El Parlamento de Sudáfrica ha decidido conformar un comité de destitución para volver a examinar las acusaciones que pesan sobre el presidente Cyril Ramaphosa desde hace cuatro años. Se le señala de haber ocultado el robo de más de medio millón de dólares en efectivo que estaban escondidos en un sofá de su rancho privado de caza.
Esta determinación surge después de que el Tribunal Constitucional emitiera un fallo el viernes pasado, declarando inconstitucional la votación parlamentaria de 2022 que frenó el proceso de destitución contra Ramaphosa. En ese entonces, su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC), dominaba la cámara.
Aquella votación se llevó a cabo a pesar de que un informe independiente había encontrado indicios de irregularidades por parte del mandatario: presuntamente no reportó el robo a la policía de forma adecuada e intentó mantener en secreto la investigación para recuperar el dinero.
El Tribunal Constitucional estableció que el informe independiente de 2022 debió haber sido enviado a un comité de destitución para su análisis. La omisión de ese paso fue el argumento central de la decisión judicial. De acuerdo con la Constitución sudafricana, destituir al líder de la mayor economía del continente africano requiere el respaldo de al menos dos tercios de los legisladores en el Parlamento de 400 miembros.
El comité multipartidista debe completar su investigación antes de que pueda convocarse una votación de destitución. El Parlamento no estableció ningún plazo para ese proceso.
Tras el fallo del viernes, la oficina de Ramaphosa indicó que el mandatario respeta la decisión y
“mantiene que ninguna persona está por encima de la ley y que cualquier acusación debe someterse al debido proceso sin miedo, favoritismo ni prejuicio”.
Ramaphosa ha negado haber cometido irregularidades y sostiene que el dinero, en dólares estadounidenses, provino de la venta legítima de búfalos en su rancho. No obstante, han surgido interrogantes sobre el origen de los fondos y las razones por las que estaban ocultos en un sofá.
El informe independiente de 2022 señaló que existía “duda legítima” sobre la procedencia del dinero y recogió indicios de que la suma podría superar los USD 580.000 que el presidente reconoció. El documento también concluyó que Ramaphosa utilizó al jefe de su unidad de protección presidencial y a otras personas para rastrear a los sospechosos de forma encubierta.
Las acusaciones fueron formuladas por primera vez por un exdirector de la agencia de seguridad del Estado sudafricano, quien se presentó en una comisaría en 2022 y acusó al presidente de lavado de dinero y otros delitos relacionados con los fondos. En ese momento trascendió que el robo había ocurrido en 2020 y que se había mantenido en secreto.
El escándalo ha deteriorado gravemente la imagen de un presidente que asumió el cargo en 2018 con un discurso anticorrupción, tras una década de escándalos de corrupción gubernamental bajo el mandato del expresidente Jacob Zuma. El ANC perdió su mayoría parlamentaria en las elecciones de 2024 y actualmente lidera un gobierno de coalición integrado por diez partidos. Ramaphosa podría sobrevivir a una eventual votación de destitución si los legisladores de su propio partido respaldan su continuidad.
Fuente: Infobae