Desde que Daniel Noboa asumió el poder en noviembre de 2023, el sector minero se ha vendido como la gran tabla de salvación económica.
Sin embargo, tras casi tres años de gestión, la Resolución Nro. MAE-MAE-2026-0011-RM, emitida el 28 de abril de 2026, desnuda una situación compleja: el Gobierno ha fallado en ejercer un control preventivo y eficaz, permitiendo un desorden administrativo.
Las cifras oficiales no dejan lugar a dudas sobre la falta de fiscalización.
De un universo de 878 concesiones de minería metálica verificadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) al 22 de abril de 2026, solo 124 cuentan con un permiso ambiental vigente. Esto significa que, bajo la mirada del actual régimen, apenas el 14% de los proyectos metálicos de pequeña minería y régimen general operan cumpliendo la ley.
Un catastro en abandono bajo la mirada estatal
El informe técnico MAE-SCA-DRA-INF-2026-014, que sustenta la resolución, revela que existen 336 concesiones que ni siquiera han iniciado su trámite de regularización ambiental, mientras que otras 542 han sido declaradas en abandono por la absoluta falta de impulso procesal de sus titulares.
¿Dónde estuvo el control del Gobierno durante estos años para evitar que el 60% de los expedientes terminaran empolvados en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)? El Ejecutivo recién reacciona en 2026 con esta purga administrativa, pero el daño en el territorio ya es evidente.
La propia resolución ministerial admite la existencia de contaminación por metales pesados (cobre, arsénico, plomo y cianuro) en los ríos Calera y Amarillo en El Oro y Loja, además de la devastación causada por la minería ilegal en la cuenca del río Napo.
Exportaciones récord
Mientras el Gobierno celebra que la minería ya es la tercera fuerza exportadora del país -alcanzando USD 1.381,5 millones en el primer trimestre de 2026-, las cuentas internas del Estado con los concesionarios muestran un panorama de falta de pagos.
El Viceministerio de Minas identificó un total de 404 concesiones que registran incumplimientos en el pago de patentes anuales de conservación y regalías mineras.
A pesar de que la Ley de Minería establece la caducidad como sanción por estos impagos, cientos de titulares han retenido sus derechos mineros sin aportar al fisco lo que corresponde, bloqueando áreas que podrían ser aprovechadas de forma responsable.
La Cámara de Minería del Ecuador (CME) ha insistido en la necesidad de “reglas del juego claras” y “seguridad jurídica”, advirtiendo que los retrasos y la falta de orden técnico frenan el arribo de capitales frescos.
Otras anomalías
El descontrol administrativo también se refleja en la persistencia de 65 concesiones que, hasta abril de 2026, seguían registradas bajo el “extinto” Régimen General, una figura jurídica que ya no debería existir.
La Resolución 0011-RM ordena ahora su reclasificación urgente a mediana o gran escala, evidenciando que el Gobierno no hizo el control previo.
Pese a ello, el Gobierno de Noboa intenta presentar la Resolución 0011-RM como una valiente “depuración” para el posterior desarrollo de proyectos mineros.
¿Qué establece la resolución?
La Resolución Nro. MAE-MAE-2026-0011-RM dispone la depuración del catastro minero nacional tras verificar que solo 124 de 878 concesiones metálicas cuentan con permisos ambientales vigentes.
Establece, además, declarar el abandono de 542 trámites de regularización no impulsados por los usuarios y la suspensión inmediata de actividades para 336 concesiones que operan sin licencia ambiental.
Asimismo, ordena iniciar procesos de caducidad por impagos de patentes y regalías en 404 casos. Finalmente, exige la reclasificación de 65 concesiones del extinto “Régimen General” hacia mediana o gran escala para asegurar un control técnico adecuado.
Radio Pichincha
LV