El Pleno de la Asamblea, con 131 votos afirmativos, aprobó en el proyecto de Ley de Competitividad Energética, calificado como urgente en materia económica, que busca solucionar definitivamente los racionamientos de energía eléctrica, sobre la base de tres pilares: inversión; nueva generación de energía limpia; y, la desburocratización de este sector. Se trata de la octava ley aprobada en el actual período, que se instaló el pasado 17 de noviembre de 2023.
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, ponente del informe, subrayó que se busca poner punto final a los apagones. “Esta ley sienta las bases para despegar en materia energética, mediante incentivos y beneficios para los sectores que propendan a la autogeneración de energía”, aseguró.
Explicó que la Ley priorizará como medida de eficiencia energética en la planificación pública descentralizada, la generación de energía eléctrica que utilice como materia prima la fracción orgánica de los desechos sólidos.
La propuesta aclara la definición de vehículos eléctricos, con lo cual ciertos automotores a combustión con propulsión eléctrica no serán considerados tales, como parte de la competitividad energética. Además, refuerza el concepto de autoabastecimiento, lo cual incentivará que los usuarios finales y residenciales instalen este tipo de sistemas, dotándoles de la correspondiente seguridad jurídica.
En el debate intervinieron 11 legisladores, quienes expresaron su respaldo a la propuesta, a la vez enfatizaron que en el carácter excepcional de la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica, con la salvedad de que concluido el tiempo para el cual se efectúen las concesiones, las instalaciones pasarán al Estado sin ningún costo para el país.
Así mismo, destacaron que esta ley no solo se basa en el alivio a la caja fiscal, sino en restablecer el servicio básico de electricidad, a fin de que las actividades diarias de los ecuatorianos no se detengan y que, más bien, permitan la dinamización de la economía local.
El proyecto será enviado al presidente de la República, Daniel Noboa Azin, para la correspondiente sanción u objeción.
