La Corte Suprema de Chile ha dado luz verde al empresario neerlandés Bernard Keiser para retomar la búsqueda del conocido tesoro de Robinson Crusoe, una legendaria fortuna que permanecería oculta en el archipiélago de Juan Fernández. Se estima que el valor de este botín del siglo XVIII oscila entre los 20 mil y 40 mil millones de euros. Keiser, de 76 años, lleva más de tres décadas persiguiendo esta quimera.
El empresario ha invertido más de cinco millones de dólares de su propio bolsillo en esta aventura, con los cuales ha costeado al menos 17 expediciones previas. De hallar el tesoro, la normativa chilena establece que el 75% sería para el Estado y el 25% restante para Keiser y sus socios.
El fallo judicial llega a pesar de las objeciones ambientales planteadas por la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Este organismo ya había denegado en 2019 los trabajos de excavación por el posible riesgo de “daños irreparables” en el frágil ecosistema de la isla.
Los orígenes del tesoro: una historia de piratas y reyes
De acuerdo con información del Museo de Historia Natural de Valparaíso, el capitán español Juan Esteban Ubilla de Echevarría arribó en 1714 al archipiélago con un impresionante cargamento: 800 barriles atiborrados de monedas de oro, joyas y piedras preciosas. El marino buscaba proteger sus riquezas de un posible decomiso durante la Guerra de Sucesión Española, que favorecía a los Habsburgo. Para ello, enterró los barriles en la isla de Robinson Crusoe. Posteriormente, en 1760, el navegante británico Cornelius Webb habría vuelto a esconder el tesoro.
En 1950, aparecieron en el norte de Inglaterra unas cartas que señalaban la posible ubicación del botín. Desde entonces, decenas de exploradores han intentado dar con las riquezas de Ubilla, sin éxito. A estas filas se sumó Bernard Keiser en 1998.
Durante dos décadas, el neerlandés trabajó en el poblado de San Juan Bautista, realizando excavaciones manuales con pala y picota, siempre asesorado por arqueólogos y especialistas. Sin embargo, en noviembre de 2019, la introducción de maquinaria pesada —una retroexcavadora con martillo— en pleno Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández desató una fuerte polémica ambiental.
Ese mismo año, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, presentó una denuncia ante la Contraloría chilena por el posible riesgo de “daños irreparables” en el entorno natural de la isla. La denuncia apuntaba específicamente al uso de maquinaria pesada y a la alteración de suelos volcánicos y rocosos, características que motivaron la declaración del parque nacional. En esa ocasión, Conaf consideró que la solicitud para inspeccionar un área de 20 metros por 20 metros se ajustaba al marco legal y autorizó la excavación.
La situación cambió el año pasado, cuando la propia Conaf —dependiente del Ministerio de Agricultura— modificó su criterio y rechazó una nueva petición de Keiser, apoyándose en la normativa de parques nacionales. La respuesta del empresario fue recurrir la decisión ante el Tribunal Ambiental, que le dio la razón al considerar el proyecto ajustado a la ley y ordenó a Conaf rectificar. La corporación apeló entonces a la Corte Suprema, que acaba de confirmar la legalidad del permiso solicitado por el equipo de Keiser.
Nueva fase en Puerto Inglés con estrictas reglas ambientales
La nueva zona designada para la búsqueda es Puerto Inglés, considerada el lugar donde podrían estar enterrados los barriles con monedas de oro, plata, joyas y piedras preciosas. No obstante, el permiso judicial impone restricciones ambientales estrictas. Las excavaciones deberán realizarse de forma manual, sin emplear maquinaria pesada, y tendrán un límite temporal de seis meses, según reportó el diario Clarín.
Keiser ha señalado que estudios geofísicos previos identificaron una “significativa concentración metálica” en la zona donde planea iniciar una nueva campaña de exploración a partir de octubre, de acuerdo con información publicada por La Nación.
Fuente: Infobae