En un movimiento que sacude el escenario político brasileño, el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre, oficializó la promulgación de una ley que posibilita la reducción de las condenas impuestas a los involucrados en los actos golpistas del 8 de enero de 2023, entre ellos el exmandatario Jair Bolsonaro.
La medida fue publicada en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión, consolidando un cambio significativo en el sistema judicial del país. Esta normativa modifica las reglas para el cumplimiento de penas, específicamente para quienes participaron en el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado.
El camino para esta ley se abrió luego de que el Congreso Nacional anulara el veto presidencial impuesto por Luiz Inácio Lula da Silva. La votación en la Cámara de Diputados arrojó 318 votos a favor y 144 en contra, mientras que en el Senado la decisión fue de 49 a 24.
Tras la negativa de Lula a sancionar la ley dentro del plazo constitucional de 48 horas, Alcolumbre asumió la promulgación, un acto respaldado por lo que establece la Constitución brasileña en estos casos.
Con esta promulgación entra en vigor la denominada “Ley de la Dosimetría”, que ahora forma parte del ordenamiento jurídico nacional. Esta norma impide la acumulación de penas por delitos de naturaleza similar y acelera el paso de los condenados al régimen semiabierto.
De acuerdo con expertos, Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar la trama golpista, podría ver reducido su tiempo en régimen cerrado a un periodo de entre dos y cuatro años, pasando luego a prisión domiciliaria.
La promulgación de esta ley ocurre a solo cinco meses de las próximas elecciones presidenciales, en las que Lula da Silva buscará la reelección. Su principal contendiente sería Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente. Encuestas recientes indican un empate técnico entre ambos en un posible balotaje, aunque Lula aparece como el más votado en la primera vuelta.
Durante el debate parlamentario, la ley fue analizada también por su posible impacto en la pacificación social. Voceros del Legislativo señalaron que la dosimetría podría ser una oportunidad para avanzar hacia un clima de reconciliación política.
El gobierno federal, por su parte, optó por no vincular su imagen a una normativa que aligera las penas para los responsables de los hechos del 8 de enero, marcando distancia con la iniciativa impulsada desde el Congreso.
La reacción de las fuerzas de seguridad y la posterior respuesta judicial derivaron en la apertura de cientos de causas penales por delitos como tentativa de golpe de Estado, daños al patrimonio público y asociación ilícita.
La decisión del Congreso de promulgar la ley pese al veto presidencial representa un revés político para el Ejecutivo. El hecho de que el Legislativo haya asumido la promulgación subraya la autonomía institucional del Congreso frente al presidente, una facultad contemplada en la Constitución brasileña.
Fuente: Infobae