El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto reunirse este domingo 14 de enero, a las 10:00, para conocer y resolver sobre la calificación del proyecto de ley urgente para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, que propone incrementar el impuesto al valor agregado (IVA) al 15 %.
El Ejecutivo, puntualmente, propone cambiar el actual texto del artículo 65 de la ley de Régimen Tributario Interno y establecer que la tarifa del impuesto al valor agregado es del 15 %, pero aclara que las deducciones y exenciones tributarias aplicables al IVA se mantendrán vigentes.
Además, dispone que los recursos que se recauden por concepto del incremento de la tarifa del IVA no serán considerados objeto de preasignación alguna, pues en la propuesta el Ejecutivo señala que el proyecto de ley tiene como finalidad la recaudación de tributos para atender las obligaciones del Estado en la implementación de planes, programas, acciones y políticas públicas para los sectores sociales del Ecuador, así como estabilizar las finanzas públicas, redistribuir los ingresos y afrontar la necesidad de recursos por el conflicto armado interno y la grave crisis social y económica por la cual atraviesa el Ecuador.
El Gobierno, en su propuesta, explica que la actual situación de endeudamiento demanda la adopción de medidas fiscales proactivas para evitar la acumulación de deudas a largo plazo; por lo tanto, aumentar el IVA proporcionaría una fuente constante de ingresos que no solo permitiría atender las deudas existentes, sino también prevenir la acumulación de nuevas obligaciones financieras, promoviendo así al responsabilidad fiscal.
También sostiene que la conexión entre la violencia armada interna, el endeudamiento con Gobiernos autónomos descentralizados, la financiación de armamento para la guerra interna y la necesidad de mejorar los sistemas penitenciarios, sanitario y social crean un escenario complejo que justifica la consideración de medidas fiscales como la subida del IVA.
Como justificativo, el Ejecutivo, señala que en los decretos ejecutivos 110 y 111 del 8 y 9 de enero de 2024, respectivamente, se detalla la situación crítica que enfrenta el Estado respecto al combate a organizaciones criminales, por lo que el Gobierno se ve en la necesidad de abordar la amenaza a la seguridad que tiene repercusiones económicas, las cuales se suman a la difícil crisis fiscal que heredó el régimen actual. Por lo que es considerar nuevos ingresos que permitan afrontar al crisis, como por ejemplo la necesidad de aumentar el IVA, como medida crucial para enfrentar estos desafíos.
Posiciones políticas
La bancada del Partido Social Cristiano (PSC) en un comunicado anunció que no votará por el aumento del IVA ni por la creación de ningún impuesto. Y para financiar la crisis en materia de seguridad sugiere establecer una contribución especial y temporal.
Además, sostiene que el dinero recaudado será exclusivamente para ese fin y se administrará a través de una cuenta especial transparente y auditada, pero para ello, se tendrá que determinar el monto necesario, que no esté ya presupuestado, y fijar el plazo pertinente.
Este sector político, que constituye un aliado del Gobierno en el Parlamento, advierte que no se debe mezclar y resolver la grave crisis de seguridad, económica y social a base de la fracasada práctica de crear o subir impuestos.
La bancada del movimiento Construye, a través de un comunicado, también alerta que la ley “impuestera” de Daniel Noboa afectaría los bolsillos de los sectores medio y pobres del país.
Este sector político aclara que apoya decididamente el Decreto Ejecutivo 111 de declaratoria de conflicto armado, pero que no está de acuerdo con que el presidente “le meta la mano al bolsillo de la gente al intentar subir el IVA cuando hace menos de un mes aprobó una reforma de exoneraciones a las grandes empresas, incluidas aquellas relacionadas con su grupo familiar”.
La bancada Construye propone algunas alternativas, como la reducción del tamaño del Estado, reducción en gastos de publicidad de la Presidencia, del Banco Central, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, reducir a la mitad los ministerios, reducir el 10 % de los gastos del Estado, sin afectar salud ni educación, focalizar los subsidios, poner a la venta empresas públicas que en manos del Estado son ineficientes y focos de corrupción, eliminar gastos superfluos como todos los de comunicación, poner un impuesto a las ganancias extraordinarias de los bancos o de las empresas mineras; “luego de agotar esas opciones discutamos un impuesto que afecta sin distinción a quienes ya son víctimas de esta crisis”, sostiene este grupo político conformado por 19 legisladores.
El bloque de la Revolución Ciudadana (RC) también se opone a la aprobación del proyecto de ley, que si bien apoya la decisión gubernamental del combate a la inseguridad, cree que se debe revisar el orden de prioridades para financiar ese tema, pues se debería establecer que el último recurso al que se tendría que acudir es pedir a los ciudadanos que hagan el aporte con el incremento del IVA del 12 % al 15 %.
Para este sector, también aliado a Noboa, existen algunas alternativas que se deberían observar, como retornar el impuesto a la salida de divisas del país, un impuesto especial a las utilidades de la banca, cobrar los valores que se deben al Servicio de Rentas Internas (SRI), rever el tema de las exenciones al impuesto a la renta para tener más liquidez.
La bancada de la Revolución Ciudadana según su vocero, Leonardo Berrezueta, no se niega a sentarse a una mesa a discutir las alternativas para financiar el conflicto armado interna, y en esas conversaciones darán a conocer su posición, las prioridades para el financiamiento y posibles alternativas. (I)
Fuente: El Universo
