El 24 de abril de 2026, en Santo Domingo, ocurrió un hecho que parecía imposible en Centroamérica: siete países decidieron quitarle a Nicaragua la capacidad de bloquear al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el principal organismo político y diplomático de la región.
La decisión fue el desenlace de una larga crisis que comenzó formalmente en 2021, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intentó convertir la Secretaría General del SICA en una extensión de su política exterior y de sus alianzas con Rusia y China.
Antes de la reforma, las reglas internas exigían consenso absoluto para elegir al secretario general y tomar decisiones importantes. Durante casi cuatro años, Managua utilizó ese mecanismo para bloquear nombramientos, presionar diplomáticamente a sus vecinos y tratar de imponer funcionarios leales al orteguismo. El resultado fue un organismo acéfalo, dividido y atrapado en una crisis institucional sin precedentes.
Pero también produjo una reacción inédita: Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Belice y Honduras impulsaron una reforma que eliminó el veto absoluto que Nicaragua había usado como arma política.
El SICA nació oficialmente el 13 de diciembre de 1991, cuando los presidentes centroamericanos firmaron en Tegucigalpa el protocolo que reformó la antigua Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), creada en 1951. La idea era crear una estructura regional capaz de coordinar políticas económicas, diplomáticas, sociales y de seguridad tras décadas de guerras civiles.
El sistema comenzó a funcionar formalmente el 1 de febrero de 1993 y quedó integrado por Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, a los que luego se sumaron Belice y República Dominicana. Aunque muchas veces visto como una institución burocrática, el SICA concentra una enorme importancia estratégica: a través de él se coordinan acuerdos comerciales, proyectos regionales de seguridad, cooperación internacional y posiciones conjuntas ante organismos multilaterales. Es el espacio donde Centroamérica negocia como bloque frente a la Unión Europea, Estados Unidos o China.
La Secretaría General, con sede en El Salvador, funcionó como el corazón técnico y administrativo. El secretario general es elegido por los presidentes de los países miembros para períodos de cuatro años. Precisamente esa silla se convirtió en el centro de la mayor crisis institucional del organismo.
Rotación del secretario general
En 2017, los presidentes centroamericanos acordaron establecer un sistema de rotación geográfica para escoger al secretario general. Según ese acuerdo, después del mandato del expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo, el turno correspondería a Nicaragua para el período 2021-2025.
Cerezo, quien dirigió el organismo entre 2014 y 2021, fue cuestionado por mantener silencio frente a las crisis políticas y de derechos humanos en Nicaragua tras las protestas de abril de 2018. Al terminar su mandato reconoció que “se comprende poco el papel del SICA” debido a la neutralidad que mantuvo.
Cuando se acercaba el final de su período, Nicaragua intentó primero reelegirlo; Belice bloqueó esa maniobra. Entonces Managua pasó a proponer sus propios candidatos. La primera terna presentada por el régimen, en junio de 2021, incluía al diputado sandinista Orlando Tardencilla, a la ministra del Interior María Amelia Coronel Kinloch y a la funcionaria regional Luz Marina López Escobar. Todos militantes sandinistas. Todos fueron rechazados por los otros gobiernos, que alegaron que no cumplían los requisitos del Protocolo de Tegucigalpa de independencia de criterio, imparcialidad, integridad y vocación integracionista.
El 30 de junio de 2021 terminó el mandato de Cerezo y, por primera vez en la historia del SICA, el organismo quedó sin secretario general. Nicaragua insistió con nuevos nombres; en mayo de 2022 presentó al exministro Orlando Solórzano, que también fue rechazado.
Caso Werner Vargas
Finalmente, tras más de un año de crisis, los cancilleres lograron consenso alrededor de Werner Isaac Vargas Torres, un abogado nicaragüense con experiencia en el sistema regional. Fue nombrado oficialmente en agosto de 2022. Pero la tregua duró poco. El 14 de noviembre de 2023, Vargas presentó una renuncia repentina, comunicada no por él sino por el canciller nicaragüense Denis Moncada, lo que generó sospechas inmediatas.
Fuentes diplomáticas y funcionarios del SICA aseguraron que nadie creía que Vargas hubiera renunciado voluntariamente. Según versiones extraoficiales, se encontraba en Managua sin pasaporte y sin posibilidad de salir del país. La interpretación dominante fue que Ortega y Murillo lo removieron porque no cumplía los objetivos políticos de Managua: expulsar a Taiwán del sistema regional y facilitar el ingreso de China y Rusia como observadores.
Ahí quedó expuesta la verdadera disputa geopolítica. Nicaragua había roto relaciones con Taiwán en 2021 y reconocido a la República Popular China. A partir de entonces presionó para modificar el equilibrio diplomático del SICA. Entre marzo y abril de 2023, impulsó el ingreso de Rusia como observador regional; Guatemala y Costa Rica se opusieron.
La siguiente terna nicaragüense empeoró el conflicto.
Crisis Valdrack Jaentschke
En noviembre de 2023, Nicaragua propuso a Valdrack Jaentschke, Iris Montenegro y Violeta Irías. Jaentschke era considerado un operador político y de inteligencia del orteguismo; había sido vicecanciller y luego canciller. Los gobiernos regionales rechazaron la terna.
En noviembre de 2024, Nicaragua propuso directamente a Denis Moncada, un ex militar devenido canciller, acompañado por la diputada sandinista Arling Alonso y la ministra Johana Flores. Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana respondieron con una nota conjunta rechazando los nombres. La disputa se transformó en guerra diplomática regional. Ortega y Murillo acusaron a sus vecinos de actuar bajo “intereses foráneos”, de practicar “colonialismo” y de intervenir en asuntos internos. Valdrack Jaentschke declaró que Nicaragua no le tenía “ni miedo, ni siquiera respeto” a Costa Rica. Rosario Murillo acusó a Panamá de conspirar junto a Costa Rica, Guatemala y República Dominicana para bloquear al régimen.
Nicaragua recurrió a la Corte Centroamericana de Justicia y, en junio de 2024, anunció un retiro temporal del organismo. Mientras Nicaragua elevaba el tono, el resto de países comenzó a construir una estrategia distinta: cambiar las reglas.
Bloqueo desde Nicaragua
La clave estaba en el sistema de consenso absoluto. Bajo las normas anteriores, cada país tenía poder de veto. Ortega descubrió que bastaba bloquear o negarse a negociar para paralizar toda la institución. Desde diciembre de 2024, Nicaragua dejó de presentar nuevos candidatos y se dedicó a bloquear cualquier salida. El organismo quedó acéfalo durante más de dos años. El analista costarricense Carlos Murillo Zamora describió ese período como “uno de los puntos más bajos en la historia de la integración regional”.
La respuesta llegó el 24 de abril de 2026. Ese día, reunidos en Santo Domingo bajo la presidencia pro témpore de República Dominicana, los cancilleres y vicecancilleres del SICA aprobaron un nuevo reglamento para la toma de decisiones. El sistema abandonó la exigencia de consenso absoluto y adoptó decisiones por mayoría calificada. El veto nicaragüense dejó de tener capacidad de paralizar al organismo.
El canciller costarricense Arnoldo André Tinoco explicó que durante años se aplicó una “incorrecta interpretación” del protocolo fundacional que permitía a cualquier país bloquear el funcionamiento. La reforma abrió el camino para que Costa Rica, a quien le corresponde el próximo turno a partir de agosto de 2026, pueda presentar candidatos sin el aval de Managua.
El régimen de Ortega no reconoció la legitimidad de la reforma, pero, por primera vez desde que comenzó la crisis, el resto de los países encontró una manera de neutralizar el bloqueo. El SICA sobrevivió, pero quedó expuesta la fragilidad de un sistema construido bajo la idea de que todos los gobiernos compartirían reglas mínimas de convivencia democrática.
El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, recordó que esta es la segunda derrota diplomática de Ortega en Centroamérica, pues tras la represión de 2018, Nicaragua perdió la posibilidad de asumir la presidencia del BCIE, cargo que recayó en Dante Mossi.
Jaque mate
Según McFields, la decisión de los países centroamericanos es “un jaque mate” a las aspiraciones políticas de Daniel Ortega, quien buscaba convertir la Secretaría General del SICA en “una herramienta política al servicio de los intereses de Rusia y China”.
Hasta ahora, Nicaragua no ha reaccionado oficialmente a la reforma del 24 de abril de 2026, aunque estuvo ausente. Con anterioridad, el régimen defendía el principio de consenso y denunciaba exclusión política. El diario nicaragüense La Prensa prevé una reacción del régimen: “No se puede o no se debe creer que con eso el problema de la integración centroamericana está resuelto. Habrá que esperar la reacción del régimen de Nicaragua, que por su naturaleza antidemocrática recurre a acciones de fuerza y chantajes para imponer sus condiciones”.
“La crisis del SICA ha dejado claro que la dictadura de Nicaragua no es un problema solo de los nicaragüenses. Afecta a todos los países, pueblos y gobiernos de Centroamérica. Mientras permanezca la dictadura en Nicaragua, la integración centroamericana no podrá funcionar normalmente”, concluyó el editorial.
Fuente: Infobae