En medio de la crisis energética que atravesaba Ecuador y mientras miles de ciudadanos enfrentaban apagones de hasta 14 horas diarias, el proceso de contratación emergente que terminó en manos de Progen dejó registros de advertencias internas que hoy vuelven a cobrar relevancia dentro de la investigación fiscal.
Uno de esos documentos y que fue difundido por Ecuavisa, es un oficio fechado el 27 de junio de 2024 y firmado por Byron Orozco, entonces gerente de Termopichincha, dirigido a Julio José Neira, secretario general de Integridad Pública de la Presidencia.
En el texto, Orozco solicitó formalmente la designación de un veedor para acompañar la fase de apertura y calificación de ofertas dentro del proceso de contratación emergente.
Según la información expuesta, el pedido buscaba incorporar un mecanismo adicional de supervisión durante una etapa considerada clave para definir al proveedor que entregaría generación eléctrica al país en un contexto de emergencia.
Sin embargo, de acuerdo a Orozco, esa solicitud no habría recibido respuesta.
El proceso continuó y Progen avanzó como oferente presentándose ante las autoridades energéticas como una empresa especializada en repuestos, componentes, consumibles y mantenimiento para motores utilizados en unidades de generación.
En documentación remitida durante el proceso, la firma aseguraba contar con personal altamente calificado, mantener estándares de excelencia y tener alrededor de 40 años de experiencia.
No obstante, esas afirmaciones comenzaron a ser cuestionadas posteriormente dentro de las verificaciones técnicas realizadas durante la ejecución contractual.
De acuerdo con documentos que forman parte del expediente investigativo, técnicos encargados de verificar los equipos habrían encontrado inconsistencias respecto al estado y origen de los generadores.
Entre los hallazgos señalados constan observaciones sobre presuntos cambios de placas y registros fotográficos obtenidos durante una visita técnica realizada en Estados Unidos.
La existencia del oficio enviado a Integridad Pública abre nuevas preguntas sobre el nivel de seguimiento institucional que tuvo una contratación realizada bajo emergencia y que hoy se encuentra bajo escrutinio judicial.
Radio Pichincha
LV