Este lunes inicia la tercera semana consecutiva de bloqueos y movilizaciones en Bolivia, un conflicto que comenzó con demandas sectoriales y que ha escalado hasta convertirse en un clamor generalizado que exige la salida del presidente Rodrigo Paz, quien apenas completa seis meses en el cargo.
De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras, en estos momentos se contabilizan 22 puntos de bloqueo distribuidos a lo largo del territorio nacional. La mayor concentración de estos piquetes se ubica en el departamento de La Paz, donde los campesinos de la Federación Túpac Katari han instalado cortes de vía declarados como “indefinidos” para presionar por la renuncia del mandatario. A este núcleo de protesta se han sumado dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y los miembros del movimiento indígena Ponchos Rojos, quienes realizan manifestaciones en la vecina ciudad de El Alto.
Para esta jornada se prevé la llegada a la sede de gobierno de una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019). La caravana partió el martes pasado desde la localidad orureña de Caracollo, situada a unos 190 kilómetros de La Paz.
En transmisiones en vivo realizadas durante la travesía, los manifestantes han expresado una amplia gama de reclamos. Entre ellos destacan la mala calidad del combustible, los proyectos de modificación en la propiedad de la tierra, la ausencia de políticas de austeridad y la exigencia de respeto a la Constitución Política del Estado. Este último punto surge después de que el Gobierno anunciara su intención de impulsar una reforma constitucional parcial para alinearla con su estrategia de desarrollo económico.
Durante la marcha, se escucharon consignas pidiendo la renuncia del presidente. “Que se vaya este gobierno incapaz, que no piensa en los pobres y la gente de a pie”, declaró uno de los marchistas. “Solo está gobernando para unas pocas personas”, añadió otro manifestante.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, se pronunció sobre la movilización y garantizó el derecho a la protesta, siempre y cuando no se cometan “delitos”. En una entrevista con el canal Unitel, Paredes señaló: “Si (esta marcha) es pacífica, si no cometen delitos, va a poder desarrollarse (la manifestación) y va a poder continuar su camino de vuelta hacia el trópico, pero si comete delitos, vamos a tener que tomar las acciones que nos ampara la ley”.
Desde el estallido del conflicto, el Gobierno ha mantenido reuniones con algunos sectores movilizados, como los maestros y los mineros cooperativistas, buscando acuerdos sobre sus demandas sindicales. Esta estrategia ha permitido aliviar temporalmente algunos frentes de conflicto.
No obstante, ante la creciente radicalización de las protestas y los reclamos de renuncia, el Ejecutivo ha denunciado la existencia de un “plan macabro” respaldado por el narcotráfico para desestabilizar la gestión gubernamental. Tanto el vocero presidencial, José Luis Gálvez, como varios ministros y viceministros, han señalado al expresidente Evo Morales como una suerte de “autor intelectual” detrás de las movilizaciones.
Analistas políticos consultados consideran que, más allá de las exigencias puntuales de cada grupo, los crecientes pedidos de renuncia y la diversidad de organizaciones movilizadas reflejan un descontento generalizado por la exclusión de sectores populares e indígenas de las decisiones de Estado.
“Lo que subyace como denominador común es que, más allá de las demandas sectoriales legítimas y habituales, es la sensación de reclamo político, de decir: ‘no nos van a estar ninguneando’”, explicó el analista Pablo Deheza en una entrevista con Infobae.
En medio de la ola de protestas, los residentes de La Paz viven jornadas de alta tensión. Según reportes locales, el transporte público está suspendido de forma parcial, y varias escuelas han optado por la modalidad virtual de clases mientras persista el conflicto. Además, se ha registrado escasez y un incremento en los precios de productos de la canasta básica.
El centro de la ciudad permanece bajo resguardo policial, con anillos de seguridad desplegados en los alrededores de la Plaza Murillo, donde se ubican las sedes del Legislativo y del Ejecutivo, ante la inminente llegada de los marchistas evistas.
Durante el fin de semana, las autoridades realizaron un operativo conjunto entre la policía y las fuerzas armadas en algunos piquetes, con el objetivo de habilitar un “corredor humanitario” para facilitar el transporte de alimentos e insumos médicos. Sin embargo, horas después de la intervención, los bloqueos fueron reinstalados por los manifestantes.
Fuente: Infobae