El agua se ha consolidado como una infraestructura estratégica de primer nivel, comparable a la energía en el contexto actual de cambio climático y crisis económica. Mientras España mantiene el debate sobre cómo ampliar y conectar sus recursos hídricos, el país vecino ha decidido dar un paso adelante. En la región atlántica de la Vendée, al oeste de Francia, una zona con alta exposición turística que enfrenta una enorme presión por el aumento poblacional durante el verano, se ha iniciado un proyecto pionero en Europa. Se trata del programa Jourdain, una iniciativa que propone como solución reutilizar las aguas residuales tratadas para volver a llenar con ellas un embalse destinado al abastecimiento de la población local.
La Vendée, reconocida por su extenso litoral vacacional y sus playas de arena, lleva dos décadas lidiando con sequías cada vez más severas. A pesar de contar con programas de ahorro de agua impulsados por el organismo público Vendée Eau, las necesidades de la región ascienden a 50 millones de metros cúbicos de agua potable al año, una cifra difícil de sostener con los recursos disponibles. Las proyecciones climáticas han advertido a las autoridades que la alta dependencia de las aguas superficiales, propensas a la evaporación durante las olas de calor, pone en riesgo de escasez extrema de agua a unos 100.000 habitantes adicionales en los años más secos.
Ante un déficit potencial estimado en 8 millones de metros cúbicos para el horizonte 2025-2030 —lo que equivale al consumo anual de 150.000 personas—, la conclusión es clara: cada gota de agua dulce que termina perdiéndose en el mar representa un valioso recurso económico desperdiciado.
Cinco etapas de purificación
Aquí es donde entra en juego el concepto de reutilización potable indirecta, una estrategia que funciona como una especie de atajo altamente controlado dentro del ciclo urbano del agua. El funcionamiento del programa Jourdain consiste en que, en lugar de verter al océano Atlántico las aguas procedentes de la estación depuradora costera de Les Sables-d’Olonne, ahora estas se recuperan y se someten a un tratamiento avanzado para ser devueltas al sistema antes de que llegue la próxima sequía estival.
Inspirándose en países como Alemania, Bélgica o incluso España, donde ya se utiliza agua regenerada para recargar acuíferos subterráneos, Francia ha decidido ir un paso más allá para incrementar directamente la disponibilidad de sus aguas superficiales. La tecnología detrás de este proyecto incluye un recipiente industrial de ultrafiltración y ósmosis inversa a baja presión que alberga 200 elementos de membrana, complementado con desinfección ultravioleta y cloración. Se trata de un proceso de cinco etapas que elimina por completo la salinidad, los compuestos microbiológicos y los microcontaminantes críticos, como pueden ser los pesticidas y los restos de compuestos farmacéuticos o industriales.
Una vez depurada hasta alcanzar una buena calidad, el agua es conducida a través de una tubería a lo largo de 20 kilómetros hacia el entorno natural del río Januay. En este punto, se vierte en una zona con mucha vegetación y se mezcla con el cauce natural antes de llegar a la planta de potabilización y, finalmente, alimenta el embalse de la zona. Un esquema que establece múltiples y estrictas barreras técnicas y ambientales para asegurar una absoluta protección del suministro.
Un millón de metros cúbicos extra
En cuanto a las cifras macroeconómicas, se prevé que el sistema aporte un volumen adicional de entre 1 y 1,5 millones de metros cúbicos de agua durante los meses críticos que van de mayo a octubre, justo el periodo en que el turismo se dispara. Este volumen equivale a la mitad de la capacidad total de almacenamiento del embalse de Jaunay. A nivel financiero, esto supone blindar la seguridad del suministro en el peor momento del año, salvaguardando la hostelería, la industria y el tejido civil de la región.
Actualmente, las instalaciones del proyecto se encuentran en fase de pruebas, con el compromiso de monitorizar exhaustivamente la unidad operativa durante los próximos tres a cinco años para garantizar que no haya impactos negativos sobre las actividades recreativas o el ecosistema local. Esta fase requiere también un gran trabajo de gobernanza para ganar la confianza de las comunidades locales y de las autoridades sanitarias nacionales.
Fuente: Infobae