El pasado 21 de mayo, el presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional la solicitud de denuncia (es decir, para echar abajo) del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), al que se adhirió el país hace diecisiete años.
Dicho tratado fue suscrito en Cochabamba (Bolivia), el 16 de octubre del 2009, por los entonces mandatarios de Bolivia, Evo Morales; de Ecuador, Rafael Correa; de Nicaragua, Daniel Ortega; y de Venezuela, Hugo Chávez, y por quien era el primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, José Ramón Machado. Fue en el marco de una reunión de la llamada Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), de la cual Ecuador se separó en el 2018.
Correa lo ratificó mediante el Decreto Ejecutivo n.° 395, del 17 de junio de 2010.
Este sistema de pagos habría sido utilizado por el empresario colombiano Álex Saab, exministro del chavismo, para lavar dinero a través de compras simuladas de materiales de construcción de vivienda a Ecuador y Colombia con la empresa Foglocons.
Saab, que ha sido señalado como testaferro del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, fue deportado desde Venezuela a Estados Unidos el 16 de mayo pasado, donde se lo procesa por lavado de activos.
Tras las denuncias de irregularidades, que se ventilaron sin éxito en la justicia ecuatoriana, el Gobierno de Guillermo Lasso anunció que denunciaría el tratado.
Y de hecho, el 19 de enero de 2022, mediante oficio n.° MREMH-MREMH-2022-0061-0F, la Cancillería remitió a Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia, copias certificadas del tratado constitutivo a fin de iniciar el proceso.
El 18 de febrero de 2022, con oficio n.° T.178-5G3-22-0031, Pozo solicitó a la Corte Constitucional (CC) que resolviera si la denuncia de dicho instrumento requería o no de aprobación legislativa previa.
El 13 de abril de 2022, en el primer momento de control, mediante el dictamen n.° 1-22-T1/22, la CC resolvió: “[…] que la denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, al haber sido previamente aprobado por la Asamblea Nacional, por enmarcarse en lo dispuesto en los numerales 3 y 6 del artículo 419 de la Constitución, sí requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional”.
Y en el segundo momento de control, en el dictamen n.° 1-22-T1/22A, la Corte resolvió: “Declarar que la denuncia del tratado es constitucional”.
Sin embargo, Lasso finalmente no envió el pedido de denuncia a la Asamblea ya que en ese momento no contaba con una mayoría que apoyara su iniciativa, según conoció este Diario.
En su oficio, de dos páginas, Noboa solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, que se continúe con el proceso de denuncia y adjuntó los oficios de la Corte Constitucional respectivos.
Según el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente del Legislativo verificará la documentación correspondiente y remitirá el tratado a la comisión especializada para que en el plazo máximo de veinte días emita su informe, que se debatirá en el pleno.
Tanto la comisión especializada como el pleno de la Asamblea Nacional podrán solicitar información respecto al instrumento internacional denunciado.
La aprobación de la denuncia de estos tratados requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los legisladores, o sea, la mitad más uno del pleno; en total, 77.
Actualmente, la bancada gobiernista de Acción Democrática Nacional (ADN) sí cuenta con esos respaldos junto con sus aliados.
En su Informe a la Nación, el pasado 24 de mayo, Noboa se refirió a este caso como un “símbolo de cómo se manipuló el sistema financiero y las instituciones para beneficiar a grupos cercanos al poder, mientras millones de ecuatorianos pagaban las consecuencias”. (I)
Fuente: El Universo