La inteligencia artificial está transformando diversos sectores laborales y, ante el riesgo de que elimine ciertos puestos de trabajo al reemplazar la mano de obra con herramientas automatizadas, la congresista Judith Laura Rojas, del grupo parlamentario Lealtad Nacional —quien asumió como accesitaria tras el fallecimiento del legislador Carlos Anderson— ha presentado una iniciativa legislativa que establece lineamientos para su uso en el ámbito universitario.
La denominada “Ley que establece estándares mínimos de inteligencia artificial en el sistema universitario nacional” define una serie de principios rectores para la incorporación de la IA en la enseñanza. Además, plantea la creación de una nueva oferta académica enfocada en esta tecnología. Específicamente, declara de interés el fortalecimiento y la creación de las siguientes áreas:
- Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos
- Ingeniería en Robótica y Automatización Inteligente
- Ciberseguridad y Seguridad Digital
- Ética Digital y Gobernanza Algorítmica
- Desarrollo de Software con enfoque en Inteligencia Artificial Generativa
- Analítica de Datos para la Gestión Pública y Privada
- Transformación Digital y Gestión de la Innovación
Estándares para el uso de la IA
“La presente ley tiene por objeto establecer estándares mínimos comunes para la incorporación progresiva de competencias en inteligencia artificial, ciencia de datos, ética digital, pensamiento computacional y uso responsable de tecnologías emergentes en todas las universidades del sistema universitario nacional, públicas y privadas, así como promover la creación de nueva oferta académica pertinente a la transformación digital”, detalla el texto legislativo.
De esta manera, la medida aplicaría a todas las universidades que forman parte del sistema universitario nacional, tanto públicas como privadas, que estén debidamente licenciadas o en proceso de licenciamiento por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). También alcanzaría al Ministerio de Educación, a la propia Sunedu, al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), a la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y a otras entidades públicas vinculadas con la transformación digital, la calidad educativa y la política nacional de inteligencia artificial.
La iniciativa busca implementarse con base en varios principios, entre los que se incluye instar a las autoridades competentes a aplicar los estándares mínimos de inteligencia artificial en las universidades, aunque estos no se detallan a fondo. Dichos principios son:
- Autonomía universitaria: Respeto irrestricto a la potestad de cada universidad para definir su gobierno, régimen interno, libertad de cátedra, desarrollo doctrinario, estructura curricular específica, metodologías, perfiles de egreso y estrategias pedagógicas.
- Estándares mínimos comunes: Establecimiento de competencias básicas compartidas por todo el sistema universitario nacional para garantizar condiciones homogéneas de formación frente a la transformación digital.
- Ética algorítmica y derechos fundamentales: La integración de la inteligencia artificial se realiza con respeto a la privacidad, protección de datos personales, transparencia, no discriminación y auditoría ética, conforme al Decreto Supremo N° 115-2025-PCM.
- Equidad e inclusión: Reducción de brechas digitales, territoriales y de capacidad instalada entre universidades, con atención prioritaria a poblaciones vulnerables y zonas rurales.
- Complementariedad humano-inteligencia artificial: La inteligencia artificial actúa como complemento y no como sustituto de la interacción humana, el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía en los procesos educativos.
Plazos de implementación
De ser aprobada en el Congreso (recién ha sido presentada), todas las universidades tendrían hasta cuatro años para poner en marcha la ley. Los plazos específicos son los siguientes:
- Las universidades deben cumplir con la adecuación curricular establecida en el artículo 1 en un plazo máximo de tres años contados a partir de la entrada en vigencia del reglamento.
- Las universidades privadas con menos de cinco años de licenciamiento institucional cuentan con un plazo de cuatro años.
- Para las universidades privadas con menor capacidad instalada, ubicación territorial rural o nivel de madurez digital bajo, el Ministerio de Educación y el Concytec podrán brindar asistencia técnica prioritaria y, de ser el caso, acceso a fondos concursables no reembolsables, conforme a la disponibilidad presupuestal.
Fuente: Infobae