Mientras el gobierno se esfuerza por proyectar una imagen de control y aparente transparencia, las familias de reclusos y organismos de derechos humanos han denunciado una crisis sanitaria en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
Ante ello, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, desestimó las alertas sobre un brote masivo de tuberculosis en este centro penitenciario de máxima seguridad.
Según la funcionaria, la situación está aparentemente bajo control y las medidas tomadas han sido de carácter preventivo. “No existe ninguna epidemia”, indicó. Y detalló que hubo un caso y, para precautelar la integridad del resto de reos, se realizó un traslado de personas privadas de libertad (PPL). “Pero no existe ninguna epidemia”, aseguró Morillo en una entrevista.
La ministra defendió además las condiciones de habitabilidad en la Cárcel del Encuentro, destacando que, a diferencia de otros centros, allí “cada persona privada de la libertad ahí tiene su espacio, tiene su entorno, no existe un hacinamiento”.
Sin embargo, los datos proporcionados por organizaciones civiles contradicen la versión de Morillo. El Comité de Familiares por una Vida Digna alertó que al menos 31 PPL, diagnosticadas con tuberculosis, fueron trasladadas desde Santa Elena hacia la Cárcel Regional Número 4 de Guayaquil, este sábado 23 de mayo de 2026.
Las pruebas presentadas por el Comité incluyen una lista detallada de los internos y fotografías que muestran a los reos con evidentes muestras de la enfermedad, como la baja de peso y debilidad. A esto se suma la confirmación de que entre abril y mayo ya han fallecido dos internos por esta causa en dicho penal.
¿Qué pasa con los otros presos?
Uno de los puntos más polémicos es la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien se encuentra recluido en este centro penitenciario. La ministra Morillo sostuvo que la permanencia del alcalde en El Encuentro es para garantizar su “integridad” y “vida”.
Esta visión de supuesto bienestar ha sido rechazada por la defensa técnica del alcalde. El abogado Ramiro García denunció condiciones de insalubridad extremas, señalando incluso la presencia de ratas en el área de reclusión.
Por su parte, la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, manifestó el “terror” que vive la familia ante el posible contagio. “Además de cargar con su ausencia, también tenemos que vivir con el terror de pensar que su vida puede correr peligro ahí adentro”.