El canciller español José Manuel Albares expresó su preocupación por el hecho de que la impunidad continúe siendo la respuesta habitual frente a los ataques contra el personal y las instalaciones sanitarias en zonas de conflicto. Según datos presentados por el Ministerio, solo en lo que va de 2025, estos ataques han provocado más de 2.000 víctimas mortales entre civiles y trabajadores de la salud en países como Sudán, Palestina y Ucrania.
Durante la inauguración del acto conmemorativo por el 10º aniversario de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU —iniciativa impulsada por España junto a otras naciones—, Albares señaló que en esos escenarios bélicos “la resolución ha quedado reducida a una mera declaración de intenciones”. El evento, titulado “La protección de la misión médica”, sirvió de plataforma para que el ministro denunciara la situación actual.
“La destrucción de hospitales e instalaciones sanitarias es sin duda alguna una de las fórmulas más crueles de violencia”, afirmó Albares.
El jefe de la diplomacia española explicó que este tipo de agresiones no solo generan víctimas inmediatas, sino que “condenan a miles de personas a vivir sin atención médica básica, dificultan la recuperación entre los conflictos, erosionan la confianza de las instituciones y obstaculizan la reconciliación y la paz”.
Aunque la Resolución 2286 fue aprobada para “impedir y prevenir” los ataques contra infraestructura y personal sanitario, exigiendo a los Estados “revisar procedimientos militares, garantizar la identificación de instalaciones sanitarias, formar a sus fuerzas armadas en Derecho Internacional Humanitario e investigar de manera independiente los ataques”, la realidad, lamentó Albares, es que “la impunidad sigue siendo la norma”. En su intervención, evitó mencionar a países concretos.
Investigaciones escasas y falta de justicia
El canciller también criticó la falta de acciones legales contra los responsables. Según sus declaraciones, “las investigaciones de los ataques contra la misión médica suelen ser escasas y en muchas ocasiones completamente inexistentes”. Añadió que “los responsables es rarísimo que comparezcan ante la justicia y el uso de nuevas tecnologías, muy en especialmente los drones de bajo coste, multiplican el número de víctimas civiles”.
Albares subrayó que “la lucha contra la impunidad exige investigaciones rápidas, independientes, transparentes, mecanismos internacionales cuando los estados no puedan o no quieran investigar, documentación rigurosa de los ataques”, así como “un apoyo decidido a los tribunales nacionales e internacionales”, incluyendo al Tribunal Penal Internacional, al que describió como “sometido en estos mismos momentos a una presión inaceptable”.
El ministro advirtió que “los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad, humanidad e independencia están en entredicho”, y que los trabajadores médicos y sanitarios “son cada vez más estigmatizados e incluso en ocasiones, como hemos visto en Gaza, criminalizados”, en una crítica velada a Israel, sin mencionarlo explícitamente.
“En tiempos de guerra pocas normas son tan esenciales como aquellas que garantizan que quienes curan, que quienes salvan vidas puedan desarrollar su labor sin convertirse en objetivo”, recalcó Albares.
El canciller concluyó advirtiendo que “cada hospital destruido, cada ambulancia atacada, cada médico profesional sanitario asesinado es una derrota colectiva para todos nosotros”. Por ello, reivindicó que, una década después de la aprobación de la Resolución 2286, “el mundo no puede permitirse seguir mirando hacia otro lado”. “La comunidad internacional debe actuar con determinación, con coherencia, con convicción de que proteger la misión médica es proteger la propia dignidad humana”, sentenció.
Fuente: Infobae