El departamento del Guaviare vive una crisis humanitaria luego de que se confirmara la muerte de 48 personas durante un fuerte enfrentamiento armado en la zona rural de San José del Guaviare. Los combates se registran entre las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, según información conocida por Revista Semana.
La emergencia se concentra en la vereda Barranco Colorado y el corregimiento de Charras Boquerón. Allí, las comunidades quedaron atrapadas en medio de los intercambios de disparos que comenzaron a principios de esta semana, generando una situación de alto riesgo para los habitantes.
El gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, ha hecho un llamado urgente al Gobierno nacional para que refuerce la atención a la población afectada. El mandatario advirtió que la situación de orden público sigue siendo crítica por el temor que generan los enfrentamientos armados. Las comunidades reportaron que integrantes heridos de los grupos ilegales han llegado hasta las viviendas rurales buscando auxilio.
“Hemos escuchado de la comunidad que algunos guerrilleros heridos han llegado a las casas, a algunas veredas vecinas solicitando ayuda, solicitando apoyo, también huyendo de este enfrentamiento”, afirmó Rojas.
Comunidades confinadas por temor a los disparos
El gobernador explicó que los combates han provocado restricciones de movilidad en varias zonas rurales, afectando especialmente a las comunidades indígenas asentadas en el territorio. Numerosos habitantes permanecen confinados por miedo a quedar en medio de los intercambios de disparos entre las estructuras armadas ilegales, que disputan el control de la región.
El ambiente de zozobra se mantiene en varias veredas cercanas al lugar de los enfrentamientos. Rojas pidió apoyo institucional para atender las necesidades humanitarias. Las comunidades indígenas han tenido que agruparse para protegerse del riesgo que representa la confrontación armada en áreas cercanas a sus territorios, reiteró el mandatario.
La prioridad, según Rojas, es garantizar la protección de la población civil y facilitar la atención a quienes han resultado afectados por la violencia.
Recuperación de los cuerpos, sin presencia militar
El gobernador también detalló cómo se llevó a cabo la recuperación de los cuerpos hallados tras los combates entre las dos facciones de las disidencias. De acuerdo con su relato, fueron los propios habitantes de la zona quienes inicialmente levantaron los cadáveres y los concentraron en la vereda La Siberia, mientras se coordinaba una misión humanitaria.
Las comunidades solicitaron expresamente que el procedimiento se realizara sin presencia de la fuerza pública. Por esa razón, se conformó una comisión integrada por autoridades civiles y organismos humanitarios para adelantar la recuperación de los cuerpos.
“Por solicitud de la comunidad de que no hubiera presencia de la fuerza pública, se tomó la decisión de conformar una misión humanitaria”, explicó Rojas. La misión estuvo integrada por representantes de la Gobernación del Guaviare, la Alcaldía municipal, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Defensoría del Pueblo y organismos de socorro.
El traslado de los cadáveres se realizó mediante una compleja operación que incluyó recorridos fluviales y desplazamientos terrestres a través de zonas selváticas del departamento. Posteriormente, los cuerpos fueron llevados hasta San José del Guaviare y entregados a Medicina Legal para adelantar los procesos de identificación y los procedimientos forenses correspondientes.
Gobierno califica los hechos como una masacre
Tras conocerse la magnitud de la tragedia, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, calificó lo ocurrido como un crimen de extrema gravedad. El funcionario aseguró que la información conocida apunta a la comisión de delitos que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El ministro señaló que entre las víctimas habría menores de edad vinculados a estructuras armadas ilegales mediante procesos de reclutamiento forzado, una situación que agrava la dimensión humanitaria de los hechos. Los reportes muestran un escenario de violencia sistemática que afecta directamente a la población civil y evidencia las consecuencias del reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.
Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido, las autoridades departamentales mantienen el llamado al Gobierno nacional para fortalecer la atención humanitaria en las zonas afectadas y garantizar la protección de las comunidades que continúan expuestas a la confrontación entre las disidencias.
Fuente: Infobae