora COELSA detalló transferencias por cientos de millones de pesos argentinos a través de esta operatoria.
La investigación también reveló la posible participación de agentes bancarios, cuyo grado de involucramiento aún está bajo análisis. Informes técnicos de empresas de conectividad y proveedores de servicios financieros virtuales permitieron seguir el rastro del dinero desde la apertura fraudulenta de cuentas hasta su conversión final en criptoactivos, utilizando herramientas avanzadas de rastreo digital y análisis de blockchain.
El expediente fiscal señala que los responsables intentaban justificar estas operaciones bajo la figura de “arbitraje financiero” en criptoactivos, argumentando que las diferencias de cotización entre monedas explicaban los movimientos. No obstante, los informes periciales descartaron esa defensa: según la Procuración, los tiempos de transferencia y conversión de los fondos no se ajustan a las prácticas legales de arbitraje, y no existían contratos ni vínculos formales entre las empresas afectadas y los titulares de las cuentas receptoras.
Las medidas judiciales incluyeron el bloqueo de cuentas bancarias y billeteras virtuales, el secuestro de dispositivos electrónicos y documentación, así como solicitudes de detención para los principales imputados. La coordinación de los allanamientos requirió la intervención de la Procuración General, Unidades Fiscales de diversas jurisdicciones y la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Entre las pruebas recolectadas destacan actas de denuncia, informes bancarios, registros de conexiones IP, peritajes de entidades tecnológicas y testimonios de víctimas y representantes legales de las empresas afectadas.
El expediente también detalla la creación de sociedades comerciales por parte de los sospechosos, coincidiendo temporalmente con la comisión de los delitos, lo que refuerza la hipótesis de una estructura criminal organizada y orientada al lavado de activos. La causa está caratulada como “asociación ilícita, estafa, uso de documento público falso y lavado de activos de origen delictivo”. Según la presentación fiscal, la suma total involucrada supera el equivalente a un millón de dólares, transferidos en varias operaciones en cuestión de semanas. Actualmente, la Procuración y la Policía Federal trabajan en la identificación de más víctimas y en el análisis de la trazabilidad de los fondos desviados, mientras se mantiene el bloqueo preventivo de activos y cuentas vinculadas a los imputados. Uno de los detenidos, de 22 años, trabajó en la contaduría del Ejército.
Modus operandi de la red delictiva
Los detectives lograron identificar las siguientes maniobras fraudulentas ejecutadas por la organización:
- Esquemas Ponzi: Plataformas fraudulentas que prometen altos rendimientos a los inversionistas, pero pagan las ganancias a los inversores antiguos con el dinero de los nuevos. No existe una inversión real ni generación de ganancias legítimas. El sistema colapsa cuando no ingresan suficientes fondos nuevos.
- Promesas de “Trading”: Captación de víctimas mediante la promesa de operar o invertir en mercados financieros (trading), generalmente con información falsa o engañosa. Utilizan redes sociales, publicidad y contactos directos para atraer personas y convencerlas de transferir dinero.
- Transferencia de fondos en criptomonedas: Consiste en inducir a las víctimas a enviar dinero en forma de criptomonedas a billeteras digitales controladas por los estafadores. El uso de criptomonedas dificulta el rastreo y la recuperación de los fondos.
- Pump and Dump: Técnica de manipulación de mercados donde los estafadores inflan artificialmente el valor de un activo (pump), para luego vender sus propias participaciones a precios elevados. Después, el valor cae abruptamente (dump), ocasionando pérdidas a quienes compraron en el pico de precio.
- Rug Pull: Modalidad de fraude en proyectos de criptomonedas o finanzas descentralizadas (DeFi). Los desarrolladores cierran el proyecto y se llevan los fondos de los inversionistas, dejando a los usuarios sin acceso a su dinero y sin posibilidad de recuperarlo.
- Desaparición de fondos o bloqueo de cuentas: Tras captar el dinero de las víctimas, los responsables bloquean el acceso a las cuentas o desaparecen los fondos, impidiendo que las personas recuperen lo invertido.
Fuente: Infobae