Volver a las empresas públicas para la gestión administrativa del Estado es parte de una reestructuración gubernamental “inminente” que ha descrito en su cuenta de la red social X el secretario de Gestión Gubernamental de la Presidencia de la República, Juan Francisco Román.
Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado; personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y, en general, al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado, según la definición que consta en la Ley de Empresas Públicas.
“Vamos a pasar de las estrategias antiguas de empresas públicas a un verdadero sistema corporativo estatal. Si vamos a usar las empresas públicas, que sean eficientes a su máximo potencial. Esto será beneficioso para la reestructuración total del uso quirúrgico de los fondos públicos que deben traducirse en servicios públicos de ultracalidad”, publicó el funcionario el pasado 26 de mayo, cuatro días después de que el presidente de la República, Daniel Noboa, dispusiera la creación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud Pública (AIL EP).
El mismo día, la secretaria de la Administración Pública, Gabinete y Planificación, Cynthia Gellibert, comentó, también en X, que la creación de AIL EP “representa un paso firme hacia un sistema de salud transparente y preparado para responder a las necesidades ciudadanas”.
“La prioridad del presidente es garantizar el acceso continuo a servicios médicos de calidad, fortalecer la logística y el abastecimiento permanente de medicamentos, a través de una gestión eficiente de los recursos públicos. Con la creación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud combatimos las mafias hospitalarias y ponemos fin a la corrupción enquistada en el sistema sanitario”, publicó.
A AIL EP se sumará, en unos meses, otra empresa pública: Ecuador Marítimo EP. Esta se creará luego que concluya el proceso de fusión por absorción de Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Astilleros Navales (Astinave), ordenado por el mandatario.
Esta nueva empresa pública tendrá por objetivo el transporte marítimo/fluvial de hidrocarburos, logística portuaria, construcción naval, cabotaje, comercio exterior e innovación tecnológica, se señala en el decreto.
En el pasado, Noboa fue crítico de la gestión de las empresas públicas. De hecho, impulsó la extinción de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), que fue creada por el gobierno de Rafael Correa, pues decía que se había convertido en una “guarida de la corrupción”.
Esto porque en el mandato de Guillermo Lasso, bajo la conducción de Hernán Luque Lecaro, desde la EMCO se habría armado una red de tráfico de influencias para el reparto de cargos públicos en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), BanEcuador, las aduanas y otras entidades. Lo cual dio origen al caso Encuentro.
Pero ahora todo será distinto, según la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo. “Lo que queremos garantizar es la agilidad, la transparencia. El país no puede conformarse con sobrevivir, tiene que volver a proyectarse (…). Existe una visión clara, sabemos a dónde queremos llegar y estamos trabajando en ello. Las instituciones pueden funcionar cuando se tiene a servidores públicos que estén para servir, no para servirse”, señaló la funcionaria sobre el tema en una entrevista con EL UNIVERSO.
La Ley de Empresas Públicas vigente indica que estas serán manejadas por un directorio, que a su vez nombra a un gerente general.
Pero desde que esta se aprobó en 2009, la composición de dicho directorio sufrió algunos cambios.
Inicialmente, el directorio de las empresas públicas estaba conformado por el ministro del área relacionada, que lo presidía; un delegado del presidente de la República, que era el presidente de la EMCO o su representante, y otro de la desaparecida Secretaría Nacional de Planificación.
En mayo de 2017, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al artículo 7 de la norma, con la cual se cambió la integración de los directorios.
El presidente del directorio de la EMCO pasó a ser presidente de los directorios de las empresas públicas. Los cuerpos colegiados se completaban con el ministro del área o su delegado (que ya no los presidía) y un delegado del mandatario, dejando afuera a la Senplades.
Luego, el 18 de agosto de 2018, Lenín Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 462, con el cual zanjaba una contradicción de la Ley de Empresas Públicas reformada: si bien en el artículo 7 decía que el presidente del directorio de EMCO era el presidente de los directorios de todas las empresas públicas, el artículo 8 mantenía la disposición anterior que le daba ese cargo al ministro del ramo.
Moreno alegó que el Código Orgánico Administrativo le daba la potestad de organizar las entidades de la administración pública como considere pertinente y, por ello, decidió que se continuaría aplicando conforme lo indicaba el artículo 8, es decir, con el ministro del ramo a la cabeza.
En enero de 2025, en la Ley Orgánica de Competitividad Energética se realizó nuevamente una reforma a la Ley de Empresas Públicas, en la que se volvió a la composición inicial.
La norma dice: “Para el caso de empresas creadas por la Función Ejecutiva (estarán integradas por):
- La o el titular del ministerio del ramo correspondiente, o su delegada o delegado permanente, quien lo presidirá.
- Una o un delegado permanente de la presidenta o presidente de la República.
- La máxima autoridad o el delegado de la Secretaría Nacional de Planificación”.
Y justamente fue basado en esa reforma que Noboa se nombró a sí mismo —por esas mismas fechas— como miembro permanente de los directorios de Petroecuador, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).
Algo que todavía se mantiene, por ejemplo, en Petroecuador, donde Noboa es su propio delegado; el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, lo preside; y Cynthia Gellibert participa como secretaria de la Administración.
En los decretos de creación de las dos nuevas empresas públicas (AIL EP y Ecumar EP) se explica que sus directorios estarán presididos, en su orden, por los titulares de las carteras de Salud y de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y se completarán con el delegado permanente del presidente de la República y el secretario de la Administración Pública, Gabinete y Planificación (la Senplades fue absorbida por la Secretaría de la Administración el año pasado).
La designación del gerente debe realizarse según lo indicado en el artículo 9 de la Ley de Empresas Públicas; es decir, de una terna presentada por el presidente del directorio, o sea, del ministro del ramo.
En el decreto de AIL EP se indica, asimismo, que dicho gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública y será responsable de la gestión comercial, económica, financiera, administrativa, técnica y operativa. Y que se debe dedicar a tiempo completo y de forma exclusiva a esa tarea. (I)