El fallecimiento de “La Bonita”, una mujer trans de 23 años que había sido trasladada a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena, ocurrió el miércoles 27 de mayo de 2026 y fue confirmado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) a las 18:10. Según la versión preliminar de la institución, la causa sería una “muerte natural”, aunque hasta el momento no se han hecho públicos los resultados de la autopsia ni los informes forenses.
La Asociación Silueta X, a través del Observatorio Runa Sipiy, alertó que la joven murió sin sentencia ejecutoriada en uno de los centros penitenciarios más cuestionados del país y denunció que no existen evidencias públicas de que se hayan aplicado protocolos de género durante su reclusión.
Procesos judiciales y traslados penitenciarios
De acuerdo con información recopilada por el Observatorio Runa Sipiy, “La Bonita”, originaria de Machala, provincia de El Oro, registraba tres procesos penales.
El primero ocurrió el 26 de agosto de 2021, por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
Posteriormente, el 21 de enero de 2024, fue detenida durante un operativo en el sector Los Vergeles, en Machala. Según el expediente judicial, en el procedimiento se reportó el hallazgo de sobres con presunta cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular. La joven aceptó someterse a un procedimiento abreviado y recibió una sentencia de dos años de prisión.
Desde entonces permaneció recluida en el centro penitenciario de Machala.
En documentos judiciales consta además que, antes de uno de los registros carcelarios, declaró identificarse como mujer. Para Silueta X, esa autodeclaración activaba la obligación estatal de aplicar protocolos diferenciados de atención y seguridad con perspectiva de género.
El tercer proceso penal se abrió el 2 de septiembre de 2025, cuando —según reportes penitenciarios— agentes encontraron cuatro envolturas con una sustancia blanquecina mientras regresaba del dispensario médico del centro carcelario de Machala. La defensa cuestionó que nunca se determinó cómo habría ingresado la sustancia al interior del penal.
Aunque ese proceso no tenía sentencia ejecutoriada, el 11 de febrero de 2026 fue trasladada a El Encuentro, una cárcel de máxima seguridad ubicada en Santa Elena.
Tres meses después murió bajo custodia estatal.
“El Estado era responsable de su vida”
El Observatorio Runa Sipiy sostiene que la muerte de “La Bonita” implica una responsabilidad agravada del Estado ecuatoriano.
La organización argumenta que, al no existir sentencia firme sobre el último proceso, la joven permanecía privada de libertad bajo una medida aún no ejecutoriada, por lo que el Estado tenía obligaciones reforzadas de protección conforme a la Constitución ecuatoriana, la Convención Americana de Derechos Humanos y las Reglas Mandela de Naciones Unidas.
“La Bonita murió sin condena firme. El Estado la tenía bajo su custodia, conocía su identidad de género —porque consta en su propio expediente— y era responsable de su vida”, señaló Diane Rodríguez, representante de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+.
Para Zackary Elías, director adjunto de Silueta X, el caso debe investigarse bajo estándares internacionales de derechos humanos.
“Una mujer trans recluida en máxima seguridad, sin sentencia firme y sin protocolo de género documentado, no era invisible: era responsabilidad del Estado”, sostuvo.
Muertes en El Encuentro
La muerte de “La Bonita” no es un hecho aislado.
Según el Observatorio Runa Sipiy, se trata de la tercera muerte registrada en la cárcel El Encuentro en pocas semanas y la segunda en menos de 12 días.
La organización advierte que este patrón supera lo que podría considerarse una eventualidad estadística y obliga al Estado a investigar posibles fallas estructurales dentro del centro penitenciario.
Entre las preocupaciones están las condiciones de reclusión, el acceso a atención médica, los protocolos de seguridad y la protección de personas LGBT+ privadas de libertad.
La organización también recuerda que las Reglas de Bangkok de Naciones Unidas establecen lineamientos específicos para el tratamiento de mujeres privadas de libertad, incluidos criterios de protección aplicables a mujeres trans.
Hasta ahora, el SNAI no ha informado públicamente si esos protocolos fueron implementados en este caso.
Exigen investigaciones y resultados públicos
Frente a la muerte de la joven, Silueta X y el Observatorio Runa Sipiy solicitaron a la Fiscalía General del Estado abrir una investigación de oficio bajo el Protocolo de Minnesota sobre Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.
Además, exigieron que los resultados de la autopsia sean públicos.
También pidieron al SNAI informar las condiciones de reclusión de “La Bonita”, explicar las razones de su traslado a El Encuentro y detallar si existieron registros médicos previos al fallecimiento.
La organización anunció además que notificará el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que sea incorporado en el monitoreo regional sobre muertes de personas trans bajo custodia estatal.
Un patrón de violencia contra personas trans
El Observatorio Runa Sipiy sostiene que la provincia de El Oro se mantiene como uno de los territorios con mayores niveles de violencia hacia personas trans en Ecuador.
Según la organización, la crisis carcelaria y el conflicto armado interno declarado en 2024 han profundizado los escenarios de vulnerabilidad para la población LGBT+ dentro del sistema penitenciario.
En ausencia de cifras oficiales estatales, el observatorio se ha convertido en uno de los principales sistemas comunitarios de monitoreo de muertes violentas de personas LGBT+ en Ecuador.
Mientras avanzan las investigaciones, familiares, organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos esperan respuestas claras sobre qué ocurrió dentro de una de las cárceles más controladas del país y por qué una mujer trans de 23 años murió bajo custodia estatal sin que hasta ahora existan explicaciones concluyentes.