La historia de la familia Ferreira no comienza con un expediente judicial, sino con una travesía de supervivencia. Llegaron a Venezuela escapando de la guerra en Europa, y con el paso de los años lograron construir Universal C.A., una empresa dedicada a la fabricación de uniformes y ropa de trabajo. Fundada el 3 de diciembre de 1957, la compañía se convirtió en un pilar del sector textil venezolano. Para el momento en que Héctor Mario Ferreira Domingues fue detenido, la empresa ya acumulaba 65 años de actividad ininterrumpida.
El 9 de septiembre de 2022, efectivos de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) arrestaron a Ferreira, de nacionalidad luso-venezolana, y lo trasladaron al Internado Judicial Rodeo II, en el estado Miranda. La acusación se basó en el testimonio de un supuesto «patriota cooperante» y en fotocopias de comprobantes de pago que, según las autoridades, vinculaban a Universal C.A. con Monómeros Colombo Venezolanos S.A.
El régimen sostenía que existían operaciones irregulares, facturas falsas y una trama de legitimación de capitales. Sin embargo, desde el primer momento, la familia y el equipo legal insistieron en que todo era un montaje, construido con documentos que carecían de la más mínima coherencia comercial.
En el expediente también se vio envuelto Francisco Paparoni, sobrino político de María Teresa de Ferreira y empleado del área de ventas de la empresa. Fue vinculado de manera forzada con el dirigente opositor Carlos Paparoni, únicamente por compartir el apellido. Bajo juramento, Francisco Paparoni declaró ante el tribunal que no tiene ningún contacto con ese familiar político.
La defensa siempre lo calificó como un montaje orquestado por la DGCIM. El objetivo, según los abogados, era demostrar que hubo pagos de Monómeros a Universal Empresa de Uniformes que nunca existieron. La cuenta bancaria a la que se depositó el supuesto dinero no pertenece a la familia Ferreira ni a Paparoni. Además, las facturas físicas presentadas por la fiscalía no coincidían con los documentos originales de la compañía.
Por su parte, Ferreira negó cualquier vínculo con Gina González de La Hoz, señalada en el caso como un supuesto contacto de Monómeros. Aseguró que Universal C.A. nunca realizó operaciones comerciales con esa empresa colombo-venezolana. A pesar de ello, fue condenado y permaneció privado de libertad durante tres años y siete meses, hasta su excarcelación el 21 de abril de 2026.
El botín de guerra
Semanas después del arresto, la ofensiva se trasladó a la sede de la fábrica. El 29 de septiembre de 2022, funcionarios de la DGCIM llegaron a las instalaciones de Universal C.A. Cuando el abogado Héctor Pérez Mora se presentó en el lugar, los agentes le informaron que no se trataba de un allanamiento, sino de una «inspección técnica con expertos de criminalística», sin mostrar ninguna orden judicial.
Los trabajadores fueron desalojados; solo quedó el conserje. Posteriormente, los agentes cambiaron las cerraduras y tomaron el control de las oficinas y talleres. La familia denunció que también fueron incautados bienes, incluido el edificio que pertenecía al padre de los Ferreira.
El proceso judicial avanzó en paralelo con la ocupación de la compañía. La jueza Vanerkis Márquez, del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia de Control con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo, autorizó las actuaciones de la DGCIM. La comisión que ejecutó la medida estuvo integrada por los inspectores Antonio Colmenarez, José Valera, Andree Sánchez, el subinspector Edixon Escobar y los agentes José Núñez, Carmen Fernández, Alexander Carvajal, Ramón Sánchez, Anderson Méndez, Alejandro Suárez, Enrique Hernández, Daniel Rodríguez y Alexander Primera.
Más adelante, el 22 de febrero de 2023, la jueza Claudia López ratificó una medida de incautación y administración especial sobre los bienes muebles e inmuebles de Universal C.A. Fábrica de Uniformes. Para la defensa, esa decisión consolidó el despojo de una empresa privada que, en los hechos, ya estaba bajo el control del aparato de inteligencia del Estado.
Tras la detención de Ferreira, el control operativo de la fábrica pasó al teniente coronel Atilio José Barrios Singer, entonces director de Administración y Logística de la DGCIM. La empresa ocupada fue rebautizada como TextileraDgim. Incluso llegó a operar una cuenta en Instagram con ese nombre —hoy desaparecida— desde la que se ofrecían productos y equipos de la antigua compañía.
Mientras tanto, la familia intentaba demostrar que los pagos atribuidos a Monómeros nunca existieron, que la cuenta bancaria señalada no pertenecía ni a los Ferreira ni a Paparoni, y que las facturas presentadas por la fiscalía no coincidían con los documentos originales de la empresa.
La relación con Monómeros era inexistente. Sin embargo, la juez de Terrorismo Alejandra Verónica Romero no consideró la prueba presentada por la defensa. Las gestiones realizadas ante la Fiscalía de Colombia concluyeron que no había documentos, pagos, licitaciones ni cuentas compartidas que demostraran un vínculo comercial entre Universal C.A. y Monómeros.
Para la familia Ferreira, el caso no solo significó la cárcel para su principal directivo, sino la pérdida del patrimonio construido durante casi siete décadas. También abrió una herida diplomática: durante buena parte del proceso, no obtuvieron respuestas eficaces ni de los organismos venezolanos ni de la representación consular portuguesa en el país. La historia de Universal C.A., nacida del exilio europeo y convertida en un símbolo de trabajo familiar, terminó absorbida por un expediente penal que sus allegados describen como una operación de confiscación y castigo político.
La versión policial
Según el Acta de investigación penal N° DGCIM-DEIPC-AIP 462-22, el 1 de septiembre de 2022, el Inspector José Valera (credencial N° 7067) de la DGCIM, cumpliendo instrucciones de Jeckssie José Figueroa Lira —luego reemplazado por el coronel Ramón Alí Osorio Merchán, director Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas—, procedió a ocuparse de «la información» proporcionada por un «patriota cooperante» que reside «en Colombia».
Según el documento de la DGCIM, el informante les notificó «algunas irregularidades ocurridas en la administración de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A, filial de Pequiven con sede en Barranquilla».
El «patriota cooperante» habría denunciado que se hicieron contrataciones con la empresa Universal, que fabrica uniformes y tiene domicilio en la calle A. Oropeza Castillo, edificio Olimpo, plaza Venezuela, Caracas. Según el acta, la contratación fue «presuntamente para la adquisición de materiales dirigidos a la Asamblea Nacional, logrando obtener una serie de comprobantes de pago emitidos por la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A» y que Monómeros pagó a través del banco Wells Fargo en 2019.
El argumento de la DGCIM es que, en esa fecha, Monómeros era presidida por una junta directiva nombrada por Juan Gerardo Guaidó Márquez. La junta estaba compuesta por: Carmen Elisa Hernández (presidenta); Jorge Yáñez (adjunto a presidencia); y Tobías Carrero Naca (operador financiero).
El acta también detalla que la empresa Universal Fábrica de Uniformes está constituida por: los directivos Mario Ferreira Pascoak, Héctor Mario Ferreira Domingues y Mariela Ferreira Domingues; el comisario Fernando José González Sierra; y la socia María Natalia Domingues de Ferreira.
La DGCIM indica que realizaron un contacto a través de la cuenta de Instagram @uniformesuniversal1957, y recibieron como respuesta un mensaje automático en el que aparecía el nombre de Francisco Paparoni, representante del departamento de ventas.
Allí lo vinculan con «el exdiputado de oposición Carlos Alberto Paparoni Ramírez, del partido Primero Justicia» —a quien la DGCIM califica de «usurpar funciones como comisionado presidencial» de Guaidó— y lo acusan de estar «involucrado en actividades de lavado de dinero proveniente de los robos perpetuados a la empresa Monómeros«, para «financiar campañas políticas y actos de terrorismo».
La DGCIM deduce, por tanto, que la simple relación familiar de Paparoni con el diputado de Primero Justicia «evidencia el desvió de fondos de Monómeros a empresas en territorio venezolano, que tienen vinculación con dirigentes de oposición como es el caso de Carlos Alberto Paparoni Ramírez«.
La causa judicial
El 9 de septiembre de 2022, la DGCIM detuvo a Francisco Javier Paparoni Gásperi y a Héctor Mario Ferreira Domingues.
Por parte del Ministerio Público participaron tres fiscalías: la 22, la 74 y la 73, esta última a cargo de Jean Karin López Ruiz, con el número de investigación MP-187772-2022.
El 11 de septiembre de 2022 se realizó la Audiencia de Presentación ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada.
El 26 de octubre de 2022, las Fiscalías 22, 73 y 74 Nacional del Ministerio Público presentaron acusación formal, imputando a los detenidos por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y utilidad ilegal por actos de la administración.
Pasó un año y medio para que se llevara a cabo la Audiencia Preliminar, el 8 de marzo de 2024, ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control. En esa audiencia se acordó admitir todos los delitos imputados a Ferreira y Paparoni.
La causa fue remitida al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio, con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada. El juicio oral y público comenzó el 5 de agosto de 2023. Tras 25 continuaciones del juicio, el 25 de junio de 2025, el tribunal condenó a Ferreira y Paparoni a 18 años de prisión, al pago de una multa de un millón seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos dólares (1.649.400$), y a la inhabilitación política durante el tiempo de la condena.
La defensa presentó un Recurso de apelación de sentencia, asunto N° 03°JT-139-24, ante la Corte de Apelaciones con Competencia en casos vinculados a delitos asociados al Terrorismo y con competencia para conocer casos con imputación de delitos derivados y conexos asociados a los fenómenos de Corrupción y Delincuencia Organizada a nivel Nacional, con sede en el Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas.
En el tribunal
La jueza del caso es Alejandra Verónica Romero Castillo, del Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia de Juicio con Competencia en Casos Vinculados al Terrorismo a nivel Nacional, con competencia en casos de Corrupción y Delincuencia Organizada del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Los fiscales 73 del Ministerio Público, Martín Colina y Jean Karin López, llevaron la Causa N° 03°JT-139-24.
En este tribunal se acusó a Francisco Javier Paparoni Gásperi y a Héctor Mario Ferreira Domingues. El juicio se abrió el 5 de agosto de 2024. Entre los argumentos de la Fiscalía, se mencionó una supuesta «adquisición de materiales dirigidos a la Asamblea Nacional en el 2019, por la cantidad de 274 mil 900 dólares«.
El expediente relata que el 8 de septiembre de 2022 se solicitó una operación con agente encubierto, para que un funcionario de la DGCIM contactara, a través de Instagram, a la empresa Universal Fábrica de Uniformes. La cuenta posee un enlace que redirecciona al WhatsApp del gerente de ventas, Francisco Paparoni. Al día siguiente, 9 de septiembre, la DGCIM se presentó en la empresa y ejecutó la orden de allanamiento N.° 032-22.
Según la DGCIM, en el lugar del allanamiento y en el teléfono de Paparoni encontraron una imagen «con las mismas características de los comprobantes y recibos de pago emitidos» supuestamente por Universal a Monómeros. Los funcionarios policiales declararon que al lugar del allanamiento llegó el director jefe Héctor Mario Ferreira Domingues, quien afirmó que «nunca le habían vendido mercancía» a Monómeros.
Como los investigadores suponen que Paparoni es familiar del diputado, buscaron las empresas del político localizaron la Sociedad Mercantil Inmaquinco C.A. Solicitaron su allanamiento el 22 de octubre de 2022 y, según el informe, hallaron un recibo de pago por 2,824 dólares americanos, emitido por la empresa Tovar La Pinturería CA (Coworking), cuyo contacto es Gina González de la Hoz, quien era «gerente de compras de Monómeros«.
Fuente: Infobae