Recientemente, la DDI de Azul de la Policía Bonaerense detuvo a Walter Damián D’Amelio, un hombre de 39 años acusado de participar en el asalto al tenista Juan Martín del Potro. Casi al mismo tiempo, sus presuntos cómplices, Bastián Jimenez Freurat e Ignacio Zuñiga Cartés, ambos chilenos de 29 y 22 años, fueron capturados en la terminal de Retiro cuando intentaban huir a Misiones. Sobre ellos pesaban circulares rojas de Interpol.
El perfil de los acusados no encaja con el del típico delincuente. Jimenez y Zuñiga son buscados por la Justicia de Estados Unidos por asaltar a atletas famosos como Travis Kelce, el novio de Taylor Swift. D’Amelio, en cambio, es un argentino ex trabajador gastronómico y beneficiario de planes sociales, con domicilio en San Martín.
Lo que más llama la atención es la situación financiera de D’Amelio. Según la Central de Deudores del BCRA, registra una deuda de más de 9 millones de pesos con dos bancos, clasificada como “irrecuperable”. Este dato refleja una tendencia que se repite en otros casos de alto perfil.
Antes, los ladrones vivían a tiros, no a crédito. Pero la crisis económica ha cambiado el panorama. En febrero de este año, la Cámara Argentina Fintech y el ITBA revelaron que un 30,5% de los créditos de billeteras virtuales no eran devueltos. La consultora EcoGo indicó que los préstamos catalogados como “irrecuperables” pasaron del 2,6% en marzo de 2025 al 10,8% en marzo de 2026, cuadruplicándose en solo un año.
Este problema de deudas, inevitablemente, se ha derramado en el delito. Hoy, los imputados por hechos violentos o de guante blanco con deudas millonarias son cada vez más frecuentes.
Policías endeudados
Los ejemplos se multiplican. Maximiliano Gabriel Gorosito, un policía de la Bonaerense detenido por robar un kiosco en Lanús, tenía siete trabajos en blanco antes de ser agente. Ahora debe $1,4 millones a diferentes financieras.
Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, oficial de la Bonaerense y miembro de la tropa especial UTOI, fue detenido por el crimen de Cristian Eduardo Pereyra, un docente asesinado de un tiro mientras trabajaba como conductor de aplicación. Un mes antes, Vizgarra había acumulado deudas por más de $1,7 millones con bancos y billeteras virtuales. Según fuentes del caso, esa cifra superaba su salario mensual por mucho.
Angel Espinoza, otro efectivo de la UTOI, fue arrestado por robar un supermercado chino en Almirante Brown. Su deuda asciende a más de $20 millones, de los cuales $16 millones corresponden a un crédito del Banco Provincia con alto riesgo de insolvencia. No existen estadísticas oficiales sobre este fenómeno, pero los casos se repiten.
Funcionarios públicos en la mira
El robo de guante blanco también tiene protagonistas. María Celeste Nellen, de 36 años y tesorera de una sucursal bancaria, está acusada de sustraer $40 millones del tesoro del lugar. Imputada por peculado, podría enfrentar de 2 a 10 años de prisión. Su perfil crediticio es impactante: debe más de $90 millones a 14 entidades, entre ellas bancos, financieras y billeteras virtuales. El 40% de esa deuda corresponde al Banco Nación.
Préstamos ilegales y secuestros
La usura barrial es otro punto crítico. Cuando el sistema crediticio cierra las puertas, los deudores acuden a prestamistas informales, muchas veces violentos. A fines del mes pasado, el Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal detuvo a tres sospechosos en Villa Ballester y Villa Melo, en el norte del Conurbano bonaerense. Operaban en villas como La Melo, La Loyola o La Rana, otorgando montos pequeños con tasas exorbitantes. Según un detective del caso, si alguien pedía $200 mil, a los 15 días debía devolver el doble, y a las dos semanas, $700 mil.
Los acusados son señalados de secuestrar a una mujer que les debía dinero. Ella, ex empleada de una cadena de comidas rápidas y sin empleo formal, ya tenía una deuda de casi $200 mil con un sitio de préstamos, lo que la dejaba sin opciones en el sistema bancario. Irónicamente, varios de los secuestradores cobraban planes sociales.
Fuente: Infobae