La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales avocó conocimiento de los proyectos de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), presentados por las asambleístas Cecilia Baltazar y Ana Belén Tapia. En ese contexto, las legisladoras expusieron ante la mesa legislativa los alcances de sus propuestas.
Baltazar explicó que la iniciativa contempla varios ejes como la profundización de la interculturalidad en la educación superior, en concordancia con los principios constitucionales de plurinacionalidad; la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente hacia estudiantes con discapacidad; y la garantía de condiciones laborales dignas para el personal docente, incluyendo cargas horarias equitativas y el respeto a la libertad de expresión en universidades públicas y privadas.
Asimismo, mencionó que se propone la creación de mecanismos de prevención y erradicación del acoso en el entorno universitario; el fortalecimiento de la autonomía universitaria mediante una asignación presupuestaria oportuna; y el uso responsable de los recursos institucionales. También se promueve la autonomía patrimonial de las instituciones de educación superior, la prohibición del nepotismo en la gestión pública universitaria y el fortalecimiento de un gobierno universitario meritocrático, transparente y participativo.
Adicionalmente, se refuerzan los mecanismos para asegurar la calidad académica, evitando la oferta de programas de baja calidad y el funcionamiento de instituciones que no cumplan los estándares establecidos.
Por su parte, el proyecto de Tapia contempla reformas que incluyen la actualización del Consejo de Educación Superior (CES) mediante la incorporación del ente rector del trabajo y servicio público, así como la habilitación de la docencia cruzada para que docentes de institutos técnicos y tecnológicos puedan impartir clases en el bachillerato técnico, cumpliendo requisitos pedagógicos.
Además, plantea la implementación de un régimen especial de compras públicas para universidades públicas que promueva la eficiencia y transparencia; la regulación estricta de aranceles y matrículas en instituciones particulares para evitar cobros indebidos; y una normativa clara sobre títulos honoríficos, los cuales no constituyen grados académicos ni habilitan profesionalmente. También establece la prohibición de la oferta educativa no autorizada, sancionando a quienes promocionen o ejecuten programas de educación superior sin autorización. Finalmente, la mesa legislativa anunció que continuará con el análisis en la próxima sesión.