Las parroquias de El Chical y Maldonado, ubicadas a 100 y 80 kilómetros de Tulcán, mantienen reforzamiento de personal militar y también de grupos élite de la Policía Nacional.
Días atrás, el jueves 14, un grupo de personas atacó un vehículo militar y luego se enfrentó con efectivos de la Brigada Andes. Los militares tuvieron que responder haciendo uso legítimo de la fuerza, con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Ciertos comuneros de las dos parroquias están en desacuerdo con la presencia de una bocamina que estaría a 30 metros del río Pablo y por la construcción de una planta o molino que está a 50 metros del afluente.
Franco Muñoz, comandante de la Brigada Andes, explicó que 24 horas antes las autoridades mantuvieron una reunión con los comuneros y la empresa concesionaria que realiza la exploración en la zona, en la que se hicieron cuatro planteamientos.
Entre los pedidos constaban que se deje de construir un molino por la empresa privada de minería legal, que no se intervenga un túnel, que se reubique al personal militar que está en el nuevo destacamento en El Pablo y que los militares ayuden a la comunidad.
“Lamentablemente dieron un plazo de 24 horas y este jueves se autoconvocaron bajo presión, porque conocemos que personas visitaron las viviendas amenazando a las familias que, si no salían a la protesta, debían pagar $500”, dijo Muñoz.
Muñoz indicó que tras los incidentes del jueves pasado existe la presunción de que grupos al margen de la ley estarían manipulando a comuneros.
Días atrás, el Ejército realizó intervenciones con bombardeos y destrucción de 70 minas con base en detonaciones controladas, uso de morteros y tanques en estas zonas fronterizas para golpear a las operaciones de la minería ilegal.
Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, quien estuvo en el sector el pasado fin de semana, anunció que se creará un campamento fijo con personal especializado que continuará con las operaciones militares para destruir bocaminas y minas.
Loffredo comentó que, frente a El Chical, son evidentes los cultivos de coca y que constató cómo en el territorio vecino ondeaba una bandera del Ejército de Liberación Nacional (ELN), confirmando que no existe presencia permanente de las fuerzas del orden de Colombia en un sector donde tienen cierto predominio territorial los grupos al margen de la ley y las disidencias guerrilleras.
No descartó que en la población minera ilegal podría haber infiltrados de la guerrilla colombiana.
Hasta este martes se mantenía aisladas las poblaciones de El Chical y Maldonado tras una movilización pacífica que se inició este lunes 17 de mayo.
En estos días se ha notado el cierre temporal de los negocios y además la suspensión de las clases presenciales; los docentes laboran de forma telemática. Las operadoras de transporte público no ingresan desde el pasado fin de semana ante la falta de garantías.
Dos buses habrían sido retenidos el último sábado, obligando a los administradores de las cooperativas que ofertan el servicio desde Tulcán e Ibarra a suspender las rutas hacia estos apartados sectores de la frontera.
Asimismo, camiones y camionetas que abastecen de productos de la canasta alimentaria a las comunidades de esta zona no pueden ingresar, por lo que comienza a sentirse desabastecimiento no solo de alimentos, sino de combustibles, advirtieron los pobladores.
Sobre el pedido de desmontaje del campamento militar instalado hace pocos días en El Pablo, el coronel Muñoz adelantó que no será acogido.
Minería irregular y presencia de grupos armados
En estas parroquias, donde vivían más de 5.000 habitantes y tras el boom minero en El Chical, varias poblaciones crecieron significativamente por la presencia de mineros provenientes del interior del país y desde Colombia, Venezuela y Perú.
Además, se presume que grupos irregulares colombianos, vinculados con ELN y de la Segunda Marquetalia, intentarían controlar la minería irregular que opera en El Pablo y otros lugares.
Fuente: El Universo