La Asamblea Nacional puso su mirada sobre la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y el exviceministro de Electricidad, Fabián Calero, tras una solicitud formal para que comparezcan ante la Comisión de Garantías Constitucionales. El pedido, impulsado por la legisladora Mónica Palacios (RC), surge a raíz de la filtración de audios y chats que sugieren una supuesta estrategia gubernamental para obstaculizar procesos de fiscalización.
La “movida” para evadir la fiscalización
El detonante de esta convocatoria fue la difusión de una grabación en la cual se escucharía a Inés Manzano referirse a una “movida” o estrategia diseñada para manejar las comparecencias legislativas. Según el documento remitido por Palacios, el objetivo de estas acciones habría sido evitar que avanzara un primer juicio político relacionado con los cuestionados contratos eléctricos y la adquisición de generadores en el denominado caso Progen.
La información difundida señala que el audio fue enviado originalmente a un chat de Fabián Calero —quien también se desempeñó como gerente de Celec— y posteriormente entregado a la Fiscalía General del Estado. No obstante, la asambleísta Palacios advirtió que, presuntamente, dicho material no consta dentro del expediente respectivo de la Fiscalía, lo que añade una presunta capa de irregularidad al proceso.
La solicitud de comparecencia también apunta a esclarecer una posible coordinación entre los exfuncionarios y la asambleísta oficialista Diana Jácome, quien presidió la fiscalización de los contratos eléctricos en la Comisión de Transparencia. Palacios sostiene que las pruebas reveladas muestran una estrategia para “suavizar” el control político mediante comparecencias previamente acordadas con los involucrados.
Por su parte, Diana Jácome restó importancia a las filtraciones, calificándolas como “audios de terceros” que no revelan información relevante. Sin embargo, Palacios insistió en que estas comunicaciones podrían configurar una grave afectación a las facultades de fiscalización de la Asamblea Nacional.
La solicitud de convocatoria, amparada en el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, deberá ser evaluada por la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por Jaime David Estrada Medranda, de la Revolución Ciudadana. De ser aprobada, Manzano y Calero deberán acudir al pleno de la comisión para absolver las interrogantes sobre su relación con los hechos expuestos y la transparencia en la gestión de la crisis energética.
Paralelamente, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional ya dio paso a otro juicio político contra la exministra Manzano. Ese proceso lo impulsan los legisladores de la oposición: Blasco Luna y Lenin Barreto.
Radio Pichincha
LV