La condena de 30 años de prisión, dictada el 5 de mayo de 2026 contra María Laura Rondón y los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador, en un caso iniciado en 2022, en lugar de cerrar la controversia, reabre interrogantes sobre la legalidad del proceso contra los denominados Tancol. Familiares y defensores denuncian que el expediente fue construido en medio de desapariciones temporales, torturas e irregularidades procesales.
Nurys Villamizar, madre de Luis y Richard Domador, afirmó que sus hijos estuvieron desaparecidos durante ocho días tras su detención. Según su testimonio, en ese lapso fueron llevados al río Torbes, obligados a arrodillarse y amenazados de muerte por funcionarios. También señaló que fueron golpeados, asfixiados con bolsas y colgados durante varios días.
Villamizar sostiene que sus hijos fueron detenidos en San Cristóbal, estado Táchira, por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), trasladados luego al Rodeo II y posteriormente a Yare. La familia denuncia que, antes de una sentencia firme, ya eran presentados como terroristas. Para los allegados, esa estigmatización previa no solo condicionó la percepción pública, sino que comprometió garantías básicas del debido proceso.
En La Victoria, estado Apure, Doraima Villamizar y Teresa Sánchez, tía y abuela de los hermanos Domador, insisten en la misma exigencia: revisión del caso y libertad para sus familiares, recluidos en Yare II.
El expediente no es un hecho aislado.
El grupo Surgentes, del que forma parte el sociólogo Antonio González Plesmann, documentó 67 casos similares solo en los dos primeros meses de 2026. Para la organización, la cifra sugiere un patrón alarmante: detenciones marcadas por el miedo, familias sin recursos para litigar y denuncias que tardan en salir por temor a represalias.
González Plesmann sostuvo que en los llamados falsos positivos Tancol existen patrones recurrentes de tortura, desapariciones y fabricación de pruebas. En ese contexto, pidió que las personas afectadas no queden excluidas de eventuales medidas de amnistía y que se abra al menos un proceso de reparación parcial para las familias perjudicadas por la actuación del Estado.
Asegura que “hay patrones claros en los casos de falsos positivos Tancol: tortura, desapariciones y forjamiento de pruebas. No pueden seguir siendo excluidos, ahora, de la posibilidad de ser amnistiados y que se inicie un proceso de reparación parcial del daño que el Estado ha causado a estas familias”.
El término Tancol (Terroristas Asesinos Narcotraficantes Colombianos) fue mencionado por primera vez por el general Domingo Antonio Hernández Lárez, ex jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (FANB), para confundir a organizaciones guerrilleras con grupos paramilitares y bandas criminales.
Inteligencia secreta, testigos limitados
La versión policial sostiene que los arrestos fueron realizados por funcionarios de la Base de Contrainteligencia Militar N.° 21, con sede en San Cristóbal, bajo el mando del comisario José Leonel Ramírez. El procedimiento quedó inscrito en la operación “Escudo Bolivariano Q/F Aplastamiento del Enemigo IV”, desplegada por la FANB y otros organismos de seguridad en la frontera colombo-venezolana. Pero el nombre y la amplitud del operativo no despejan las dudas sobre la construcción de la imputación.
Según la DGCIM buscaban a un grupo presuntamente enviado desde Arauca, Colombia, por Fabian Guevara Carrascal alias Ferley o Fabian González, Hilain Mahecha Peñaloza, alias Jaime Chucula, y Gerardo Antonio Sanguino Fraco alias Anderson. La orden de la guerrilla sería “establecer casas seguras” destinadas a los líderes del Frente Décimo “Martín Villa” de las FARC-EP.
Revelan que se implementó el “Aparato de Colaboradores Secretos (cc/ss), Personas de Confianza (pc) y Fuerzas No Profesionales (FNP)” para recabar información “de gran interés” que supuestamente identificó a “un grupo de sujetos” por alias y descripción física. Ese punto es sensible: cuanto más opaco el origen de la información, mayor la exigencia de verificar la cadena que conduce a la acusación.
La comisión actuante afirmó que, tras detectar a los sospechosos, ubicó a dos testigos: Luis José Meneses Carrillo y Adrián Alejandro Sanquiz Escalante. No obstante, según el reporte policial, sus declaraciones no describen una operación clandestina ni la comisión directa de un delito, sino apenas la presencia de funcionarios y varias personas reunidas en la calle junto a bolsos, teléfonos y una motocicleta. La distancia entre ese relato y la gravedad de la acusación alimenta las dudas.
La DGCIM aseguró que en una zona céntrica de San Cristóbal observó a una mujer y dos hombres conversando con dos motorizados que se desplazaban en una motocicleta con un compartimiento considerado sospechoso. Tras el abordaje, reportó el hallazgo de ropa, teléfonos, una moto y documentos presuntamente vinculados con las FARC-EP.
En los bolsos solo encontraron ropa, “incluyendo cacheteros de la muchacha” y “bóxer de los hombres”, además de una libreta pequeña con un logo alusivo a las FARC-EP donde se lee “Estatutos Milicias Bolivarianas, perteneciente a Allen Harold Díaz Lara” y dos hojas pequeñas con “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército de Pueblo FARC-EP, Montañas y Sabanas de Arauca x Frente Martin Vila de Las FARC-EP”, pertenecientes a Jhonatan Traslaviña López.
Imputados y funcionarios
En la cadena de mando de la DGCIM estaban: a nivel nacional el Mayor general (Ej) Iván Rafael Hernández Dala; el comandante de la Región de Contrainteligencia Militar (RCIM) Nr 2 Los Andes, GD Homero Miranda Cáceres (retirado en julio 2025); y el jefe de la Base de Contrainteligencia Militar (BCIM) Nr. 21, San Cristóbal, comisario José Leonel Ramírez.
En el Táchira, el fiscal que los imputó fue el Nr. 29 abogado Handenson Rosales. El 18 de marzo de 2022, en la Audiencia de Presentación, el Juez Tercero de Control del Táchira, Héctor Emiro Castillo González, declinó la competencia en el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas con competencia en Terrorismo. El expediente pasó a la jueza Claudia López y al fiscal Jonathan Carrero.
La comisión que los detuvo la conformaron: los agentes de la DGCIM Tulio Ramón Ortiz López, Junior José Torrealba Pérez, Wilfredo José Paredes Medina, Moisés Eduardo Bermúdez y Leonel Adolfo Brokate Barrios. Se le agregó la Subinspectora (DGCIM) Mildred Carolina Vargas Contreras, quien revisó lo que portaba María Laura Rondón Tovar.
Son cinco detenidos, señalados de ser miembros de grupos TANCOL (Terroristas, Asesinos y Narcotraficantes Colombianos) y de los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), por los delitos de asociación para delinquir y terrorismo. Las únicas pruebas son ropa interior, la portada de una libreta con el logo de las FARC y dos papelitos con nombre de las FARC. Los detenidos son:
Richard Alberto Domador Villamizar (30), doble nacionalidad, agricultor, oriundo de La Victoria, Apure, residenciado en San Cristóbal. Conductor de la moto al que le encontraron un teléfono.
Luis Alejandro Domador Villamizar (21), doble nacionalidad, oriundo de San Cristóbal, agricultor, residenciado en La Victoria, Apure. El “interés criminalístico” era que llevaba un celular.
María Laura Rondón Tovar (24), oriunda de San Cristóbal, comerciante, domiciliada en El Amparo, estado Apure. “Tenía una maleta viajera con tres mudas de ropa, pijama y dos cacheteros color negro de encaje”.
Allen Harold Díaz Lara (36), taxista oriundo de Guasdualito, Venezuela, residenciado en Casanare, Colombia. Tenía una libreta con el logo de las FARC donde se lee “Estatutos Milicias Bolivarianas” y en el reverso un formato computarizado con la leyenda: “contra la oligarquía, y por la patria, contra el imperialismo, y por el pueblo, somos la FARC, Ejército del Pueblo. Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza”.
Jhonatan Traslaviña López (33), colombiano, agricultor. Tenía un bolso con muda de ropa y “hojas de papel pequeñas donde se puede leer: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP, Montañas y Sabanas de Arauca X Frente Martin Villa de las FARC-EP”.
En la audiencia en Táchira, el defensor público N° 107 Penal, abogado Luis Peña, dijo que no se oponía a la investigación por el procedimiento ordinario porque faltan diligencias, enfatizando que “no hay un testigo, no hay testigo que avalen lo que dice el acta policial”, por lo que no hay vínculo con las bandas TANCOL ni con las FARC, y discrepó de la calificación de terrorismo, asociación y conspiración.
Cuando el caso pasó al Tribunal de Terrorismo en Caracas, la jueza Claudia López ordenó que los cuatro hombres fueran enviados a la cárcel Rodeo III, y a María Laura Rondón al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
El único argumento de la jueza para mantenerlos detenidos fueron los “elementos de convicción”, donde solo está el “acta de investigación penal” realizada por la DGCIM de San Cristóbal.
Muchos otros casos
El 29 de abril de 2026, viajaron hasta Caracas desde varios sitios de la frontera 28 familiares de detenidos como TANCOL, para solicitar su inclusión en la Ley de Amnistía, argumentando que sus parientes han sido judicializados sin pruebas y como “falsos positivos”.
El luchador social Oglis Euclides Ramos Garrido (liberado el 22 de febrero de 2026, luego de ser secuestrado el 26 de mayo de 2025 y acusado de ser Tancol) es hermano de Jhonny José Ramos, detenido en 2021 y aún preso.
Oglis Ramos dijo que “nuestros familiares son personas humildes de la frontera, presentadas por cuerpos de seguridad como terroristas solo para llenar cuotas de procedimientos. Son campesinos, ordeñadores y trabajadores a quienes les forjaron pruebas tras ser víctimas de desapariciones forzadas y torturas”.
Doris Izarra, abuela de Erwin Jesús Álvarez Izarra, un adolescente de 15 años que trabajaba como ordeñador, detenido por la DGCIM el 2 de junio de 2022 en Boca del Guaratarito, estado Barinas, narró que su nieto “fue golpeado y lanzado atado de manos al río varias veces. Estuvo desaparecido cinco días; cuando lo vimos, estaba lleno de morados y nos contó que lo obligaron a grabar un video. Lo condenaron a 10 años por terrorismo”.
Los 28 familiares se reunieron con la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, quien manifestó su disposición a facilitar justicia y adoptó medidas inmediatas para la salud de algunos detenidos.
También fueron recibidos, por instrucciones del Fiscal General Larry Devoe, por la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Lucrecia Hernández, quien se comprometió a revisar cada expediente para corregir irregularidades y tomar medidas vinculadas con la salud.
Cacería en la frontera
Como reporta el informe de la ONG Fundaredes, “el conflicto en Apure se intensificó el 21 de marzo de 2021 con la operación militar Escudo Bolivariano 2021, que enfrentó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra facciones disidentes de las FARC-EP y otros grupos armados irregulares”, destacando que los enfrentamientos tienen como antecedente “septiembre 2020, con la disputa entre guerrillas por el control del narcotráfico y el apoyo estatal a la Segunda Marquetalia”.
El enfrentamiento se mantuvo meses, causando la muerte de 16 militares de diversos componentes de la FANB. Después hubo una cacería de personas para relacionarlas con la guerrilla, lo que es frecuente en la zona fronteriza.
A cuatro años de las detenciones y tras una condena de máxima severidad, la pregunta que sigue abierta es si el expediente logró probar los hechos más allá de toda duda razonable o si terminó consolidando, bajo apariencia judicial, un caso signado por denuncias de abuso y posible fabricación probatoria.
Fuente: Infobae