Marco Antonio Almanza Avilés, quien fuera titular de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, estaba en ruta hacia Tijuana con el propósito de ponerse a disposición de las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, una llamada telefónica habría modificado por completo ese plan, según reveló el periodista Carlos Loret de Mola en una columna de opinión.
Almanza Avilés figura entre los 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses que han sido acusados formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York.
La acusación, rubricada por el fiscal Jay Clayton y certificada el 23 de abril de 2026, lo señala por haber percibido sobornos mensuales provenientes de la facción delictiva conocida como Los Chapitos —liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán—. A cambio, habría facilitado que el cártel operara con total impunidad en Sinaloa durante el periodo en que dirigió la Policía Ministerial, entre 2017 y noviembre de 2022.
En listados internos del cártel, el exfuncionario aparece identificado con el código “R1” y habría recibido aproximadamente 300,000 pesos mexicanos por mes a lo largo de su gestión. De acuerdo con el indictment, el pacto de corrupción se habría cerrado en una reunión ocurrida alrededor de 2017 o 2018 en uno de los ranchos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Sinaloa, con la presencia de Ovidio Guzmán López.
El giro inesperado que frenó la entrega
Según lo publicado por Loret de Mola, la intención de Almanza de negociar un criterio de oportunidad con la justicia estadounidense no fue una decisión repentina. El punto de inflexión fue su comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, a la que asistió junto con Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal del estado con licencia y también señalado en el mismo expediente federal estadounidense.
Las fuentes citadas por el comunicador indican que ambos exfuncionarios salieron de esa “entrevista” con una misma interpretación de lo ocurrido: las preguntas que recibieron los señalaban a ellos como los principales responsables, en lo que interpretaron como una maniobra para dejar fuera de la investigación a Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y al alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.
Ante ese escenario, Almanza habría optado por seguir la misma ruta que ya había tomado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
El operativo de recepción en Estados Unidos estaba listo. Las agencias estadounidenses esperaban al exjefe policial. No obstante, el traslado se interrumpió de manera repentina. Según las fuentes de Loret de Mola, Almanza recibió una llamada de su pareja. El contenido de esa conversación fue lo que lo llevó a dar media vuelta y retornar a Culiacán.
El motivo del regreso habría sido una amenaza directa. De acuerdo con la información difundida, la pareja de Almanza labora actualmente dentro del Gobierno de Sinaloa, cargo que habría sido utilizado para transmitirle un mensaje contundente desde las esferas del poder estatal.
“En la llamada, ella le dijo que le mandaron un mensaje de arriba: si él se entregaba a Estados Unidos, ella y sus hijos sufrirían las represalias”, según las fuentes citadas por Loret de Mola.
Frente a ese peligro inminente para su familia, el exjefe de investigación desistió de cruzar la frontera. De regreso en Culiacán, grabó el video que circuló en redes sociales el sábado 31 de mayo, en el que aparece en bermuda negra y playera deportiva para desmentir los rumores de su entrega y afirmar que permanece en territorio nacional.
“Yo no serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador, porque yo nunca he pertenecido a un grupo delictivo. Hice las cosas con bien todo el tiempo. Yo le doy la cara al que sea y donde sea”, declaró en esa grabación.
Fuente: Infobae