Un complejo escenario se cierne sobre el campo peruano. El Tribunal Constitucional (TC) tiene en sus manos una demanda que podría cambiar las reglas del juego para la agricultura nacional, al analizar la posible prohibición de tres pesticidas de uso masivo: glifosato, imidacloprid y clotianidina. La decisión, según alerta el Comité de la Industria Agrosostenible de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), amenaza con desatar una cadena de efectos negativos que irían desde la caída de la producción hasta el encarecimiento de los alimentos.
El litigio se originó con la demanda N°00871-2021-0-0301-JR-CI-01, interpuesta por organizaciones civiles de la región Apurímac. Estas agrupaciones exigen la salida del mercado de dichos insumos, argumentando potenciales peligros para la salud humana. No obstante, desde la SNI se replica que no hay evidencia técnica concluyente que justifique una medida de tal magnitud.
En su defensa, el gremio industrial subraya que estos productos han sido catalogados como pilares de la productividad agrícola por su “eficacia, costo accesible y disponibilidad”.
Un fallo que podría sacudir los cimientos del agro
El peso del glifosato en el mercado local es indiscutible: representa cerca del 40% de los herbicidas que se emplean en el país. La SNI recuerda que entidades internacionales como la Environmental Protection Agency (EPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) avalan su uso bajo condiciones reguladas. Agregan que, a nivel global, no existe un sustituto que iguale su eficiencia.
El Comité de la Industria Agrosostenible de la SNI advierte que, de materializarse el peor escenario, las consecuencias serían inmediatas y se sentirían a lo largo de toda la cadena productiva, hasta llegar al bolsillo del consumidor.
Se anticipa un desplome en la producción agrícola, pérdidas económicas significativas para los productores y un alza sostenida en los precios de frutas y verduras.
“No se trata solo de una afectación al agro, sino de un golpe a la economía familiar. Producir alimentos sería más costoso y complejo, y ese sobrecosto terminaría trasladándose inevitablemente al consumidor”, afirmó Renzo Gomero, representante de la SNI.
Sin reemplazo a la vista y un marco regulatorio en juego
El gremio destaca que el Perú ya cuenta con un marco normativo específico que regula el registro, la evaluación, el uso y la eventual cancelación de plaguicidas. Ignorar este andamiaje legal, advierten, implicaría un debilitamiento de la institucionalidad estatal y pondría en jaque la seguridad jurídica del sistema regulatorio.
En la misma línea, la asociación civil Cultivida ha expresado su preocupación. Su director, Ruben Carrasco, señaló que “menos producción, más precios y menos empleo es el escenario más probable si se concreta esta medida”. Carrasco insistió en que cualquier decisión debe estar respaldada por evidencia científica, pues restringir estos insumos sin contar con alternativas técnicas equivalentes minaría la competitividad del sector y lo expondría a un mayor riesgo frente a plagas y enfermedades.
Lecciones del pasado y una recuperación que peligra
El pronunciamiento de la SNI trae a colación el caso del paraquat. Pese a haber sido retirado del mercado formal peruano, este producto continúa ingresando ilegalmente desde países vecinos donde su uso aún está permitido.
“Cuando un producto ingresa de manera ilegal, no existe trazabilidad ni garantías sobre su manejo adecuado, lo que incrementa los riesgos en los agricultores, consumidores y ecosistemas”, precisó la SNI.
Este debate surge justo cuando el agro peruano mostraba signos alentadores de recuperación, con un crecimiento del 2,4% hasta febrero de 2026 en 16 de las 24 regiones. La SNI lanza una advertencia final: este avance podría truncarse abruptamente si la prohibición se concreta.
Fuente: Infobae