La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo vinculado a la Organización de Estados Americanos (OEA), ha puesto el foco sobre lo que califica como una «grave crisis de desapariciones y de identificación humana» que enfrenta México. Según el organismo, en el país «existen más de 128.000 personas desaparecidas y no localizadas», una situación agravada por «desafíos estructurales» como la existencia de «redes de connivencia con el crimen organizado» que obstaculizan la «prevención, investigación, sanción y reparación».
«México enfrenta una grave crisis de desapariciones y de identificación humana. Si bien la Comisión valora los avances institucionales y normativos impulsados en los últimos años por el Estado –especialmente en materia de búsqueda–, persisten desafíos estructurales que comprometen seriamente las obligaciones internacionales de prevención, investigación, sanción y reparación por las diversas formas de desaparición que ocurren en el país», señala la CIDH en un informe dedicado al único país hispánico de América del Norte.
El organismo detalla que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), la cifra supera las 128.000 personas. Además, «estimaciones independientes indican que la cifra de cuerpos no identificados bajo custodia del Estado supera los 70.000».
«Estas cifras reflejan la magnitud de la grave situación de la desaparición de personas y las dificultades estructurales para erradicar esta práctica y conducir de manera eficaz la búsqueda y los procesos de identificación humana», subraya la Comisión, que lanza una alerta: «la desaparición en México es generalizada».
Un fenómeno de larga data
El informe recuerda que este crimen «ocurre desde hace varias décadas, a partir de las desapariciones forzadas ocurridas durante la llamada ‘guerra sucia’, reconocidas por el propio Estado». Como un hecho «positivo», la CIDH destaca que el Tribunal Supremo haya declarado «la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ‘guerra sucia’, incluidas las desapariciones».
Hoy en día, estas desapariciones mantienen «una relación fundamental con la actuación del crimen organizado, que en diversos contextos opera en estrecha connivencia con agentes estatales».
Víctimas de diversos perfiles
Entre las víctimas se encuentran niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, mujeres y niñas víctimas de violencia de género —destacando la trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado—, personas migrantes en situación similar, personas víctimas de odio por su orientación sexual o identidad de género, periodistas desaparecidos por ejercer su labor y defensores de Derechos Humanos que son desaparecidos por buscar a sus familiares o por proteger sus comunidades.
Impunidad estructural y falta de prevención
La CIDH identifica como «principales desafíos» la falta de eficacia de las medidas de prevención, la persistencia de altos niveles de violencia, la desconfianza en las autoridades y la impunidad estructural, caracterizada por «debilidades en la investigación e identificación forense».
«Superar esta crisis requiere, entre otros aspectos, la identificación y el desmantelamiento de redes de connivencia con el crimen organizado en las diferentes partes del país, el fortalecimiento de las instituciones estatales y la participación central de las víctimas y sus familias», ha subrayado la CIDH, que ha ofrecido su «asistencia técnica al Estado mexicano en estos esfuerzos».
Entre las recomendaciones del organismo figuran: fortalecer la prevención con participación de organizaciones de DDHH y colectivos de familiares, reforzar el mecanismo de protección de defensores y periodistas y erradicar la estigmatización de las familias que buscan a sus seres queridos. También aconseja mejorar las políticas de búsqueda, identificación, atención a víctimas y memoria.
La respuesta del Gobierno mexicano
La CIDH presentó su informe en un acto con la participación de autoridades mexicanas, familias y colectivos de búsqueda. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, defendió la estrategia del Gobierno de Claudia Sheinbaum: «Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias, sus experiencias y sus exigencias. Nos parece importante mencionar y agradecer, que la Comisión haya incorporado los comentarios, información y avances impulsados por el Estado mexicano durante la administración».
Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, señaló que «las soluciones más efectivas y duraderas se construyen en colaboración con el Estado, a través de sus instituciones, en coordinación con todos los órdenes de gobierno y con la participación activa de la sociedad civil».
La Cancillería mexicana prometió «continuar el diálogo constructivo y respetuoso que se ha establecido con la CIDH» y ampliar los programas de cooperación con agencias como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP), con el objetivo de «continuar el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales y generar soluciones efectivas y duraderas».
Fuente: Infobae