La eliminación del subsidio al diésel aplicada por el Gobierno reactivó la presión del sector transportista para elevar las tarifas de pasajes en distintas ciudades del país, trasladando a municipios y alcaldías una creciente carga política, financiera y social.
Frente al incremento de costos operativos, transportistas exigen compensaciones o ajustes tarifarios para sostener su operación, mientras los gobiernos locales enfrentan restricciones presupuestarias.
La presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Yuri Colorado, expuso que de ser el caso, impulsaría una reforma para que las compensaciones destinadas al transporte público sean reclasificadas como inversión.
El planteamiento genera controversia porque surge precisamente de una normativa que la propia Colorado apoyó y que obliga a los municipios a destinar el 70% de sus recursos a inversión y apenas el 30% a gasto operativo.
Esta nueva norma complica el uso de fondos locales para subsidios directos o compensaciones a los transportistas, al considerarlos parte del gasto corriente.
Ahora, ante la presión económica que representa mantener subsidios o compensaciones para evitar alzas en los pasajes, Colorado propone modificar el tratamiento contable de esos recursos para evitar que afecten el cumplimiento del Cootad.
La dirigente municipal confirmó además que la AME impulsará formalmente este cambio.
Radio Pichincha