El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha ordenado la ejecución inmediata de la sentencia contra la exministra de Trabajo, Ivonne Núñez, tras confirmarse su responsabilidad en una infracción electoral grave.
La decisión, emitida este 18 de mayo de 2026, marca el fin de un proceso judicial que inhabilita a la exfuncionaria para el ejercicio de cargos públicos.
La resolución judicial dispone la suspensión de los derechos de participación de Núñez por un periodo de tres meses.
Además de la inhabilitación laboral, la exministra deberá pagar una multa de 30 salarios básicos unificados. El fallo ordena al Ministerio del Trabajo registrar formalmente el impedimento para ejercer funciones públicas, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá excluirla temporalmente del Registro Electoral.
Origen del conflicto: el caso Tayupanda
La sanción tiene su origen en una denuncia interpuesta por Mónica Loza Torres, viceprefecta de Chimborazo. Se determinó que Núñez, durante su gestión al frente del Ministerio del Trabajo (2023-2025), incumplió deliberadamente la ejecución de una sentencia electoral contra el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda.
Tayupanda había sido sancionado por inducir al voto en la campaña de 2025; sin embargo, el Ministerio liderado por Núñez emitió certificados contradictorios que permitieron al prefecto evadir el impedimento legal para seguir en funciones.
El TCE calificó esta actuación como incumplimiento de sentencia y desacato, basándose en el artículo 279 del Código de la Democracia.
A pesar de que Núñez solicitó una aclaración argumentando que su pertenencia a la carrera judicial le otorgaba un régimen especial, el juez de ejecución desestimó el pedido. La autoridad electoral subrayó que la suspensión de derechos políticos es una medida de carácter constitucional y de cumplimiento obligatorio, independientemente del régimen laboral de la persona sancionada
Radio Pichincha
LV