Un paro nacional indefinido convocado por diversas agrupaciones de transporte urbano, interprovincial y de carga pesada arrancará este martes 2 de junio en Lima Metropolitana, el Callao y otras regiones del país. La medida responde al incumplimiento de compromisos asumidos por el Ejecutivo y al fuerte impacto del incremento del costo de los combustibles.
Las principales asociaciones de transporte público de Lima y Callao, junto con empresas de rutas interprovinciales y de carga pesada, confirmaron que el paro iniciará a las 00:00 horas de ese día. Voceros del sector indicaron que la paralización será total y no hay marcha atrás hasta obtener una respuesta oficial.
Martín Ojeda, vocero de la agrupación Transportes Unidos, declaró ante medios de prensa que la protesta se debe a la ausencia de reacción del Gobierno central frente a los acuerdos establecidos en abril pasado. Según su versión, las negociaciones quedaron plasmadas en actas que hasta ahora no han tenido efecto.
Ojeda detalló que en las mesas de diálogo del 14 y 15 de abril participaron representantes de cinco ministerios, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el ente regulador Osinergmin.

En sus declaraciones, Ojeda fue enfático al afirmar: “realizaremos un paro indefinido a partir de las 00 horas del 2 de junio. Básicamente, por no respetar los acuerdos del 14 y 15 de abril”. Además, subrayó que los decretos de urgencia prometidos nunca fueron publicados y que hasta el cierre de mayo no existía ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno.
El alza del diésel en el centro del reclamo
Uno de los ejes principales de la protesta es el encarecimiento del diésel, combustible vital para la operación diaria de miles de vehículos de transporte público y de carga. El alza ha golpeado directamente los bolsillos de los empresarios del sector.
Giovanni Diez, representante del gremio de carga pesada, explicó a la agencia Andina que cerca del 90% de las 245 000 empresas que conforman el rubro utilizan diésel para sus operaciones. Diez señaló que los costos operativos se han disparado en un 70%, generando una situación insostenible para los transportistas.

El dirigente recordó que los gremios solicitaron al Estado un subsidio temporal de cuatro soles por galón durante dos meses consecutivos. Este punto quedó registrado en un acta suscrita en abril por ambas partes. “A pesar de haberse firmado el acta, hasta finales de mayo no tenemos ninguna respuesta”, denunció Diez, visiblemente molesto.
Según información oficial, el proyecto de Decreto de Urgencia que debía atender las necesidades económicas del transporte fue incluido en la agenda prioritaria de la PCM, pero nunca se materializó. El documento contemplaba “medidas extraordinarias en materia económica y financiera para transportistas del servicio público de transporte terrestre regular de personas y del servicio de transporte público terrestre de mercancías en el territorio nacional”.
Crisis de inseguridad agrava el panorama
El presidente de las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, alertó que el problema va mucho más allá del precio del combustible. Según su análisis, el sector vive una crisis estructural que se ha visto profundizada por la ola de inseguridad y violencia.

Vargas mencionó que los casos de extorsión y sicariato han cobrado víctimas mortales entre los conductores, generando un clima de pavor. Desde 2024, las empresas reportan una fuerte disminución de choferes debido a las constantes amenazas. “Muchos conductores se están saliendo del mercado por miedo. Hoy las empresas operan apenas al 30% o 40% de su capacidad”, expresó el dirigente. Añadió que la inseguridad ha llevado a varios choferes a abandonar el país en busca de mejores condiciones laborales.
Apoyo de regiones y modalidad de protesta
La paralización indefinida del 2 de junio contará con la participación de transportistas urbanos de Lima y Callao, empresas interprovinciales y servicios de carga pesada de todo el territorio nacional. La convocatoria es amplia y busca que el descontento se sienta en cada rincón del Perú.
Martín Ojeda confirmó que se sumarán buses de transporte interprovincial de regiones como Cusco, Ica, Arequipa y Piura, todas ellas afectadas por el alza del combustible y la inseguridad. La medida no se limitará a la capital, sino que tendrá un carácter nacional.

Pese a la magnitud del paro, Ojeda aclaró que los gremios no bloquearán vías ni carreteras. La protesta se basará en un “apagado de motores”, es decir, las unidades no saldrán a circular. Esta modalidad busca enviar un mensaje contundente a las autoridades sin recurrir a enfrentamientos o cierres de rutas.
De acuerdo con la información difundida por Andina, los transportistas esperan que la paralización sirva como una advertencia directa al Ejecutivo sobre la urgencia de soluciones reales y aplicables.
El Ejecutivo aún sin respuesta concreta
Tras el anuncio del paro, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) incluyó en su agenda la revisión de un decreto de urgencia orientado a aliviar la carga económica de los transportistas. El proyecto está alineado con los acuerdos firmados en abril, aunque hasta el momento no se ha emitido ninguna comunicación oficial que confirme su avance o publicación.
Los representantes de los gremios han sido claros: mantendrán la paralización hasta recibir una respuesta tangible y concreta del Gobierno. Mientras tanto, miles de usuarios de transporte público en Lima, Callao y otras regiones deberán buscar alternativas para movilizarse a partir del martes.
Fuente: Infobae