La Asociación de Fiscales (AF) presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en contra de lo que califica como «política de nombramientos discrecionales» en la Fiscalía General del Estado, basada en «afinidad ideológica». La acción legal surge luego de que el Tribunal Constitucional anulara fallos del Tribunal Supremo que habían rechazado el nombramiento del fiscal jefe de Menores, impulsado por la exfiscal general Dolores Delgado.
En un comunicado emitido este lunes, la AF, que es la mayoría dentro de la carrera fiscal, sostiene que las resoluciones del Tribunal Constitucional «consolidan un modelo de designación en el que la discrecionalidad del poder público prevalece sobre los principios de mérito y capacidad».
El Tribunal Constitucional invalidó dos sentencias del Supremo que impedían la designación de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala de Menores, nombramiento acordado por Delgado. El alto tribunal consideró que los fallos anteriores vulneraban «el derecho fundamental del recurrente en amparo a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas».
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, explicó que recurrieron al TEDH «porque las sentencias del Tribunal Constitucional acogen un criterio de discrecionalidad máxima en los nombramientos de la Fiscalía, en el que la confianza y la afinidad ideológica pueden prevalecer sobre los principios de mérito y capacidad».
Dexeus añadió que el Constitucional «legitima un sistema de designaciones en el que la afinidad ideológica, cuidadosamente revestida de argumentación jurídica, puede imponerse sobre la especialización técnica exigida para el desempeño del cargo».
DAÑO AL SISTEMA INSTITUCIONAL
La asociación advierte que esta doctrina va más allá del caso particular y repercute en todo el sistema institucional, debilitando las garantías del ejercicio del poder público y comprometiendo la credibilidad de la Fiscalía como institución esencial del Estado de derecho.
Según la AF, esta situación «no solo afecta al ámbito de la justicia, sino que proyecta sus efectos sobre el conjunto de la función pública, al comprometer los principios de imparcialidad, objetividad y sometimiento a la legalidad».
Dexeus alertó que «se rompe así un pilar esencial del Estado de derecho, al sustituir los principios de mérito y capacidad por criterios de afinidad».
La demanda también señala una posible violación del derecho a un proceso con todas las garantías, establecido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, debido a que se tomaron decisiones con la intervención de un magistrado cuya imparcialidad estaba en entredicho.
Fuente: Infobae