Un juicio de proporciones históricas contra la cúpula de la Mara Salvatrucha (MS-13) ha entrado en su fase decisiva en El Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó sus alegatos finales este 5 de junio ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de demostrar de manera concluyente la estructura jerárquica y el dominio que los altos mandos ejercían sobre una ola de delitos a nivel nacional.
Este proceso masivo, que arrancó el 20 de abril de 2026, involucra a 485 jefes pandilleros. De ese total, 72 personas están siendo juzgadas en ausencia, ya sea por encontrarse prófugas o por enfrentar procesos judiciales en Estados Unidos.
A esta organización se le atribuyen miles de ilícitos cometidos entre 2012 y 2022. Entre los crímenes más graves destacan más de 500 asesinatos contra trabajadores públicos, de los cuales más de 400 fueron homicidios dirigidos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada (FAES).
En la audiencia, el Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, subrayó que el eje de la acusación es probar cómo la MS-13 evolucionó: de ser un conjunto de estructuras territoriales pequeñas a convertirse en un corporativo criminal hiperconectado. Las pesquisas señalan que la pandilla llegó a tener 32 programas nacionales (dos en el extranjero) y 230 clicas distribuidas en todo el territorio salvadoreño.
La FGR puso especial énfasis en el llamado “testamento”, un estricto reglamento interno que los cabecillas utilizaban para adoctrinar a la base, garantizar la obediencia absoluta y sostener el control vertical de la organización.
Para sostener la responsabilidad de la jefatura, el ministerio público recurre a la doctrina internacional de la Teoría del Aparato Organizado de Poder. Este marco jurídico permite imputar penalmente a los “hombres de atrás”, es decir, a los líderes de la ‘ranfla’ o máximos cabecillas que, sin ejecutar materialmente los crímenes, impartían las órdenes, autorizaban homicidios (bajo la orden de “válvulas abiertas”) y coordinaban las actividades delictivas desde las calles o desde centros penales.
¿Qué son los alegatos finales y qué penas podrían recibir los procesados en el CECOT?
Los alegatos finales (conocidos también como conclusiones) constituyen la última etapa de intervenciones en un juicio oral, previa a que el juez se retire a deliberar para emitir una sentencia. En esta fase, tanto la FGR como la defensa presentan sus argumentos de cierre. No se admiten nuevas pruebas; se trata de articular de manera contundente todas las evidencias ya presentadas (audios, testigos protegidos, documentos) para convencer al tribunal de la validez de su teoría del caso y solicitar la condena o la absolución.
Más de 250 de los jefes pandilleros procesados en este macrojuicio están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad del país. Si bien en este proceso penal específico no se aplica directamente la cadena perpetua, las leyes salvadoreñas permiten la acumulación de penas por cada delito individual. Debido a la magnitud y cantidad de cargos:
- Penas por homicidio: Cada imputado puede recibir hasta 50 años de prisión por cada asesinato cometido.
- Cargos acumulativos: Al enfrentar acusaciones por agrupaciones ilícitas, rebelión y múltiples homicidios, las penas solicitadas por la Fiscalía son acumulativas.
Esto implica que los líderes criminales confinados en el CECOT podrían recibir condenas que superan con facilidad los 500 años de cárcel para cada uno. Se estima que los alegatos finales y la posterior resolución del tribunal tomarán un par de semanas más, dada la enorme cantidad de imputados y expedientes que integran este caso.
Fuente: Infobae