La polémica en torno al futuro de la residencia que perteneció a Marilyn Monroe en el exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles, sumó un nuevo capítulo. Una reciente decisión judicial detuvo de manera temporal los planes de los actuales propietarios, Brinah Milstein y Roy Bank, quienes pretendían derribar la vivienda para desarrollar un nuevo proyecto. El juez federal Percy Anderson desestimó su demanda al considerar que no lograron probar que la ciudad hubiera cometido una “expropiación inconstitucional”. Este fallo representa un giro significativo en la disputa sobre el inmueble donde la icónica actriz fue hallada sin vida.
La pareja adquirió la propiedad en 2023 con la firme intención de demoler la construcción existente. Según los documentos legales presentados, invirtieron 8,35 millones de dólares en la compra y otros 30.000 dólares para gestionar los permisos de demolición y nivelación del terreno, trámites que inicialmente recibieron el visto bueno municipal. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente el 8 de septiembre de 2023, cuando el Ayuntamiento aprobó una moción para evaluar la posibilidad de declarar la casa como monumento histórico, una decisión que, según los demandantes, se tomó sin previo aviso. Esta medida se consolidó en junio de 2024, en franca oposición a los intereses de los nuevos dueños.
En la demanda presentada en enero, la pareja acusó a la ciudad de Los Ángeles y a la alcaldesa Karen Bass de haberles arrebatado su propiedad “sin ningún propósito público ni justa compensación”. Su argumento central era que la aplicación de la ordenanza de “Monumento Histórico-Cultural” equivalía, en los hechos, a una expropiación que violaba sus derechos constitucionales. Entre los puntos clave de su alegato, los propietarios señalaron que la vivienda había sufrido numerosas modificaciones a lo largo de más de seis décadas y que, a su juicio, no quedaba ningún rastro de la breve estancia de Monroe en el lugar. El fondo de su reclamo se basaba en que la ciudad, al alterar el estatus del inmueble, había frustrado su legítimo interés privado.
La designación de la casa como monumento histórico marcó un punto de inflexión en el conflicto. Según la denuncia, la decisión se adoptó de manera sorpresiva y sin consulta previa, lo que desencadenó un enfrentamiento directo entre las autoridades locales y los propietarios. La moción, finalmente aprobada en junio de 2024, convirtió la residencia en un sitio protegido, imposibilitando la demolición que pretendían. Esta protección legal se mantuvo a pesar de las objeciones de Milstein y Bank, quienes insistían en que la estructura original había sido alterada por dueños anteriores y que el valor histórico era, según ellos, cuestionable.
El peso histórico de la casa es innegable. Construida en 1929 con un estilo colonial español, la propiedad fue adquirida por Marilyn Monroe en febrero de 1962, poco después de su separación del dramaturgo Arthur Miller. La legendaria actriz vivió en la casa durante aproximadamente seis meses. El trágico desenlace ocurrió en agosto de 1962, cuando Monroe fue encontrada sin vida a los 36 años. El informe forense determinó que la causa del deceso fue una intoxicación aguda por barbitúricos, como resultado de la ingesta de Nembutal e hidrato de cloral, fármacos recetados para tratar la ansiedad y como sedantes. Las autoridades clasificaron oficialmente el fallecimiento como una sobredosis y probable suicidio. Desde entonces, la casa ha quedado ligada de manera indeleble a la figura de Monroe, aunque ha sido objeto de múltiples renovaciones a lo largo de los años.
La declaración como monumento histórico trajo consecuencias inmediatas para los actuales dueños. Ellos argumentan que la nueva condición del inmueble ha disparado el turismo en la zona, atrayendo a curiosos y admiradores de la actriz. Según su versión, esta afluencia masiva ha generado problemas de seguridad, obligándolos a contratar vigilancia privada para protegerse de los intrusos. Acusan al Ayuntamiento de haber “invitado y alentado a sabiendas” a los visitantes, lo que, según ellos, alteró por completo la tranquilidad del vecindario residencial.
El juez Percy Anderson, a cargo del caso, basó su decisión en la falta de pruebas presentadas por los demandantes. En el fallo emitido el 6 de mayo, concluyó que la pareja no logró establecer una demanda viable por expropiación, ya que no aportaron ejemplos concretos de que la ciudad hubiera autorizado o promovido el acceso público a la propiedad. Además, destacó que los propietarios eran conscientes tanto de la conexión histórica con Monroe como de las regulaciones municipales existentes, y recordó que, a pesar de las modificaciones que ha sufrido la vivienda, ningún dueño anterior había optado por la demolición total. En ese contexto, consideró que los planes de la pareja no eran objetivamente razonables.
Aunque el fallo fue adverso, el tribunal dejó abierta una posibilidad: los demandantes tienen plazo hasta el 26 de mayo para presentar una versión corregida de su demanda. De no hacerlo, el sobreseimiento podría hacerse definitivo. El abogado J. David Breemer, representante legal de la pareja y miembro de la Pacific Legal Foundation, manifestó su sorpresa ante la resolución judicial y adelantó que continuarán la lucha en los tribunales. En palabras de Breemer, la Quinta Enmienda exige una compensación justa cuando el gobierno toma el control o disminuye el valor de una propiedad, sin importar que se trate de monumentos públicos, y sostuvo que Los Ángeles no puede eludir ese principio constitucional.
Fuente: Infobae