En seis años, se registraron 45 ataques contra servidores judiciales, incluidos operadores de justicia y funcionarios. De esos hechos se derivaron 27 asesinatos.
Cifras del ODJ
Hasta el 13 de mayo de 2026, el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) contabilizó 43 ataques. El último caso incluido en ese registro fue el de la jueza de garantías penales Lady Gissela Pachar Huanga.
La jueza fue asesinada a tiros el 11 de mayo de 2026, en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, en medio del estado de excepción decretado en el país.
Según la información oficial, dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo en el que se movilizaba hacia un gimnasio y dispararon múltiples veces contra ella, provocando su muerte inmediata.
La magistrada había recibido amenazas y formaba parte del sistema de protección de víctimas y testigos, además de contar con resguardo de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional (Dinpro), según confirmó en su momento Renato González, jefe policial de El Oro.
Pachar tenía un perfil de riesgo medio y custodia policial asignada desde octubre de 2025 debido a amenazas previas. Sin embargo, al momento del ataque no contaba con el resguardo policial asignado, situación que forma parte de las investigaciones.
Dos crímenes más
A ese caso se sumaron, el 22 de mayo de 2026, los asesinatos de dos funcionarios de la Fiscalía Provincial de Manabí, ocurridos en el barrio Jocay, en la ciudad de Manta. El hecho se registró cuando sujetos armados interceptaron el vehículo en el que se trasladaban los dos servidores judiciales.
Las víctimas fueron identificadas como César Enrique Velásquez Párraga y Víctor Fernando Pico Párraga, quienes trabajaban como secretarios de la institución.
Tras lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado expresó sus condolencias a familiares y compañeros de los funcionarios e informó que continuaban las diligencias para esclarecer el caso.
Como parte de esas investigaciones, el 26 de mayo de 2026 se realizó un allanamiento en las instalaciones de la Fiscalía de Manta, con el objetivo de determinar cómo ocurrió el crimen y establecer posibles responsables o vínculos relacionados con el hecho.
2024 fue el año más violento
Según el ODJ, 2024 se convirtió en el año más violento para la Función Judicial, con 14 incidentes registrados: siete asesinatos, cinco tentativas de asesinato y dos ataques armados contra dependencias judiciales.
Desde 2020, los fiscales han sido las principales víctimas de ataques perpetrados por sicarios. De acuerdo con estadísticas del ODJ, 12 fiscales han sido asesinados, además de ocho funcionarios de Fiscalía, cuatro jueces y cuatro funcionarios judiciales.
75 fiscales con medidas de seguridad
En su Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al período enero-diciembre de 2025, el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, indicó que, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Comandancia General de la Policía Nacional, a través de la Dinpro, se mantiene un seguimiento permanente a las solicitudes de seguridad realizadas a escala nacional.
Según el informe, se gestionaron 330 trámites a favor de funcionarios de la Fiscalía General del Estado, de los cuales 75 agentes fiscales cuentan actualmente con medidas de seguridad proporcionadas por la Dinpro.
La Fiscalía cuenta con un total de 870 agentes fiscales. Cada uno dispone de un equipo de apoyo integrado por asistentes y secretarios.
No obstante, según Alarcón, existe un déficit de al menos 631 agentes fiscales para cumplir con el estándar internacional de ocho fiscales por cada 100.000 habitantes. Con corte al 31 de diciembre de 2025, Ecuador registraba una tasa de 4,87 fiscales por cada 100.000 habitantes.
Mesas de trabajo
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ), a través de su vocero Alexander Barahona, advirtió que administrar justicia se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
En una entrevista con Radio Pichincha, Barahona señaló que la semana pasada la Asociación y el Consejo de la Judicatura participaron en una mesa de trabajo donde se expuso la inexistencia de una unidad de riesgo que articule los procedimientos burocráticos al momento de solicitar protección para funcionarios judiciales.
El representante gremial sostuvo que un juez que no cuenta con garantías de seguridad puede quedar expuesto a amenazas, intimidaciones o presiones que terminen influyendo en sus decisiones.
En 2024 se planteó contratar seguros de vida
La AEMAJ también había advertido sobre más de 20 muertes en seis años. Incluso, en enero de 2024, cuando se registró el año más violento por atentados contra funcionarios judiciales, la entonces fiscal general del Estado, Diana Salazar, mencionó la posibilidad de contratar seguros de vida para fiscales y servidores judiciales.
En ese momento, se esperaba un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo sobre la normativa que regularía la contratación de seguros de vida para fiscales y funcionarios, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad del personal de la institución.
En 2024, 62 agentes fiscales solicitaron protección y resguardo. De ellos, 12 recibieron seguridad por parte del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional y 50 ingresaron al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos. Actualmente, el número de fiscales con medidas de protección asciende a 75.
Para el ODJ, la problemática debe ser abordada mediante mesas técnicas que permitan coordinar acciones entre las instituciones responsables de la seguridad y la administración de justicia.
Radio Pichincha
LV