La preocupación por el narcotráfico se ha consolidado como uno de los temas centrales en la agenda social de Bolivia. Una reciente encuesta, elaborada por la firma Integrated Communications and Research por encargo del Instituto Interamericano para la Democracia, revela cifras contundentes: más de tres cuartas partes de la ciudadanos consideran que el país vive o está en riesgo de convertirse en un narcoestado. El estudio, realizado meses después de los comicios del año pasado, también evidencia una recuperación moderada en la valoración de la democracia, aunque persisten fuertes brechas por edad, género y región que exigen respuestas políticas diferenciadas.
Los números del sondeo reflejan un consenso social poco común. El 89,4% de los encuestados califica al narcotráfico como un problema grave o muy grave. De manera paralela, el 75,2% comparte la narrativa de que Bolivia es o podría convertirse en un narcoestado. Esta percepción es transversal, aunque con matices: los hombres la suscriben con una frecuencia 13,4 puntos porcentuales mayor que las mujeres.
Respaldo a la cooperación foránea
Frente a esta realidad, la sociedad boliviana muestra una clara inclinación a buscar apoyo externo. El 78,3% de los consultados respalda la cooperación internacional en la lucha contra las drogas, lo que incluye la presencia de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Según el estudio, la mayoría prioriza la eficacia en el combate al narcotráfico por encima de consideraciones ideológicas o de soberanía nacional.
El respaldo a la agencia estadounidense es contundente. Apenas un 17,3% rechaza de forma categórica su participación. Este rechazo es más frecuente entre adultos mayores y mujeres, segmentos donde también se registra mayor indecisión o desconocimiento sobre los términos utilizados en la encuesta.
Percepciones democráticas y polos regionales
En el ámbito político, el 55,5% de los bolivianos identifica la situación actual del país como democrática. Esta cifra supone una mejora de 13 puntos porcentuales en comparación con una década atrás. Sin embargo, la polarización territorial es evidente. En la región del Oriente, el 64% asocia el momento político con la democracia. En contraste, mientras que en el Occidente, solo el 45,3% comparte esa visión. De hecho, el 50,6% de los consultados en esta última zona califica el escenario actual como una dictadura. Esta fractura geopolítica tiene implicaciones directas en las estrategias de comunicación institucional y en la agenda pública.
Las brechas generacionales también marcan diferencias notables. Los jóvenes de entre 18 y 33 años perciben con mayor intensidad el riesgo de narcoestado, superando por 19,5 puntos porcentuales a los adultos mayores de 57 años. Asimismo, el apoyo a la cooperación internacional es 23,7 puntos porcentuales más alto entre los jóvenes que entre las personas de mayor edad.
El regreso de la DEA tras 18 años
Este clima de opinión pública coincide con una decisión gubernamental de alto impacto. El Ejecutivo boliviano confirmó el retorno de la DEA a Bolivia después de 18 años, con la apertura de oficinas en la ciudad de La Paz. La medida fue anunciada tras una reunión en Washington entre el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano,; el director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), coronel William Cabrera, y representantes de Estados Unidos.
Según precisó el viceministro Justiniano, el acuerdo se centrará exclusivamente en labores de inteligencia, intercambio de información y fortalecimiento institucional. Las nuevas oficinas servirán como enlace, pero no implican la realización de operativos conjuntos ni el despliegue de agentes estadounidenses en regiones críticas del territorio boliviano.
El antecedente de esta decisión se remonta a 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales ordenó la expulsión de la DEA y del embajador estadounidense Philip Goldberg, bajo acusaciones de conspiración. Desde entonces, las relaciones bilaterales en materia antidrogas permanecieron suspendidas durante casi dos décadas.
Contexto político y operativos recientes
Actualmente, Evo Morales, permanece en el Trópico de Cochabamba, región donde mantiene el respaldo de sus bases sindicales mientras enfrenta un proceso penal. El exmandatario ha denunciado públicamente un supuesto plan coordinado entre la DEA y el Ejército boliviano para detenerlo. Estas acusaciones se suman a los señalamientos del actual Ejecutivo, que lo vincula con la financiación de protestas a través de fondos provenientes del narcotráfico.
El restablecimiento de la cooperación con la DEA se produce en medio de una reorganización de la política antidrogas y tras acciones relevantes contra el crimen organizado. Destaca la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra el pasado 13 de marzo. Marset fue entregado posteriormente a las autoridades estadounidenses y enfrenta cargos por lavado de dinero y otros delitos.
Las fuerzas de seguridad bolivianas han intensificado los allanamientos para desmantelar la red de Marset en el país. De acuerdo con el ministro de Gobierno, al menos 20 personas vinculadas a esa organización criminal han sido detenidas en las últimas semanas.
Bolivia se encuentra así ante el desafío de responder a la gravedad del narcotráfico y a la tensión entre legitimidad democrática, soberanía nacional y eficacia en las políticas públicas. Los amplios consensos y las profundas diferencias sociales exigen estrategias adaptadas a los distintos segmentos de la población para transformar este diagnóstico plural en acciones concretas.
Fuente: Infobae