La Comisión de Seguridad Integral continuó este jueves 28 de mayo con el tratamiento del informe para primer debate de reformas legislativas orientadas al fortalecimiento del sistema de seguridad del país, el control penitenciario y la garantía de derechos en casos de personas desaparecidas.
En el marco de esta hoja de ruta, se recibieron aportes técnicos de especialistas en seguridad y derechos humanos.
El primer tema de análisis fue el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de Inteligencia, para Combatir las Telecomunicaciones No Autorizadas desde Centros de Privación de Libertad. En este punto, se contó con los aportes de Katherine Herrera, experta en seguridad.
La especialista destacó como positivo el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria y la incorporación de herramientas tecnológicas para inhibir comunicaciones ilícitas desde los centros de reclusión. No obstante, señaló que la reforma no debe centrarse únicamente en el control tecnológico, sino que debe complementarse con la recuperación efectiva del mando institucional y con acciones decididas para enfrentar la corrupción dentro del sistema penitenciario.
En cuanto al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, se recogieron las observaciones del experto en derechos humanos Nikky Sánchez y del docente Efrén Guerrero.
Sánchez propuso la creación de una comisión nacional autónoma para la búsqueda de personas desaparecidas, independiente de la Fiscalía y la Policía Nacional, además de establecer plazos obligatorios de actuación y mecanismos de trazabilidad y control que eviten conflictos de interés en los procesos de búsqueda.
Por su parte, Guerrero enfatizó la necesidad de incorporar enfoques de interseccionalidad, mecanismos de actuación inmediata, controles judiciales efectivos y sanciones frente a la alteración u ocultamiento de registros en investigaciones de desaparición.
La comisión continúa con el debate de estas reformas, orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar la capacidad institucional del Estado y garantizar el respeto de los derechos humanos en los procesos de investigación y justicia.
JC
LV