El 43% de los hogares en España ocupa viviendas construidas antes de 1981, un dato que refleja un parque residencial envejecido y con graves carencias de eficiencia energética. Así lo revela el Observatorio de Vivienda Asequible (Provivienda), que alerta sobre la mayor exposición de estas familias a las condiciones climáticas extremas y las dificultades para emprender reformas de rehabilitación.
El informe, que por primera vez incorpora datos del Módulo de Vivienda y Entorno de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025, evidencia una fuerte desigualdad social. De acuerdo con Provivienda, el 50,7% de los hogares del quintil de menor renta reside en inmuebles anteriores a 1981 o que no han recibido una reforma sustancial desde entonces. En contraste, en el quintil de mayor renta, esta cifra baja al 35,9%.
La antigüedad de las construcciones no es un dato menor. La normativa de eficiencia energética en edificación no llegó a España hasta 1980, con las primeras exigencias de aislamiento térmico. Por ello, los edificios levantados antes de esa fecha carecen de protecciones básicas contra el frío y el calor, lo que los convierte en trampas térmicas durante las olas de calor o las heladas. Provivienda vincula directamente esta situación con dos marcos de política pública: el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, centrado en la rehabilitación energética, y la Estrategia de Desarrollo Sostenible Revisada hacia 2030.
Un parque de vivienda envejecido que castiga a los más pobres
La media nacional esconde una realidad fragmentada. En el tramo de edificios más antiguos, los construidos antes de 1961, vive el 18,2% de los hogares con menos ingresos, frente al 11,2% del quintil más alto. Esta diferencia no es casual: los inmuebles previos a 1981 se erigieron sin exigencias térmicas relevantes y ahora soportan peor las inclemencias del tiempo.
El indicador central que maneja la entidad es la necesidad declarada de mejoras de eficiencia energética no realizadas. Aunque se trata de una autodeclaración y no de una auditoría técnica, permite localizar carencias reconocidas que continúan sin resolverse. A nivel nacional, el 34,4% de los hogares afirma requerir esas mejoras sin haberlas ejecutado. La proporción varía sensiblemente según la comunidad autónoma y el régimen de tenencia de la vivienda.
Provivienda describe además un problema de incentivos divididos: el propietario asume el coste de la rehabilitación, mientras que el beneficio inmediato —una factura energética más baja y mayor confort térmico— lo disfruta el inquilino. Cuando ambas figuras no coinciden, las obras se postergan. En este contexto, el alquiler concentra hogares con menos renta y menor margen para exigir mejoras, lo que refuerza el estancamiento.
Brecha entre inmuebles antiguos y recientes
La distancia entre edificios antiguos y modernos es abismal. Entre los construidos antes de 1961 y los levantados desde 2011 hay 24,6 puntos porcentuales de diferencia en necesidad de mejoras energéticas no cubiertas. De hecho, residir en un edificio previo a 1961 multiplica por 2,5 la probabilidad de tener esa necesidad respecto a vivir en uno posterior a 2011.
La distribución territorial también es desigual. Las regiones con mayor necesidad declarada son:
- Extremadura: 41%
- Andalucía y Castilla-La Mancha: 39,6%
- Galicia: 38,3%
- Ceuta: 37,6%
- Madrid: 36,4%
En el lado opuesto, las comunidades con menor necesidad son País Vasco (24,8%), Canarias (25,8%) y La Rioja (26,8%).
El coste como barrera principal
Según Provivienda, el coste es el obstáculo dominante para acometer las reformas. A nivel nacional, el 76,2% de los propietarios con necesidad no cubierta lo señala como la principal traba. En los edificios anteriores a 1961, esa proporción asciende al 80,6%. La entidad sostiene que, en los quintiles de renta más bajos, este freno financiero adquiere un carácter casi único. En el quintil más alto aparecen con más peso otras razones, como “otras razones” (19,8%) y la “falta de interés” (11%).
Daños climáticos: una aparente igualdad que esconde desigualdad
El 9,2% de los hogares declara haber sufrido daños por fenómenos climáticos extremos, con una distribución por quintiles casi plana, entre el 9% y el 9,6%. Para Provivienda, esta aparente igualdad no significa que la vulnerabilidad sea la misma. La entidad advierte que ese indicador no mide bien la vulnerabilidad climática, ya que registra si el evento ocurrió, pero no la capacidad de anticiparse, asegurar la vivienda, reparar los daños o recuperarse después. Esa capacidad, añade, sí está claramente estratificada por renta.
La desigualdad emerge con nitidez en el mapa territorial. El observatorio sitúa los niveles más altos de daños en comunidades del arco mediterráneo y de la cuenca atlántica gallega. Esta distribución se relaciona con eventos como la dana de Valencia de 2024, la sucesión de olas de calor en el sur y los temporales atlánticos en Galicia.
Castilla-La Mancha encabeza la lista, una posición que el texto atribuye probablemente a la combinación de episodios térmicos extremos en verano y lluvias torrenciales en las cuencas del Tajo y el Júcar. La nota metodológica precisa que todos los indicadores proceden de tablas agregadas publicadas por el INE a partir del módulo ECV 2025 y no de microdatos, según Provivienda.
Fuente: Infobae