El combate a la desnutrición crónica infantil en Ecuador se encuentra en un punto crítico de fiscalización. Documentos oficiales del Ministerio de Desarrollo Humano revelan una compleja realidad: mientras el Estado articula un presupuesto que supera los USD 478 millones para este fin, las tasas de prevalencia se mantienen estancadas en niveles preocupantes, especialmente en las zonas más vulnerables del país.
La asambleísta Eliana Correa ha calificado la desnutrición crónica infantil como una de las problemáticas de salud pública más “severas y persistentes” en el territorio nacional. Según las cifras proyectadas para 2026 y los datos consolidados de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI) 2024, la prevalencia de este problema en menores de dos años afecta aproximadamente al 19.3% de la infancia en Ecuador.
Sin embargo, el panorama es aún más sombrío en ciertas regiones. El informe técnico Nro. 2026-MDH-VER-MAYO-0004 detalla “picos alarmantes” en provincias de la Sierra Central y la Costa.
Con corte al primer trimestre de 2026, las cifras del Sistema Unificado y Universal de Seguimiento Nominal (Suusen) muestran que provincias como Chimborazo (26%) y Santa Elena (26.3%) presentan las tasas más críticas del país, comprometiendo el desarrollo cognitivo y físico de miles de niños.
El laberinto del dinero: ¿cuánto se gasta y en qué?
En términos financieros, el Estado ha movilizado una maquinaria económica considerable. Según el informe técnico del ministerio, el presupuesto total articulado, al 11 de mayo de 2026, asciende a USD 478.549.587. Esta inversión se distribuye principalmente entre tres instituciones:
- Ministerio de Desarrollo Humano: USD 334,23 millones.
- Ministerio de Salud Pública: USD 140,21 millones.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC): USD 4,10 millones.
A pesar de esta inversión social, proyectada originalmente en USD 469 millones para el ejercicio fiscal, la asambleísta Eliana Correa ha cuestionado —en un oficio enviado a la Cartera de Estado— si estos recursos están llegando efectivamente a los territorios más vulnerables, señalando que existe una preocupante “fragmentación en la ejecución de recursos” y una persistente “falta de acceso a agua segura” que anula los esfuerzos nutricionales.
No hay costo por beneficiario
Uno de los hallazgos más polémicos detectados, en los documentos presentados por el ministerio a la legisladora, es la incapacidad del Estado para determinar el gasto exacto por cada menor afectado.
Ante el requerimiento legislativo sobre el monto anual que el Estado destina por cada niño con diagnóstico de desnutrición, la respuesta oficial del Ministerio de Desarrollo Humano señala que “no es posible identificar un costo exacto de inversión anual por cada niña o niño”.
Según la institución, los recursos se destinan al financiamiento integral de programas y servicios para el “paquete priorizado” (salud, nutrición, desarrollo infantil) para todos los niños menores de dos años, y no a una asignación individualizada basada exclusivamente en un diagnóstico.
Convenios sin dinero y ejecución de “Misión Ternura”
Otro aspecto que resalta en los registros es la naturaleza de la cooperación internacional y nacional. El ministerio reporta una serie de convenios vigentes con organismos como Unicef, Redni, Fundación AVSI y Plan International, pero aclara que la gran mayoría se han suscrito “sin erogación de recursos”.
Estos instrumentos se limitan a la cooperación técnica, articulación y fortalecimiento de capacidades, sin que impliquen desembolsos financieros directos para la Cartera de Estado.
Por su parte, el proyecto emblemático “Misión Ternura”, ejecutado a través del servicio Creciendo con Nuestros Hijos, reporta un presupuesto codificado de USD 11,65 millones para 2026. A mediados de mayo, este proyecto presentaba una ejecución (devengado) de USD 6,98 millones, lo que representa un avance del 60%.