La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó, con nueve votos afirmativos, el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para Garantizar los Derechos y Promover el Empoderamiento de las Mujeres Rurales, iniciativa orientada a reconocer, proteger y fortalecer los derechos de miles de mujeres que sostienen las economías rurales y la soberanía alimentaria del Ecuador.
La propuesta legislativa parte del reconocimiento de que las mujeres rurales cumplen un rol fundamental en la producción agrícola, la defensa de la tierra y el desarrollo comunitario; sin embargo, continúan enfrentando múltiples formas de discriminación, exclusión y violencia. Además, advierte que las crisis económicas, sociales y climáticas afectan de manera desproporcionada a este sector.
El documento enfatiza que esta realidad debe traducirse en acciones integrales y permanentes, evitando que las políticas públicas dirigidas a las mujeres rurales dependan de los cambios de gobierno. Por ello, plantea garantizar sus derechos mediante una normativa con rango de ley.
La comisión sustentó el informe en disposiciones de la Constitución, especialmente en temas relacionados con los derechos de participación y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con énfasis en las mujeres rurales. Asimismo, se consideraron instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Entre las principales conclusiones se señala que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de erradicar la discriminación estructural que afecta a las mujeres rurales. El informe evidencia brechas en acceso a la tierra, educación, participación política y oportunidades económicas. Según los datos analizados, apenas el 25 % de las unidades productivas están en manos de mujeres, mientras persisten altos índices de pobreza, violencia de género y sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado.
Durante la socialización del proyecto se recibieron aportes de instituciones y organizaciones como Conagopare, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (vigente al momento del tratamiento), ONU Mujeres y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El presidente de la mesa legislativa, Jaime Estrada, destacó el trabajo realizado en territorio y el proceso de construcción participativa del proyecto. “Hemos visitado varias provincias, recibido recomendaciones de actores sociales y de mujeres rurales que hoy forman parte de este articulado. Esta ley busca mejorar sus condiciones de vida y convertir la igualdad en una política pública real para la ruralidad”, afirmó.
Por su parte, el asambleísta Héctor Rodríguez, quien mocionó la aprobación del informe, resaltó el trabajo desarrollado a escala nacional mediante mesas de diálogo y talleres. Señaló que ser mujer y vivir en el campo continúa representando mayores dificultades para acceder a educación, servicios básicos y oportunidades para superar la pobreza.
Finalmente, la comisión recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar el informe para segundo debate, al considerar que esta ley constituye una herramienta urgente y necesaria para avanzar hacia la igualdad, el reconocimiento y el empoderamiento de las mujeres rurales del Ecuador.
RSA