La denominada trama vinculada al caso Leire Díez habría propuesto al comisario retirado José Manuel Villarejo un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información relevante sobre figuras políticas, empresariales y policiales, según consta en un documento incautado del teléfono móvil de Díez por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Así lo refleja un atestado de la UCO, al cual ha accedido este medio, y que fue remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Este magistrado investiga una supuesta red que, se presume, buscaba desestabilizar procesos judiciales que afectan al PSOE y al actual Gobierno, y que habría sido liderada por el exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, con la coordinación de la exmilitante Leire Díez.
El documento en cuestión, recogido por la UCO, contiene una serie de directrices: “Os avisarán para acudir a un despacho donde os encontraréis con una persona de la Fiscalía General del Estado y Leire (la que manda)”. Y, añade a los destinatarios la instrucción de que deben “estar preparados para la reunión”.
En el texto se indica que “la idea es entrar en esa reunión y no salir hasta tener un acuerdo firmado”. Dicho pacto estaría basado en que “el cliente aceptará una pena de cárcel”, pero “no conllevará la pena de prisión”, además de que se “tendrá que hacer frente a una multa económica” aunque “se preservará parte del patrimonio”.
Intercambio de material sensible
A partir de ese momento, se especifica que “el cliente deberá colaborar con la Fiscalía para el esclarecimiento” de distintas causas. “La prioridad serán las víctimas, la limpieza de los procesos del Estado corruptos o contaminados y terminar inmediatamente con las causas viciadas, manipuladas o creadas por encargo”, señala el documento.
Dicha cooperación, según el escrito, implicaría la “entrega de material de audio, ‘emails’ y documentos comprometidos” sobre un listado de personas y asuntos, con el fin de “limpiar la corrupción del Estado”.
Ese listado, también presente en el documento, incluye a exdirigentes del PP como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
Además, figuran el exministro del Interior durante la era Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y su entonces número dos, Francisco Martínez, así como el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Todos ellos, al igual que el propio Villarejo, están siendo juzgados por la ‘Operación Kitchen’.
Del mismo modo, la lista contempla “cualquier audio con personas del banco” BBVA, y todos los casos relacionados con el PSOE, “especialmente de Andalucía”, además de “todos los asuntos relacionados con Podemos”.
La versión del abogado: “poco creíble”
El abogado de Villarejo, José Antonio García Cabrera, declaró ante la UCO como testigo el pasado jueves que la exmilitante lo contactó para ofrecerle la posibilidad de reunirse con la Fiscalía, argumentando que consideraba injusta la acusación contra su representado.
Cabrera afirmó que Díez le indicó que iba a ser recibido por el entonces Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, luego de intentos “infructuosos” de acercarse a César de Rivas, fiscal anticorrupción en el caso ‘Kitchen’.
El letrado de Villarejo aseveró que ni él ni su cliente se reunieron con el fiscal general del Estado ni con el fiscal de Anticorrupción.
Asimismo, García Cabrera señaló que se encontró con Díez en dos ocasiones para conversar sobre varias noticias publicadas que eran contrarias a Villarejo. El contenido de ambas charlas le resultó “muy poco creíble y muy fantasioso”.
Encuentros y financiamiento
De acuerdo con el informe de la UCO, Díez y Villarejo se habrían visto en múltiples oportunidades, y ella habría informado de esos encuentros a Santos Cerdán, identificado en los documentos como ‘S’. Este último habría manifestado su inquietud ante la falta de acción: “Incluso S, esté teniendo dudas”.
Los agentes sostienen que la logística para que Díez pudiera asistir a estas reuniones habría sido gestionada por personal del PSOE y sufragada por ese mismo partido político.
En el atestado también se recogen conversaciones entre Díez y Villarejo, en las que el comisario jubilado le expresa: “El fiscal sigue en la misma línea de dar caña y boicotear todo intento de sacar la verdad del origen de mi causa”.
“Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”, continuó Villarejo, a lo que Díez le contestó: “Estoy trabajando en ello. Sabía que no iba a ser fácil, pero nada importante lo es. Tú mejor que nadie lo sabe. Déjame hacer”.
El blanco contra la jueza Alaya
Otro de los objetivos del grupo bajo investigación, según la UCO, fue la magistrada Mercedes Alaya, jueza instructora del ‘caso ERE’ y del ‘caso Aznalcóllar’, en el que imputó al exdirector de la SEPI, Vicente Fernández, quien también está siendo investigado en esta causa de la Audiencia Nacional.
Los investigadores detallan que el ‘caso ERE’ contó “inicialmente como responsable policial a la Unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla”, cuyo mando ostentaba en ese entonces Rafael Salvador.
Según el atestado, Díez se habría reunido con Salvador en dos ocasiones en 2020 para, presuntamente, obtener “información que pudiera comprometer a la magistrada Alaya” y “para cuestionar las investigaciones que llevó a cabo”. La UCO ha localizado en una cuenta de Drive una carpeta titulada “22 GRABACIONES RAFAEL SALVADOR”.
Los investigadores apuntan que la exmilitante socialista le dijo a Salvador: “¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y los demás los sigo yo con un libro, ¿vale?”.
“Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos que el tumor se extirpe”, escribió Díez a Vicente Fernández en febrero de 2020. Y, apenas un mes después, le dijo: “Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis”.
Fuente: Infobae