En una jornada de alta tensión en La Paz, la Unión Europea emitió un llamado a la serenidad y al diálogo este martes, luego de los disturbios y saqueos registrados en las movilizaciones contra el gobierno boliviano. 
La declaración conjunta fue firmada por la Unión Europea y las representaciones diplomáticas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia en La Paz. En ella se repudiaron los hechos violentos ocurridos durante las protestas.
“Siete meses después de la celebración de unas elecciones generales ejemplares, y ante los acontecimientos que se están desarrollando en Bolivia, la Unión Europea y sus Estados Miembros hacen un llamamiento a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado, y condenan cualquier acto de violencia”, reza el comunicado.
El texto añade:
“La Unión Europea recuerda asimismo que las manifestaciones y protestas deben desarrollarse de manera pacífica, con pleno respeto del Estado de Derecho y los Derechos Humanos”.
Las manifestaciones contra el presidente Rodrigo Paz dejaron un balance de al menos diez heridos y 69 detenidos, según reportó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Los incidentes incluyeron bloqueos en 32 puntos de La Paz, Oruro y Cochabamba, saqueos, ataques a edificios públicos y privados, y la quema de un vehículo policial. El Ejecutivo reforzó la seguridad en coordinación con las Fuerzas Armadas y descartó la instauración de un estado de excepción.
El lunes, columnas de simpatizantes del expresidente Evo Morales se sumaron a las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana, campesinos aymaras y organizaciones sociales de El Alto.
Todos marcharon exigiendo la renuncia de Paz. Al llegar a las cercanías de la plaza Murillo, donde funcionan el Ejecutivo y el Legislativo, se produjeron enfrentamientos con la policía. Los manifestantes lanzaron piedras y artefactos explosivos artesanales, mientras los agentes respondieron con gases lacrimógenos para impedir el avance hacia las sedes de poder.
El gobierno, encabezado por Rodrigo Paz, convocó a una reunión de emergencia con la policía y las Fuerzas Armadas. El ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo anunció el refuerzo de la seguridad y aseguró que se identificaría a los responsables de los disturbios. Además, aclaró que no se dictaría un estado de excepción. Por su parte, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, diferenció entre protestas pacíficas y actos violentos, y prometió aplicar la ley con rigurosidad.
Las protestas comenzaron a principios de este mes con demandas sindicales como aumentos salariales y el rechazo a una ley de tierras, pero derivaron en pedidos de dimisión del presidente. El conflicto escaló el 6 de mayo, cuando la Federación de Campesinos Túpac Katari organizó un bloqueo indefinido de carreteras en el occidente. A este movimiento se adhirieron la Central Obrera Boliviana y el grupo indígena Ponchos Rojos. Los bloqueos impidieron el abastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en la capital. 
En una carta abierta, 31 expresidentes de Iberoamérica exigieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a España que monitorearan la situación en Bolivia. Alertaron sobre el peligro de que la manipulación política de la protesta social afectara la estabilidad institucional, y subrayaron que Bolivia cuenta con un gobierno legítimo, producto del ejercicio de la soberanía popular tras las recientes elecciones generales.
En respuesta, el Consejo Permanente de la OEA convocó a una sesión extraordinaria para examinar la coyuntura política y social del país. Nueve naciones, entre ellas Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, manifestaron su respaldo al gobierno de Paz.
El martes, las ciudades de La Paz y El Alto continuaron con puntos de bloqueo, interrupción del transporte público y suspensión de clases en varios colegios. Persistió la escasez y el encarecimiento de productos básicos. A pesar de los intentos de mediación de la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, los conflictos no mostraron señales de amainar.
La Unión Europea reiteró su pedido de respeto al orden constitucional y de solución pacífica, en un escenario que mantuvo en vilo a la sociedad boliviana y a la comunidad internacional.
Fuente: Infobae