La reciente filtración de una grabación de la exministra de Energía, Inés Manzano, puso bajo sospecha una presunta estrategia de coordinación con la asambleísta de ADN, Diana Jácome, para evadir el control legislativo sobre los fallidos contratos con la empresa Progen.
Esta “estrategia” habría permitido a la Comisión de Transparencia, presidida por Jácome, arrebatar la competencia de fiscalización a otras mesas lideradas por la oposición, neutralizando así el primer intento de juicio político por irregularidades en contratos eléctricos que superan los USD 100 millones.
¿Se configuró el delito de tráfico de influencias?
La punto de análisis radica en si esta interacción entre la legisladora y la exfuncionaria constituye un presunto delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La sospecha se fortalece al observar una correlación directa entre lo sugerido en el audio y la realidad legislativa: la Comisión de Garantías Constitucionales intentó investigar el caso en junio de 2025, pero su intención fue bloqueada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para derivar el proceso a la comisión controlada por el oficialismo.
Además, la instrucción, según el audio revelado, de que las comparecencias fueran “escuetas” parece haberse ejecutado con precisión. Durante las sesiones, funcionarios como el viceministro Fabián Calero evitaron profundizar en las irregularidades de los contratos, centrándose en generalidades sobre la crisis energética.
Este proceso culminó el 19 de diciembre de 2025 con un informe que no estableció responsabilidades políticas contra los ministros Roberto Luque e Inés Manzano, cumpliendo al pie de la letra la estrategia de “sepultar” la fiscalización.
La respuesta oficial: entre la evasión y la amenaza
Frente a la gravedad de los señalamientos, la defensa de Diana Jácome careció de argumentos técnicos o aclaraciones contundentes. Este 3 de junio de 2026, la legisladora se limitó a señalar que en el material difundido no aparece su voz ni mensajes de texto de su autoría, calificando la grabación como una “conversación de terceros”.
No obstante, durante su comparecencia ante los medios, se mostró visiblemente nerviosa e insegura, optando por el ataque personal en lugar de las explicaciones técnicas. En lugar de esclarecer los hechos, Jácome utilizó una retórica hostil contra la oposición, tildando de “delincuentes” a los asambleístas de la Revolución Ciudadana y cerrando su intervención con una amenaza política directa: “vayan y compren la pijama naranja”.
Esta actitud fue interpretada como un intento de victimización para desviar la atención de las pruebas que sugieren una trama de impunidad diseñada desde el seno de la Asamblea Nacional.
El paralelismo con el denominado “Caso Ligados” es inevitable. En ese caso son procesados consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por una supuesta red de asociación ilícita.En aquel proceso, la Fiscalía allanó oficinas e incautó teléfonos celulares para recabar pruebas de asociación ilícita.
Ahora, ante la evidencia de una posible coordinación para blindar a funcionarios públicos, surge la interrogante de si la justicia actuará con la misma celeridad en este caso, solicitando la incautación de los dispositivos electrónicos de Manzano y Jácome para verificar la existencia de chats o instrucciones directas.
Mientras tanto, la oposición anunció que presentará denuncias ante el Comité de Ética y el CAL por el vínculo de los legisladores de ADN con el Gobierno para frenar el control político. Pese a los intentos de bloqueo, el proceso de fiscalización tomó un nuevo impulso con la calificación de un juicio político contra Manzano por presunto incumplimiento de funciones, un trámite que el oficialismo intentó declarar “cerrado” prematuramente.