Un magistrado federal en Estados Unidos dejó sin efecto este viernes una serie de disposiciones adoptadas por la Administración Trump. Dichas medidas restringían los procesos migratorios para ciudadanos de 39 países, afectando desde la obtención de visados hasta trámites de residencia, asilo, permisos laborales y ciudadanía.
El juez John McConnell, del distrito de Rhode Island, emitió un fallo de más de 130 páginas. En el documento, al que tuvo acceso la cadena CNN, el magistrado determinó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) —una agencia bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional— implementó hace más de un año políticas que calificó como «ilegales» contra personas oriundas de naciones de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Próximo.
El texto judicial señala que «a las personas de estos países se les ha impedido categóricamente recibir resoluciones definitivas sobre, entre otras cosas, sus solicitudes de asilo, permiso de trabajo, tarjeta de residencia y ciudadanía». Además, subraya que «la restricción de USCIS sobre las resoluciones no se debe a ningún error cometido por estas personas; más bien, surge únicamente por el azar de su lugar de nacimiento».
McConnel argumentó que «el Estado de derecho debe aplicarse a todos por igual». En su criterio, la agencia no ha seguido las leyes ni ha actuado correctamente, pues violó la legislación migratoria «que el Congreso le ha imputado administrar», así como la normativa que regula su funcionamiento.
El fallo también indica que el USCIS «reclama autoridad legal y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin tener en cuenta los intereses de los solicitantes, que debe considerar; y justifica sus acciones con pretextos de ‘seguridad nacional’ que enmascaran sentimientos antiinmigrantes que tiene prohibido permitir que influyan en su toma de decisiones». En términos legales, las acciones de la agencia son «contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas».
La decisión del juez señala que estas políticas «arrojaron las vidas de innumerables inmigrantes que viven en Estados Unidos a un limbo legal indeterminado», a pesar de que estas personas «se adhirieron a los procesos legales» promulgados por las leyes y adoptados por reglamento por el propio USCIS.
El proceso judicial se originó a raíz de una demanda presentada en marzo por una coalición de organizaciones y sindicatos que brindan servicios a inmigrantes. La acción legal se produjo después de que la Administración Trump impulsara estas restricciones el año pasado, tras un tiroteo perpetrado por un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington.
Fuente: Infobae