Este 27 de mayo de 2026, la Asamblea Nacional llevó a cabo el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, una iniciativa del Ejecutivo que busca frenar la cooptación de menores por parte de estructuras criminales.
Si bien existe un consenso general sobre la urgencia de proteger a la infancia, el debate estuvo marcado por fuertes cuestionamientos respecto a:
- La falta de presupuesto
- La transferencia de competencias a los municipios
- El enfoque punitivo de la norma.
El endurecimiento de penas bajo la lupa
La propuesta central de la reforma es el incremento de las sanciones penales, elevando las penas por reclutamiento en conflictos armados o con fines delictivos hasta un máximo de 26 años de prisión. Mientras la bancada oficialista (ADN) defiende esta medida como un golpe necesario contra el “terrorismo” que abusa de la inocencia infantil, asambleístas de la oposición advierten que la represión punitiva por sí sola no soluciona el problema.
La legisladora Diana Jácome (ADN), presidenta de la Comisión de Transparencia, lideró la defensa del proyecto, calificando al crimen organizado como el “verdadero enemigo” que abusa de la inocencia infantil. Jácome destacó que el reclutamiento ya no solo ocurre en las calles, sino a través de redes sociales y videojuegos, por lo que la ley contempla el bloqueo de contenidos de captación y la entrega de becas para menores rescatados.
En la misma línea, Camila León (ADN) sostuvo que el terrorismo debe combatirse con todo el peso de la ley. Señaló que, aunque los menores son víctimas, deben existir consecuencias cuando actúan como victimarios para garantizar justicia a las familias afectadas. Por su parte, Ana Belén Tapia (ADN), como es de costumbre, defendió la gestión del Gobierno. Aseguró que en 2025 se reinsertaron más de 47.000 niños al sistema educativo en lo que va de 2026 para fortalecer los departamentos de consejería estudiantil (DECE).
Argumentos de la Revolución Ciudadana
Desde la bancada de Revolución Ciudadana (RC), se señaló que el proyecto prioriza el castigo sobre la prevención real y que se corre el riesgo de criminalizar a los menores, quienes deben ser vistos siempre como víctimas de la delincuencia organizada y no como victimarios.
Por ejemplo, Verónica Íñiguez (RC) tildó el proyecto de “cortina de humo” y “retórica legislativa”. Denunció que el país enfrenta un déficit de 64.000 docentes y que cerca de 450.000 menores están fuera del sistema escolar, lo que los deja a merced de las bandas. De igual modo, criticó la desvinculación de personal médico y la crisis en salud mental, elementos que la ley pretende usar como herramientas de prevención sin asignarles presupuesto nuevo.
Asimismo, Viviana Veloz (RC) aportó cifras alarmantes de Unicef: entre 2019 y 2024, los homicidios de menores aumentaron un 627.5%, con una tasa de asesinatos en provincias como El Oro que alcanza los 46.3 por cada 100.000 adolescentes. Veloz propuso que el reclutamiento se tipifique como un delito autónomo y exigió la creación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana para detectar la deserción escolar y la violencia intrafamiliar.
Por su parte, Pamela Aguirre (RC) recordó que el reclutamiento nunca es voluntario, sino forzado por la violencia o la pobreza. Criticó que programas como “Da Dignidad” o los centros de alto rendimiento en provincias como Esmeraldas estén cerrados, restando espacios de protección real para la infancia.
La disputa por las competencias municipales
El rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) generó una división en el Pleno. El oficialismo destacó la importancia de que los municipios activen alertas tempranas, controlen el uso de suelo (especialmente locales de venta de licor y drogas cerca de escuelas) y recuperen espacios públicos.
Sin embargo, otros legisladores calificaron como una “contradicción” exigir más responsabilidades a los municipios mientras se les recortan presupuestos y se debilita la inversión social. Argumentaron que la seguridad y la política pública integral son competencias exclusivas del Gobierno Central y que no se debe trasladar esta carga financiera a las alcaldías.
El legislador Ricardo Patiño (RC) advirtió que el propio informe de la ley reconoce que el Estado carece de rutas operativas y sistemas de alerta, por lo que la ley podría terminar “sobrecargando al Estado sin fortalecerlo”.
Propuestas presentadas
El proyecto también introduce la prevención digital. Reconoce que redes sociales como TikTok y plataformas de videojuegos son ahora herramientas de adoctrinamiento y captación. Entre las propuestas presentadas para el segundo debate se encuentran:
- Creación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana para identificar deserción escolar y violencia intrafamiliar.
- Implementación de denuncias anónimas y reservadas para proteger a las familias que temen represalias de las bandas.
- Fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la trata de menores vinculada al reclutamiento.
Aunque el oficialismo resalta logros como la contratación de más de 1.500 psicólogos para los departamentos de consejería estudiantil (DECE) en 2026, la oposición insiste en que, sin una inversión social estructural y voluntad política para financiar la ley, esta no pasará de ser una “retórica legislativa” o una “falsa promesa”. El proyecto continuará su trámite para la construcción del informe para segundo debate.
Radio Pichincha
LV