La capital boliviana, La Paz, se mantiene bajo un cerco impuesto por bloqueos sindicales y sociales, a pesar de los operativos militares y policiales que se pusieron en marcha el sábado con la intención de despejar los principales accesos. De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), durante la madrugada del domingo seguían activos 22 puntos de bloqueo, la mayoría de ellos concentrados en el departamento de La Paz.
El sábado a las 02:00 horas se inició la operación denominada Corredor Humanitario, en la que efectivos policiales y militares y policiales utilizaron medios antidisturbios no letales para tratar de restablecer la circulación vehicular. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, esta intervención dejó como saldo al menos 47 personas detenidas y cinco heridas. Tras trece horas de acciones, el Gobierno ordenó el repliegue de las fuerzas del orden sin haber conseguido la apertura total de las vías bloqueadas.
La Defensoría del Pueblo, cuyo titular es es Pedro Callisaya, informó que entre los heridos hay personas que sufrieron lesiones oculares y faciales. Asimismo, se registraron agresiones contra la prensa y obstáculos para el ejercicio de su labor. También se documentaron enfrentamientos entre manifestantes y vecinos en diversas zonas donde se ubican los bloqueos.
Callisaya enfatizó que la protesta social debe desarrollarse de manera pacífica y que la actuación del Estado debe sujetarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El defensor reiteró el llamado al diálogo como vía para superar la crisis. En declaraciones a la emisora Erbol, manifestó:
“Hemos exhortado de manera permanente e incansable al diálogo. Hoy, ante el escenario de crispación que vive el país, convocamos nuevamente a las partes a dialogar de manera sincera, profunda y humana”.
El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, explicó que el operativo Corredor Humanitario fue diseñado para facilitar el ingreso de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal y medicamentos. Una vez que se logró el reabastecimiento de insumos críticos, la instrucción fue el retiro de policías y militares para evitar mayores confrontaciones y actos violentos. Gálvez aclaró que la intervención no buscaba un enfrentamiento directo con los manifestantes, sino garantizar el abastecimiento de hospitales y servicios básicos. Añadió que las fuerzas del orden actuaron bajo criterios de contención y sin emplear armamento letal.
En puntos como Huajchilla y La Ceja de El Alto, se reportaron lanzamientos de piedras, detonación de cartuchos de dinamita y fogatas para bloquear el avance de los agentes de seguridad. La Policía respondió con gases lacrimógenos. Tras más de 13 horas de operativo, el convoy militar y policial regresó a La Paz.
Durante el operativo, se removieron los obstáculos colocados por campesinos aimaras que mantenían cerrada la carretera para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, señaló que la decisión de no continuar hacia Oruro se tomó debido a la presencia de una marcha de seguidores del ex presidente Evo Morales, quienes también demandaban la dimisión de Paz.
El Gobierno convocó para el domingo a representantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Federación de Mujeres Campesinas Indígena Originaria Bartolina Sisa y otras organizaciones sociales a una reunión en la Casa Grande del Pueblo. Según el portavoz José Luis Gálvez, en el encuentro participará el presidente Paz.
Fuente: Infobae