La organización Amnistía Internacional (AI) ha emitido un llamado este jueves para que se investiguen como posibles crímenes de guerra los actos de demolición sistemática de hogares de civiles en el sur de Siria, atribuidos a las fuerzas israelíes. Según el informe divulgado, estas acciones se habrían ejecutado de manera deliberada desde diciembre de 2024, coincidiendo con la caída del régimen de Bashar al Assad. La ONG subraya la obligación de Israel de proporcionar una reparación justa por lo que califica como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
En un comunicado oficial, AI ha señalado que «hay que investigar como crímenes de guerra la destrucción deliberada por el Ejército israelí de viviendas civiles en la gobernación de Quneitra, en el sur de Siria, desde diciembre de 2024, sin que existiera una necesidad militar imperiosa». La organización insiste en la urgencia de que Israel ofrezca una reparación acorde a los daños concretos sufridos por las víctimas.
El documento detalla que a principios de diciembre de 2024, tras el colapso del gobierno de Assad, las tropas israelíes cruzaron desde los Altos del Golán —territorio ocupado por Israel desde 1967— hacia tres localidades situadas dentro de la zona desmilitarizada de la ONU. Los soldados «asaltaron viviendas y ordenaron a los residentes que se marcharan», según el reporte. En los seis meses posteriores, se documentó la destrucción o daño de al menos 23 estructuras en tres pueblos, lo que provocó el desplazamiento de familias completas.
La organización humanitaria advierte que la destrucción ilegal de bienes civiles se ha convertido en una constante en las operaciones militares israelíes en la región. «La destrucción ilegal de bienes civiles se ha convertido en una característica de las operaciones militares de Israel en la región, documentada en los últimos años en Gaza y Líbano, y ahora, como ha determinado nuestra investigación, también en Siria», lamentó la ONG. Las pesquisas indican que el ejército israelí ha expulsado a familias de sus hogares para luego demolerlos, una práctica que vulnera el Derecho Internacional Humanitario.
Kristine Beckerle, directora regional adjunta para Oriente Próximo y el Norte de África de AI, enfatizó que «no cabe esgrimir la protección de la frontera de Israel para justificar la demolición y voladura de viviendas y pueblos en el territorio de otro país». Beckerle recordó que en el sur de Siria las familias han sobrevivido a una década de conflicto, reconstruyendo sus casas en múltiples ocasiones solo para verlas derribadas nuevamente, sin que medie una necesidad militar imperiosa.
Además de las demoliciones, AI identificó nueve bases militares construidas por las fuerzas israelíes desde diciembre de 2024 en las gobernaciones de Quneitra y Deraa, en el sur de Siria, cerca de la frontera con los Altos del Golán. La ONG recordó que Israel se anexionó ilegalmente esta zona en 1981, y que ahora ha expandido su presencia en el territorio sirio.
La «línea amarilla» de Israel
En el informe, Amnistía hace referencia a las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien en abril de este año anunció el establecimiento de una «zona de separación de seguridad» delimitada por una llamada «línea amarilla». Según las investigaciones de AI, esta zona abarca partes de Siria donde se documentaron casas de civiles dañadas y destruidas, además de los Altos del Golán. La organización recuerda que el artículo 53 del IV Convenio de Ginebra prohíbe la destrucción de bienes por parte de una potencia ocupante, a menos que sea absolutamente necesaria para operaciones bélicas. Sin embargo, el ejército israelí entró en la zona desmilitarizada alegando protección contra amenazas potenciales, para luego demoler casas sin que hubiera hostilidades activas y establecer bases militares, sin ofrecer a los desplazados alojamiento alternativo o indemnización.
Los pueblos afectados: Al Hamidiya, Rasim al Rawadi y Al Rafid
Los testimonios recogidos por AI pintan un panorama desolador. En Al Hamidiya, las excavadoras israelíes demolieron viviendas y arrasaron cultivos. Una viuda, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que su esposo, fallecido durante la guerra, «levantó la casa ladrillo a ladrillo». En Rasim al Rawadi, un residente narró que los soldados detuvieron a los pobladores en la escuela pública y les ordenaron abandonar el pueblo. Al regresar un mes después, encontraron al menos tres casas dañadas y dos derribadas.
En Al Rafid, la situación fue igualmente crítica. Las fuerzas israelíes ingresaron el 20 de diciembre de 2024 y, según un testigo, una excavadora redujo los ladrillos de una casa a «arena» en cuestión de minutos. También se les atribuye el derribo de una antigua base militar que perteneció al gobierno de Bashar al Assad.
Beckerle ha condenado enérgicamente la práctica habitual de Israel de destruir casas civiles en Gaza, el sur de Líbano y el sur de Siria, una conducta que, según lamenta, se realiza con total impunidad y que desplaza y destroza la vida de innumerables familias. La directora ha instado a la comunidad internacional a condenar de manera inequívoca estos actos y a ejercer una presión real para poner fin a estas violaciones recurrentes. «Debe exigirse que los responsables rindan cuentas de sus actos y que se indemnice a las personas afectadas», concluyó Beckerle.
Fuente: Infobae